Rajoy carga sobre los acusados el desastre del 1-O y se desentiende del dispositivo policial

“Lamento muchísimo las imágenes que se vieron el 1 de octubre y no me gustan”. Ha sido el único viso de autocrítica que Mariano Rajoy ha realizado de su gestión del proceso soberanista en su declaración como testigo en el Tribunal Supremo. El expresidente del Gobierno se ha encargado rápidamente de descargar toda la responsabilidad de lo ocurrido el 1-O sobre los acusados y el resto de miembros del Govern de Carles Puigdemont, a los que no ha dedicado ni una palabra de cortesía. Es más, Rajoy ha reivindicado que no se debe negociar con quien, como los independentistas, “quieren romper la Constitución” proponiendo un referéndum.

Respecto al 1-O, una de las fechas clave de la supuesta rebelión, Rajoy ha culpado a los acusados de las intervenciones policiales por haber promovido la participación en el referéndum. “La responsabilidad de los dirigentes políticos”, ha enfatizado el expresidente, es “evitar acontecimientos” como las cargas del 1-O. Se lo decía solo a los soberanistas que se sientan en el banquillo.

“Si hubieran actuado cumpliendo la ley, no hubiéramos visto esas imágenes”, ha afirmado. “Si no se hubiera llamado a la gente a un referéndum ilegal, ni usted ni yo, ni nadie de los aquí presentes hubiéramos tenido que ver las lesiones de algunas personas y de algunos miembros de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado”, ha insistido después a preguntas del abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde.

Las explicaciones de Rajoy, y antes de Soraya Sáenz de Santamaría, han supuesto un aval al relato de la violencia de la Fiscalía. El Ministerio Público acusa de rebelión no por un alzamiento armado como el del 23-F, sino porque el plan hacia la independencia contemplaba, según su relato, la utilización de “la violencia necesaria” a través de los Mossos y de concentraciones “tumultuarias” en los colegios el 1-O, que los acusados impulsaron a sabiendas de que la Policía y la Guardia Civil tenían que intervenir por orden judicial.

Aunque no ha empleado en ningún momento la palabra “violencia”, Rajoy ha tildado de “previsibles” los “enfrentamientos” durante la jornada del referéndum. Y por si había quedado alguna duda, ha responsabilizado al Govern: “Es normal que se puedan producir enfrentamientos, sobre todo cuando hay voluntad de que se produzcan”. El expresidente también ha coincidido en presentar el ambiente que se vivió en Catalunya en el otoño de 2017 como hostil y cargado de tensión, y ha destacado, al igual que la Fiscalía, los “actos de acoso” a alcaldes (que no ha precisado) y a los hoteles donde se alojaban los agentes de la Policía Nacional.

Por su parte, la exvicepresidenta ha llegado a emplear las mismas expresiones que los fiscales durante el juicio al culpar a los acusados de las “murallas humanas, agresiones y lanzamiento de objetos” en los colegios el 1-O contra los agentes. “Los dirigentes de la Generalitat tomaron la decisión de seguir adelante con el 1-O, con una estrategia concertada, y a sabiendas de la violencia del 20-S decidieron seguir adelante”, ha agregado.

Si bien han coincidido sin fisuras con el relato de la Fiscalía sobre la movilización en los colegios, las preguntas del abogado del exconseller Joaquim Forn, Xavier Melero, han hecho que Soraya Sáenz de Santamaría dejara en evidencia los puntos débiles del supuesto concierto entre Govern y Mossos para imponer la independencia por la vía de los hechos. Sáenz de Santamaría no ha sido capaz de contestar si la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1-O estuvo motivada por la supuesta “inacción” de los Mossos.

En este sentido, Melero ha preguntado a Sáenz de Santamaría en qué momento el Gobierno perdió la confianza en los Mossos, habida cuenta de que en el operativo del 1-O la Policía y la Guardia Civil actuaron sin comunicárselo a la policía catalana en algunos colegios, en contra de lo contemplado en las instrucciones que dictó el por entonces secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.

La exvicepresidenta se ha limitado a decir que el Gobierno “tuvo presente las decisiones que había tomado el auto del TSJC” que ordenó impedir el referéndum. Melero ha insistido en preguntar si Policía o Guardia Civil actuaban “en apoyo o sustitución” de los Mossos, con la única respuesta de la exvicepresidenta de que cumplían una orden judicial.

Sin responsabilidad en el dispositivo policial

Rajoy ha explicado que siguió el 1-O desde el Palacio de la Moncloa. Además de lo que veía por televisión y leía en Internet, su única fuente de información, según ha explicado, fue lo que le dijo Sáenz de Santamaría. No habló ni con el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, ni con ningún responsable de Interior a cuenta de las cargas policiales que abrieron los telediarios de medio mundo. Y no intervino para nada en el operativo: “Yo jamás he estado en lo que es una actuación propia de los operativos policiales. Ni ahora ni siendo ministro del Interior”.

Era previsible que Rajoy se desentendiera del operativo. Lo que ha generado sorpresa entre algunas defensas ha sido el hecho de que el expresidente dijera al mismo tiempo desconocer detalles del operativo y señalar sin ningún genero de dudas al por entonces coronel Diego Pérez de los Cobos como “la persona encargada por la juez” para coordinar el dispositivo para impedir el referéndum.

Pérez de los Cobos comparecerá como testigo el próximo miércoles. Hasta ahora, el mando único que coordinó a todos los cuerpos policiales durante el 1-O ha seguido la misma estrategia que Rajoy y en sucesivos informes aportados al juzgado de Barcelona que investiga la actuación policial ha dejado la responsabilidad de las cargas en manos de los mandos que intervinieron sobre el terreno.

Del referéndum no se puede hablar

A nivel político, Rajoy y Sáenz de Santamaría han reafirmado la estrategia que siguieron desde el Gobierno para hacer frente al proceso soberanista: negar la negociación de un referéndum, recurrir al Constitucional cualquier ley soberanista o que invadía competencias del Estado y, en el última instancia, aplicar el 155. El 155, y no el estado de excepción, alarma o sitio, para no afectar a los derechos fundamentales de los ciudadanos y focalizar la respuesta en los dirigentes soberanistas, han argumentado.

Expresidente y exvicepresidenta han justificado las constantes negativas al referéndum. “Hablar del referéndum es hablar en balde porque ningún Gobierno puede disponer de la soberanía nacional”, ha sostenido Sáenz de Santamaría. “España es lo que quieran los españoles, no una parte de los españoles”, ha reivindicado Rajoy.

El expresidente incluso ha restado importancia a los intentos que dirigentes políticos, empresariales y religiosos hicieron para intermediar entre Generalitat y Gobierno en plena crisis. Rajoy ha confirmado que el lehendakari Iñigo Urkullu fue uno de los personajes políticos que “quisieron intermediar” entre la Generalitat y Gobierno en la crisis provocada por el 1-O, cuando se intentó evitar que se declarara la independencia y se convocaran elecciones anticipadas.

Pero ante esa intención de mediar, ha añadido a Rajoy, trasladó a Urkullu sus “posiciones claras” en contra de negociar con la Generalitat. “No hubo ningún mediador ni nada”, ha concluido con vehemencia. El lehendakari abrirá las testificales de este jueves.