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Santi Vila alega ante el Supremo que rechazó “estrategias unilaterales” desde dentro del Govern

Santi Vila y su abogado, Pau Molins

Oriol Solé Altimira

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Santi Vila dimitió como conseller un día antes de que el Parlament aprobara la declaración de independencia en desacuerdo con la vía unilateral, pero ésto no ha impedido que la Fiscalía le reclame una condena de siete años de cárcel por desobediencia y malversación en el juicio al 'procés'. El exconseller se ha defendido ante el Tribunal Supremo con los mismos argumentos con los que abandonó el Govern.

En su escrito de defensa presentado este martes, Vila alega que “desde el inicio y final de su carrera política” su posición y actuación “siempre fueron contrarias a estrategias unilaterales”. “El ideario político basado en el diálogo guió siempre su actuación”, abunda el escrito, firmado por los letrados Juan Segarra y Pau Molins.

Vila sí reconoce que firmó el decreto de convocatoria del 1-O como el resto de miembros del Govern, cuando el Constitucional todavía no había prohibido la votación, pero que, en cumplimiento de la suspensión ordenada un día después, “dio órdenes expresas a su departamento [Empresa] de no autorizar ninguna contratación, gasto o pago público relacionado con la celebración del referéndum”. Por todo ello pide la absolución de los delitos de desobediencia y malversación.

Por su parte, la defensa de la exconsellera de Gobernación Meritxell Borràs (PDeCAT), a quien la Fiscalía pide la misma pena que a Vila, niega en su escrito que la acusada cometiera desobediencia y malversación. La letrada Judit Gené sostiene en su escrito que Borràs no puede ser responsable de la malversación porque ninguno de los gastos descritos por las acusaciones se realizó a cargo de partidas que dependieran de su conselleria, sino que dependían del área económica del exvicepresident Oriol Junqueras (ERC).

Y en cuanto a la desobediencia, recuerda que la exconsellera no era diputada y que “no tuvo por tanto intervención alguna ni en la elaboración, deliberación, aprobación y votación” de las denominadas leyes de desconexión.

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