El Supremo concluye que Puigdemont “dejó de actuar desde la lógica de sus competencias” y avala su cese por el 155
El Tribunal Supremo ha vuelto a avalar la aplicación que el Gobierno de Mariano Rajoy efectuó del artículo 155 de la Constitución en uno de sus ámbitos más polémicos: el cese del Govern de la Generalitat que encabezaba Carles Puigdemont. El Alto Tribunal ha desestimado el recurso contencioso-administrativo que el expresident interpuso contra su cese, y le ha obligado a pagar 3.000 euros en costas.
En su sentencia, la sección cuarta de la Sala de lo contencioso administrativo del Supremo concluye que Puigdemont “dejó de actuar desde la lógica y desde las exigencias de sus competencias y de su posición constitucional, estatutaria y legal”, lo que avala su cese por parte del Gobierno.
El tribunal no se ahorra críticas al expresident y asegura que “desnaturalizó y devaluó su estatus constitucional y estatutario”, por lo que determina que la aplicación del 155 no vulneró sus derechos políticos recogidos en el artículo 23 de la Constitución, tal y como alegaba Puigdemont. En suma, para el Supremo la aplicación del 155 fue “proporcional y justificada de la potestad de intervención y coerción que se atribuye al Estado”.
Remarca además el tribunal que “la desnaturalización del ejercicio del cargo” por parte de Puigdemont se dejó ver “en especial” en el intercambio de requerimientos y cartas entre el expresident y Rajoy en los días previos a la aplicación del 155, cuando el entonces presidente del Gobierno preguntó a Puigdemont si efectivamente el día 10 de octubre se había declarado o suspendido la independencia. El Supremo destaca que Puigdemont “desatendió” los requerimientos.
El pasado mes de marzo, la Sala de lo contencioso-administrativo del Supremo ya dio su visto bueno a la disolución del Parlament y la convocatoria electoral que ordenó Rajoy en base al 155, que fue la otra decisión que más dudas y recursos suscitó además del cese del Govern. El Alto Tribunal lo justificó por “la extraordinaria gravedad de lo sucedido”. Con todo, el Tribunal Constitucional todavía tiene que resolver los recursos de Unidos Podemos y el Parlament sobre si la aplicación del 155 que ordenó el Gobierno de Rajoy se adecuó a la Carta Magna o fue más allá de lo permitido.
