El Supremo acepta las propuestas de los líderes del 'procés' para examinar la actuación del Gobierno del PP ante el 1-O

El Tribunal Supremo se convertirá a partir del próximo 12 de febrero en la sala del VAR del proceso soberanista. Los magistrados del Alto Tribunal revisarán las jornadas más polémicas del 'procés', como el 20-S o el 1-O, para determinar si, como sostiene la Fiscalía, hubo la violencia necesaria para condenar por rebelión a los dirigentes soberanistas acusados. Este viernes el Supremo ha aceptado que en la vista oral se rebobine y se estudien no solo los actos unilaterales cometidos desde la Generalitat, sino también la respuesta política (y sobre todo, policial) del Gobierno de Mariano Rajoy al intento fracasado de secesión.

Por el juicio desfilarán más de 500 testigos, entre ellos el expresidente Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría y el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. El Supremo ha sido generoso con la propuesta de pruebas y testigos solicitada por las partes. Lo ha sido especialmente con las solicitudes de carácter técnico de las defensas. De ahí que el Alto Tribunal haya aceptado una batería de testigos y documentos relativos al Gobierno del PP que los abogados de los líderes soberanistas quieren usar para negar la rebelión.

Destacan en especial los documentos que se solicitarán al Gobierno. Con ellos las defensas quieren mostrar que el Ejecutivo del PP no activó los mecanismos legales a su mano para hacer frente a la supuesta rebelión violenta que se cocía desde la Generalitat o, en palabras del juez Llarena, el “conflicto de naturaleza insurrecional y atentatorio contra la integridad del territorio español”. La conclusión de la tesis defensiva es clara: no hay rebelión porque ni el Gobierno la consideró.

Se trata así de confirmar mediante las actas del Consejo de Ministros del 2017 –aceptadas como prueba documental– que el Gobierno no debatió proponer al Congreso la declaración del estado de sitio; que el Ministerio de Defensa dirigido por María Dolores de Cospedal no activó el plan de contingencia previsto en la ley de Seguridad Nacional para que el Ejército apoyara a los cuerpos policiales para defender la integridad del territorio; y que tampoco se valoró elevar el nivel de alerta antiterrorista que permite, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, liberar efectivos policiales para tareas de seguridad ciudadanas.

También se ha aceptado la correspondencia entre el exconseller de Interior Joaquim Forn y el exministro Juan Ignacio Zoido de septiembre de 2017 para acreditar si el Estado paralizó los expedientes para que los Mossos pudieran adquirir armamento y averiguar así el “grado de alarma” del Gobierno. Cabe recordar que una de las patas de la rebelión son las supuestas órdenes políticas que recibieron los Mossos para facilitar el 1-O y el potencial para imponer la secesión de 17.000 agentes armados.

Todas estas pruebas aceptadas han sido propuestas por Xavier Melero, letrado del exconseller de Interior Joaquim Forn, uno de los acusados que ha optado por una defensa más técnica en vez de política. Junto a Melero, el letrado Jordi Pina, que representa a Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, habían pedido un informe a Interior y a la Delegación del Gobierno en Catalunya sobre el dispositivo policial del 1-O que también ha sido admitido.

El operativo del 1-O

En concreto, se reclamará a Interior y a la Delegación del Gobierno un informe sobre las instrucciones orales y escritas que los mandos policiales dieron a los agentes el 1-O, así como los criterios a la hora de elegir los colegios donde se intervino. Todos estos son elementos que todavía se están desenmarañando en los juzgados catalanes que investigan la actuación policial. También se ha reclamado a la jueza que ordenó impedir el 1-O que diga si mandó parar las cargas al mediodía.

El operativo policial del 1-O es una de las claves del juicio. Para las acusaciones, la Policía y la Guardia Civil tuvieron que hacer frente a la resistencia, en algunos casos violenta, de los votantes, mientras los Mossos omitieron deliberadamente la orden del TSJC para impedir el referéndum. Por contra, los acusados defienden que los Mossos respetaron la orden judicial porque cerraron colegios y que fueron Policía y Guardia Civil las que la vulneraron porque cargaron contra los votantes.

Sobre el operativo, en el juicio habrá testigos tanto a favor de las tesis acusatorias como de las defensivas. Destacan el mando único del 1-O y coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, el exmayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y varios comisarios y mandos de Policía, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra.

Asimismo, se ha solicitado a la Guardia Civil un informe sobre la otra jornada en que se basa la rebelión, la protesta del 20 de septiembre frente la conselleria de Economía. El Instituto Armado deberá concretar las medidas de seguridad que dispuso frente a la comitiva de agentes que registró el departamento y si identificaron a alguno de los 40.000 manifestantes –por ejemplo, al hombre al que se encontró su DNI en uno de los coches destrozados. Con este informe, la defensa de Sànchez busca mostrar que su cliente no solo no entorpeció el dispositivo sino que el operativo no estaba preparado para una protesta como la sucedida el 20-S.

Nobel y Scotland Yard, rechazados

El tribunal ha rechazado las peticiones de las defensas que pretendían internacionalizar el juicio. En este sentido, se han descartado las periciales de los relatores de Naciones Unidas David Kaye y Alfred de Zayas sobre derecho internacional y derecho a la autodeterminación, así como la testifical de premios Nobel o intelectuales como Noam Chomsky, Saskia Sassen y Paul Preston que había solicitado Jordi Cuixart.

Los magistrados argumentan que sus valoraciones “son prescindibles” porque no fueron testigos directos de los hechos ni tienen el conocimiento experto de un perito sobre los hechos del juicio. Respecto a los peritos de la ONU, la sala razona no aportan nada porque todo lo que el tribunal debe conocer del derecho internacional se obtiene a partir de las declaraciones internacionales suscritas por España, no de una prueba pericial.

Tampoco se ha aceptado la prueba pericial de dos excomisarios de Scotland Yard (la policía metropolitana de Londres), propuestos por Cuixart, con los que su defensa quería mostrar que no hubo violencia ni del presidente de Òmnium ni de la población tanto el 20-S como el 1-O.