Torra intenta calmar las acusaciones de “traidor” y pasa la presión a Sánchez
Los dardos que los CDR han lanzando contra el president de la Generalitat, Quim Torra, a quien han llegado a acusar de “traicionar el mandato del 1 de octubre” han hecho mella en la contención con la que el Govern se había tomado la negociación con el Gobierno central. Si en su conferencia del 4 de septiembre pasado Torra evitó ponerse plazos, este martes ha optado por lo contrario, lanzando la presión del independentismo hacia la Moncloa al amenazar con dejar caer al Gobierno si no dialoga sobre la autodeterminación antes de noviembre.
La respuesta del Ejecutivo no ha tardado en llegar. La ministra portavoz, Isabel Celaá ha comparecido para dar un portazo a las aspiraciones de Torra, al afirmar que su Gobierno “no acepta ultimátums” y que está dispuesto a hablar de autogobierno pero sin rebasar en ningún caso la línea de la independencia. “Torra se equivoca, la amenaza no es el camino”, ha apostillado Celaá. Por su parte, ERC respaldaba el órdago de Torra, aunque en tono más comedido. “Los apoyos no pueden ser gratuitos”, ha asegurado el portavoz republicano Sabrià.
El órdago de Torra puede dificultar la vida parlamentaria de Sánchez, que necesita del apoyo de los independentistas –de todos ellos– para sacar adelante su acción de Gobierno, comenzando por los presupuestos. Más difícil será que el despeje del president sirva para aplacar una contestación interna que ha ido en aumento en los últimos días, en paralelo a unas jornadas de recordatorio de los hechos del año pasado. Una presión de la propia base del independentismo que puede convertirse en asfixiante en el camino hasta el juicio de los presos independentistas.
Pero los problemas del Govern van más allá de las manifestaciones del independentismo más inflamado, que acabaron desbocándose tanto el pasado sábado como este lunes. El conseller del Interior, Miquel Buch, hace equilibrios desde su llegada al cargo para calmar los ánimos de los Mossos; la mayoría parlamentaria independentista, pese a la votación sobre las suspensiones de diputados, sigue en el aire hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional y, mientras tanto, el vicepresident económico, Pere Aragonès, continúa sin socio conocido para sus presupuestos.
Ni siquiera el clima de primeros entendimientos que habían alcanzado en Madrid ha conseguido estabilizar el Govern, que no acaba de abandonar, al menos retóricamente la vía unilateral. De hecho, Torra ha combinado ante el Parlament las apelaciones al “mandato” del 1-O con la petición a Sánchez de otro referéndum, esta vez pactado. Todo ello esbozando un plan ya anunciado para convertir las sentencias condenatorias de los presos en una “causa justa” para la independencia. Tres vías diferentes para la secesión y ninguna con visos de tener éxito más éxito que la fallida declaración del 27 de octubre pasado.
La situación de presión de las bases independentistas genera zozobra en el Govern, comenzando por el propio president, y éste ha acabado trasladándola al conjunto del independentismo parlamentario. De hecho, la mayoría de los diputados de JxCat y ERC se han enterado a la vez que el resto del ultimátum de Torra. El president sí había comentado la petición en el seno del Govern, sin que sus socios de ERC dieran excesiva relevancia al anuncio.
Como telón de fondo, la posibilidad de unas elecciones anticipadas que antes del verano no se descartaban para diciembre, la primera fecha en la que pueden convocarse, pero ahora parecen difíciles antes de las europeas y municipales. Mientras tanto el Govern tendrá que conformarse con los acuerdos que pueda arrancar al Gobierno en materia de competencias autonómicas, algo que no convence a un movimiento social independentista que, en las últimas semanas, ha dirigido la frustración hacia la Generalitat. Las pancartas de los manifestantes del pasado lunes explicaban su postura sin medias tintas: “Desobedece o dimite”.
