Torra alega ante el juez que mantener los lazos amarillos en periodo electoral es libertad de expresión
No hay sesión en el Supremo pero los tribunales siguen marcando la agenda de la política catalana. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha declarado este miércoles como imputado por desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en periodo electoral. Ante el juez, Torra ha alegado que mantener los lazos amarillos y la simbología independentista forma parte de la libertad de expresión, según fuentes presentes en la declaración.
En una declaración que ha durado 40 minutos, el president ha contestado a cinco preguntas de la Fiscalía y a las de su defensa (que ha llevado el peso del interrogatorio) y el juez instructor, Carlos Ramos, pero se ha negado a responder a la acusación popular que ejerce el partido de extrema derecha Vox “por decencia democrática”.
El president, según las mismas fuentes, también ha argumentado ante el juez que la Junta Electoral Central no era competente para ordenar la retirada de lazos amarillos y pancartas independentistas de los edificios públicos, y que a su vez su orden fue “imprecisa”. En concreto, Torra ha indicado que el órgano competente para decidirlo eran bien las Juntas Electorales Provinciales bien la Junta Electoral de Catalunya. De ahí que la orden de la JEC, según el president, sea “un acto nulo de pleno derecho”.
Según las mismas fuentes, Torra no ha pronunciado ante el juez ningún alegato dirigido a “acusar al Estado de una deriva autoritaria”, tal y como el president había anunciado en Twitter antes de entrar en el Palacio de Justicia de Barcelona.
Ya fuera de la sala de declaraciones del TSJC, en una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat Torra ha cargado contra la “intencionalidad política contra los independentistas” que, a su juicio, tiene la JEC, no solo por la orden de los lazos sino por el veto a Carles Puigdemont como candidato a las europeas, posteriormente enmendado por el Supremo.
“La represión no es el camino y negar los derechos fundamentales tampoco”, ha apostillado Torra, que también ha pedido al Estado que deje de utilizar “instrumentos para reprimir”. “En defensa de los derechos civiles y las libertades democráticas me encontraréis en primera línea hasta las últimas consecuencias”, ha concluido.
La tramitación de la causa contra Torra ha sido rápida, y menos de dos meses después de la querella de la Fiscalía el president ya ha declarado como imputado por desobediencia. El fiscal se querelló contra Torra por desoír el ultimátum de la Junta para retirar los lazos. El pasado 20 de marzo Torra anunció que seguiría las recomendaciones del Síndic de Greuges –que no obstante conocía desde cinco días antes– y el 21 de marzo sustituyó la pancarta a favor de los “presos políticos” del Palau de la Generalitat por otra con el mismo mensaje, pero con lazo blanco con una franca roja, en vez de amarilla.
Ello motivó una nueva resolución de la JEC, que acordó llevar el caso a la Fiscalía, ordenar a los Mossos que retiraran los símbolos de apoyo a los políticos presos y abrir un expediente sancionador al presidente catalán. Finalmente, Torra decidió colgar el 22 de marzo por la mañana una nueva pancarta en el balcón del Palau de la Generalitat con el lema “Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, que la JEC no ve partidista, por lo que no ha instado a su retirada.
