El Parlament aprueba la ley para limitar los alquileres abusivos en Catalunya

El Parlament de Catalunya ha aprobado este miércoles el proyecto de ley que limita el precio de los alquileres con los votos a favor de JxCat, ERC, los 'comuns' y la CUP tras un acuerdo 'in extremis' entre los posconvergentes y el Sindicato de Inquilinos. PSC, Ciudadanos y PP, además de los cuatro diputados del PDeCAT, que por primera vez se han desmarcado de JxCat en una votación, han rechazado la norma y le han augurado un corto recorrido porque, a su juicio, el Tribunal Constitucional la terminará anulando.

Los posconvergentes han fijado su posición en la votación del pleno de esta tarde tras una reunión interna que se ha sucedido al encuentro que mantuvieron este martes durante más de dos horas con el Sindicato de Inquilinos y los grupos a favor de limitar los alquileres, ERC, 'comuns' y la CUP.

El mayor desencuentro entre JxCat y los inquilinos era el umbral de ingresos que un pequeño propietario debía declarar para quedar exento de la limitación de precios. JxCat quería fijarlo en 3.130 euros al mes –43.822 euros al año–, mientras que los inquilinos lo situaban en unos 1.200 euros, equivalente a 1,5 veces la renta de suficiencia de Catalunya (IRSC), indicador que se usa para acceder a ayudas sociales.

Finalmente ambas partes han alcanzado un punto medio y la limitación de precios no afectará a los pequeños propietarios con ingresos inferiores a 1.900 euros. Asimismo, el incremento en caso de mejoras de rehabilitación en la vivienda al margen de las establecidas por ley será ponderada al capital invertido hasta un máximo del 20% del precio del alquiler vigente.

La nueva ley afectará a todos los nuevos contratos en los 60 municipios de más de 20.000 habitantes con un mercado de vivienda más tensionado, entre ellos casi todas las capitales de comarca y municipios del área metropolitana de Barcelona. En total, de los cambios podrían beneficiarse unos 5 millones de personas, el 70% de la población catalana.

Excepciones de pequeños propietarios a parte, la ley indica los nuevos contratos para viviendas que ya estaban alquiladas no podrán superar el precio acordado en el contrato anterior. En el caso de las viviendas que tuvieran un precio por encima de la media de su zona o sean viviendas nuevas, el nuevo contrato deberá tener como valor máximo el valor establecido en el índice de de precios de referencia de la Agencia Catalana de Vivienda. Es decir, se limitan las subidas y se fomenta la bajada para equilibrarse con el índice de referencia

Pese que el texto será aprobado, la ley nace tocada de muerte después de que la Comisión de Garantías Estatutarias informara de que veía la ley anticonstitucional. De hecho, el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ya ha anunciado que su partido la recurrirá ante el Constitucional y ha tildado la normativa de “liquidación de la propiedad privada”.

Con todo, la norma solo quedaría automáticamente suspendida si el Gobierno así lo pide en su recurso, algo que el PSC ha evitado avanzar explícitamente, si bien la diputada Rosa Maria Ibarra ya ha anticipado que la ley “no tendrá recorrido porque saben que será inconstitucional y antiestatutaria”, tal y como dictaminó el Consell de Garanties Estautàries.

El eventual recurso ante el Constitucional ha planeado sobre todo el debate. Los 'comuns' y ERC han instado a los socialistas a no recurrir la norma, una acción que generaría una nueva división entre el PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno del Estado.

“Esta ley tiene que ser la punta de lanza para limitar los alquileres en todo el Estado, no se entendería que el PSOE no se pusiera de nuestro lado”, ha dicho la diputada de los 'comuns' Susanna Segovia, mientras que el diputado de ERC José Rodríguez ha instado a los socialistas a “no hacer de perro del hortelano que ni regula ni deja regular”.

La consellera de Justicia, Ester Capella, ha celebrado la norma y ha defendido su constitucionalidad: “Hoy ponemos límites al mercado, si no hacemos frente al aumento de precios del alquiler la vivienda no podrá ser nunca un derecho”.

La diputada de JxCat Glòria Freixa ha remarcado que la norma protege “tanto al inquilino como al pequeño propietario”, pero desde la CUP la parlamentaria Maria Sirvent ha criticado que JxCat haya forzado una definición demasiado amplia del pequeño propietario. “Es un acuerdo de mínimos”, ha agregado.

Más crítica se ha mostrado la diputada de Ciudadanos Noemí de la Calle, que ha tildado la norma de “populista” y ha lamentado el “señalamiento a los ricos” que, a su criterio, promueven los grupos a favor de la ley.

“Los cuatro grupos han dicho que sí y en unos minutos la defenderán ante el pleno. A las 19h tendrá el voto favorable. Esperemos que todos defiendan lo que han dicho. Hay fumata blanca”, ha anunciado Jaime Palomera, portavoz del Sindicato de Inquilinos.

Incluso el president de la Generalitat, Quim Torra, había reclamado que JxCat volviera al consenso incial sobre la ley. La regulación del Sindicato de Inquilinos ha recibido el apoyo de más de 4.000 organizaciones, entre ellas los principales sindicatos, entidades sociales como Càritas o Cruz Roja e incluso la ANC y Òmnium. Entre los detractores de la norma se encuentran la patronal de la gran empresa, Foment del Treball, así como los agentes de la propiedad y los administradores de fincas.