“Defendimos nuestro derecho a manifestarnos”, “ejercimos nuestro derecho a la protesta y manifestación sin bloquear el edificio”, “denunciamos la represión de nuestro pueblo y el 155 manifestándonos”. Así se han expresado los doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de encadenarse a las puertas del Palacio de Justicia de Barcelona, sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), en febrero de 2018.
Ante la sección 10 de la Audiencia de Barcelona ha arrancado este miércoles el juicio contra los doce CDR. Otro acusado no ha comparecido y ha sido declarado en busca y captura. La Fiscalía pide penas de dos años y medio de prisión para once de los acusados por un delito de desórdenes públicos por “bloquear” la entrada al TSJC “con diversas cadenas de hierro o de moto” y sentándose en las escaleras de la entrada. Para dos de los acusados, el Ministerio Público reclama un año de cárcel por desobediencia y resistencia grave a la autoridad por agredir a dos mossos que les desalojaron mientras cortaban la calle frente al Palacio de Justicia.
En una breve sesión, los acusados se han limitado a contestar una sola pregunta de su defensa sobre qué ocurrió el día de los hechos y se han acogido a su derecho a no responder a la Fiscalía. Los alegatos desplegados por los acusados han combinado la defensa del derecho a la protesta con la réplica a las tesis fiscales.
Uno de los acusados ha negado que la protesta buscara “bloquear o alterar” el funcionamiento ordinario de los juzgado. Otro ha rechazado que la protesta tuviera “intención” de ocupar el Palacio de Justicia. Y un tercero ha negado que se fijaran en el cuerpo las cadenas ya que, según ha indicado, cuando los Mossos les desalojaron las cadenas “cayeron por sí solas”. “Fue una sentada no violenta en las escaleras”, ha apostillado otro activista.
Por su lado, los dos acusados a los que la Fiscalía acusa de dar patadas y puñetazos a los mossos que les desalojaron después de cortar la calle mientras se producía la protesta en las escaleras del TSJC han negado los hechos. Una de ellas además ha declarado que no participó en el corte de la calle, sino que durante la protesta permaneció en la acera frente al Palacio de Justicia y que no se resistió a la intervención de los agentes.
Antes de empezar las declaraciones de los acusados, los abogados que defienden a los activistas, Eduardo Cáliz y Xavier Monge, de Alerta Solidària, han pedido excluir como pruebas las grabaciones aportadas por los Mossos porque, según ha argumentado Cáliz, no se entregaron en el plazo de las 72 horas que establece la ley, sino un mes después, y que no se acreditaba qué agente las había grabado. La fiscal se ha opuesto a esta cuestión previa y la ha calificado de '' brindis al sol '' y el tribunal no ha aceptado su exclusión, por lo que los vídeos constituirán una prueba que los magistrados valorarán para dictar sentencia.