La suma de debilidades y el riesgo a perderlo todo es lo que explica el pacto cerrado entre ERC y Junts para evitar un adelanto electoral. Debilidades porque a ninguno le convenía provocar unos comicios en los que sabían que Salvador Illa iba a ganar más cómodamente y en los que ellos deberían asumir ante el electorado independentista el coste de haber malbaratado la mayoría lograda el 14F. El acuerdo sitúa a Pere Aragonès y Jordi Sànchez como forjadores de un consenso, de momento impostado, que permite la formación de un Govern en el que la presidencia, por primera vez desde que se inició el procés, estará en manos de ERC. Un reto para los republicanos, que ya no podrán culpar a los posconvergentes de la falta de cohesión, y para Junts, que debe aceptar una derrota que muchos de sus dirigentes y votantes todavía no han asumido.
De la necesidad virtud
Los vetos cruzados entre ERC y PSC situaban Catalunya en una encrucijada: o se repetía el pacto independentista o se repetían las elecciones. Lo primero era complicado y lo segundo era un riesgo inasumible para Junts y ERC. Esta vez la victoria de Salvador Illa sería más holgada y ellos no podrían presentarse con la promesa de garantizar un gobierno independentista. No era una simple intuición de sus dirigentes sino que los sondeos publicados este fin de semana apuntaban en esa misma dirección. Así que, obligados a entenderse, es lo que han hecho. ERC consigue investir a Pere Aragonès y Junts logra no solo estar en el Govern (algo que los republicanos les negaban hace una semana) sino que consigue las carteras que reclamaba y participará en el reparto de los fondos europeos, como también planteó durante toda la negociación. Para dirimir este conflicto se ha optado por una solución salomónica, una comisión interdepartamental en la que participarán representantes de ambas formaciones, aunque al tener Junts el control de Economía su posición será más ventajosa.
La palabra que define la sensación entre algunos dirigentes del partido de Carles Puigdemont, que cada vez más es el partido de Jordi Sànchez, es “escepticismo”. Reconocen que el acuerdo es mejor de lo que algunos pensaban pero dudan de que la cohesión y lealtad que Aragonès ha prometido se confirmen con el paso de los días. Los republicanos, cuyos recelos respecto a Junts son como mínimo los de siempre, confían en que ostentar la presidencia les permita trasladar una imagen de mayor solvencia que la que ofrecía Quim Torra al frente de la institución. El equipo de seguimiento del pacto, integrado por seis miembros, un representante del Govern, uno del grupo parlamentario y otro del partido tanto de Junts como de ERC, se reunirá cada 15 días para hacer un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos e intentar resolver los conflictos que vayan surgiendo. De esta forma se intenta evitar los múltiples encontronazos que marcaron la pasada legislatura. El propósito común se ha bautizado con la expresión “compatibilizar estrategias”.
Un reparto previsible pero no exento de tensiones
14 consejerías, siete para cada partido. Es una más de las que había hasta ahora, con un reparto distinto por áreas y en las que Junts consigue lo que ERC tuvo la anterior legislatura y es hacerse con un porcentaje más alto del presupuesto. Los republicanos retienen Educación pero ceden Salud a los posconvergentes. En campaña electoral, Laura Borràs anunció que esta cartera estaría dirigida por Josep Maria Argimon, un epidemiólogo que es secretario de Salud Pública desde julio de 2020 y que se ha convertido en un referente no solo dentro de este departamento sino también fuera, incluso por encima de su titular, Alba Vergès. Ahora el futuro de la dirigente republicana pasaría por una consejería de nueva creación: Feminismos e Igualdad.
La estructura del Ejecutivo está diseñada y algunas carteras ya tienen nombre asignado. Pero también quedan interrogantes. Una de las incógnitas aún no resueltas es quién ocupará el departamento de Políticas Digitales, Infraestructuras y Agenda Urbana. Es una de las que ha sufrido una mayor reestructuración y va a estar controlada por Junts. La cuestión es que dos de los actuales consellers aspiran a gestionarla. Uno es el titular de Territori, Damià Calvet, buen conocedor de la Generalitat, bien considerado por los cuadros territoriales y apadrinado por el exconseller Josep Rull, que fue su antecesor en el cargo. El otro es Jordi Puigneró, actual responsable de Políticas Digitales, próximo a Carles Puigdemont, y alineado con el sector duro de Junts.
Nuevos actores
Aragonès y Sànchez se reunieron durante dos días, en dos masías distintas, una en el Lluçanès y otra en el Maresme, para cerrar el pacto. Oriol Junqueras y Carles Puigdemont sabían que se había reemprendido la negociación y que estaban en marcha estas reuniones secretas, pero ambos, voluntariamente, han optado durante todas estas semanas por mantenerse en un segundo plano. El expresident porque no quería ser utilizado como “moneda de cambio” pese a no tener ninguna fe en que la estrategia de ERC en Madrid para desencallar el conflicto pueda dar algún fruto, y el exvicepresidente porque optó por la plena confianza en sus negociadores. Hay otro elemento, de tipo personal, que hay que tener también en cuenta y es que Junqueras y Sànchez, pese a estar juntos en la cárcel, mantienen una relación prácticamente nula. Se llevan mal desde 2015, cuando se fraguó la candidatura de Junts pel Sí, una lista única que el líder de ERC rechazaba por considerarla una envolvente de los antiguos convergentes y que Sànchez, hombre próximo a Artur Mas, batalló hasta lograr que fuese una realidad.
El acuerdo ha sorprendido más en Junts que en ERC. No por su contenido, porque los ejes básicos ya estaban en los documentos que se habían ido intercambiando en las semanas anteriores, sino por el secretismo de los dos encuentros de este fin de semana. La mayoría de compañeros de Sànchez no tenían ni idea de que estaba encerrado con Aragonès y es algo que a muchos no les ha gustado nada. De todos modos, y más allá del malestar por las formas, para evitarse sustos, en el texto que se someterá al escrutinio de las bases no se incluye la opción de no investir a Aragonès. Se puede votar a favor de investirlo y compartir Govern con los republicanos, según el pacto cerrado por Sánchez, o permitir que el candidato republicano sea elegido president pero con Junts en la oposición, una opción que, pese a que el acuerdo no despierte entusiasmo, se considera como la minoritaria.
Más buenos propósitos que concreción
Uno de los obstáculos era (y seguramente será) la estrategia a seguir en el Congreso de los Diputados así cómo el papel que debe jugar el Consell per la República. Aragonès se limita a afirmar que se trabajará desde el “consenso” a la vez que ERC reitera la validez de la mesa de diálogo con el Gobierno central. En el documento acordado, ambas formaciones se prometen lealtad sin dar detalles de cómo será la estrategia. Junts expresa su disposición a “dar una oportunidad” a esta negociación bilateral con el Ejecutivo de Sánchez pese a que reconocen su “escepticismo y dudas” sobre el resultado. Será una mesa en la que los independentistas plantearán una amnistía para los presos y el resto de encausados por el procés y reivindicarán de nuevo el derecho a la autodeterminación. La última y única vez que se reunió fue en febrero del 2020. Esta vez no se fijan calendarios, algo que en anteriores legislaturas comprobaron que acabó siendo un problema. “La forma, el calendario y las acciones de este embate se acordarán de forma consensuada en el marco del espacio de coordinación, consenso y dirección estratégica”, se recoge en el documento sin ofrecer más concreción.
El Gobierno central, por boca de Miquel Iceta, ha insistido este lunes que la senda a explorar es la del diálogo con el nuevo Govern. Sobre las votaciones en el día a día en la Cámara Baja se da por hecho que Junts y ERC no siempre podrán coincidir, como ya está pasando actualmente. El manual del negociador recomienda que para forjar un gobierno de coalición, más importante que pactar los acuerdos es acordar los desacuerdos.
Para evitar que el Consell de la República languidezca pero que a la vez no se convierta en un problema para Aragonès se ha acordado crear un espacio de dirección estratégica donde estén Junts, ERC, la CUP, la ANC y Òmnium, un órgano que deberá coordinarse con la entidad presidida por Puigdemont hasta que el Consell se “reformule” y pase a tener el protagonismo que el expresident y otros de sus dirigentes más afines reclaman que tenga. Por lo tanto, de momento se creará una especie de nuevo “estado mayor”, que es como se denominó el sanedrín paralelo al Govern que organizó el referéndum del 1-O, aunque esta vez con presencia de la CUP.
El reto del futuro president, uno de los muchos que tiene por delante, será el de conciliar los intereses de estos órganos externos al Ejecutivo con sus prioridades como president y evitar la “tutela” que asegura que no está dispuesto a aceptar.