La reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra este lunes ha reafirmado el desacuerdo entre ejecutivos sobre la autodeterminación catalana pero ha abierto dos ventanas al diálogo. Por un lado, el Ejecutivo se ha comprometido a retirar algunos de los recursos ante el Tribunal Constitucional contra leyes sociales catalanas que presentó el Gobierno del PP. Del otro, los dos presidentes han acordado reactivar las comisiones bilaterales Generalitat–Estado que no se reúnen desde 2011.
A la música que ha seguido a la reunión Sánchez–Torra le falta la letra, esto es, qué aspectos del autogobierno catalán se negociarán y si se incluirán artículos del Estatut anulados por el Tribunal Constitucional. Y en especial, el dinero: con qué recursos se financiarán los traspasos de competencias y las inversiones que se puedan acordar. Todo ello, mientras la Generalitat insistirá en el 1-O y en la independencia en la próxima reunión entre ambos presidentes, que se celebrará en Barcelona después del verano.
Fin del veto a leyes sociales
La vicepresidenta Carmen Calvo ha avanzado que el Gobierno está dispuesto a levantar el veto a las leyes sociales aprobadas por el Parlament en los últimos años y suspendidas por el Tribunal Constitucional por recursos del anterior Ejecutivo. Entre las 12 que el Govern considera que nunca se deberían haber llevado al Alto Tribunal, Calvo ha citado explícitamente la ley antidesahucios y contra la pobreza energética, la de cambio climático y la de sanidad universal, por “converger” todas ellas con el “cambio político” que supone la presidencia de Sánchez.
En materia de vivienda, el recurso del Gobierno en abril de 2016 dejó sin efecto buena parte de las medidas antidesahucios previstas en la ley de emergencia habitacional y contra la pobreza energética aprobada en 2015. Quedaron suspendidos los artículos en los que se garantía mediación obligatoria previa a los desahucios, mecanismos de segunda oportunidad para cancelar deuda hipotecaria o la cesión forzosa de pisos vacíos. La PAH y otras entidades pidieron precisamente la semana pasada al Gobierno de Sánchez que accediera a retirar el recurso.
Sobre la Ley de cambio climático, la decisión era previsible. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo en su momento –antes de ocupar el cargo– que el recurso era “de locos”. Además, aunque está pendiente de sentencia, el Constitucional levantó en abril la suspensión a buena parte del texto, a excepción de la prohibición del 'fracking’. Así, la Generalitat tiene previsto recaudar un nuevo impuesto sobre el CO2 a determinados vehículos con efecto al ejercicio fiscal de 2019.
La tercera ley citada por Calvo, la de sanidad universal, no se puede considerar, sin embargo, una concesión a Catalunya, habida cuenta de que fue una respuesta de la Generalitat y otras autonomías a un decreto del Ejecutivo de Mariano Rajoy que el Gobierno socialista se ha comprometido ya a modificar.
Aunque Calvo ha deslizado sólo tres ejemplos, la lista asciende a 12 leyes de cariz social, todas ellas susceptibles de ser revisadas por el Gobierno. Entre ellas, se cuentan desde la de impuestos sobre bebidas azucaradas a la de las asociaciones de cannabis, pasando por las de de creación de la Agencia Catalana de Protección Social y la Agencia Catalana de Ciberseguridad.
Las bilaterales: despliegue y recuperación del Estatut
Además del fin del veto a las leyes sociales aprobadas por el Parlament, la otra pata de los acuerdos de la primera reunión Sánchez–Torra es la recuperación de la comisión bilateral Generalitat–Estado. La última comisión se celebró en julio de 2011, con Rodríguez Zapatero en la Moncloa y Artur Mas en la Generalitat. El exministro Manuel Chaves, por parte del Gobierno, y el exjefe de filas de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, presidieron un encuentro que acordó la presencia de la Generalitat y de varios ayuntamientos en el consejo rector del Aeropuerto del Prat.
Las cuatro comisiones bilaterales existentes son la de Transferencias, la de Infraestructuras, la de Hacienda y Asuntos Económicos y la principal, la Generalitat–Estado. Son los foros previstos para desplegar competencias autonómicas contempladas por el Estatut y que ahora también podrán servir para plantear la recuperación de algunos de los puntos del texto estatutario que el Tribunal Constitucional anuló. La Generalitat ya ha designado al conseller de Exteriores Ernest Maragall como presidente de la bilateral.
Existen además subcomisiones, entre otros asuntos, para evitar conflictos de competencias ante el Constitucional. Esta última se ha reunido en varias ocasiones en los últimos años sin evitar el alud de recursos que se ha sucedido entre ambas administraciones. Además de Catalunya, los estatutos de autonomía de Andalucía, Aragón y Castilla y León contemplan comisiones bilaterales. En el caso catalán serán especialmente relevantes las decisiones en materia de infraestructuras, desde mejorar la red de Cercanías y soterrar varios tramos urbanos hasta el corredor Mediterráneo.
Ni Calvo ni Torra han concretado qué aspectos concretos se abordarán en las próximas reuniones de las comisiones bilaterales. Algunas de las materias que quedaron en el tablero negociador en 2011 son las transferencias en políticas pasivas de empleo, salvamento marítimo y protección civil o mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
De las comparecencias de ambos dirigentes tampoco ha quedado claro con qué recursos se financiarán los eventuales traspasos de competencias. En este sentido, el Gobierno ya ha avanzado que no reformará la financiación autonómica en esta legislatura. Además, Torra ha dicho que en el encuentro con Sánchez “no se ha hablado” de los presupuestos generales del Estado de 2019, para cuya aprobación el Gobierno volverá a necesitar el apoyo de los independentistas.
Precisamente los presupuestos serán una de las pruebas del algodón de la negociación. La disposición adicional tercera del Estatut preveía siete años de inversión del Estado en infraestructuras en Catalunya equiparables a la participación catalana al PIB estatal. Sólo se ha cumplido en un ejercicio. En los presupuestos del Gobierno del PP, la inversión en Catalunya ha rondado el 10% frente a la aportación catalana del 20% al PIB estatal.
Con todo, tanto en materia de financiación como para recuperar algunos de los aspectos más ambiciosos del Estatut no basta con un acuerdo entre ejecutivos. Es el caso del Consell Judicial de Catalunya, el órgano de gobierno de los jueces que ejercen en Catalunya que el Estatut creó de forma descentralizada del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que fue tumbado por la sentencia del Constitucional de 2010. El PSOE y el PSC preveían constituirlo mediante la reforma en el Congreso de la ley orgánica del Poder Judicial, según acordaron ambos partidos en la declaración de Barcelona. Es decir, además de dinero hará falta mucha negociación política para cumplir buena parte de los puntos que están pendientes.