Las relaciones entre independentistas y comuns, siempre marcadas por la rivalidad electoral, han vuelto a tensarse en las últimas semanas, según se aproxima la fecha señalada para celebrar el referéndum del 1 de octubre. A menos de un mes de la votación, el objeto de la disputa entre los dos espacios se concreta en un asunto: la apertura o no de los colegios electorales en los municipios que gobiernan y, en especial, de Barcelona.
Diferentes representantes del Govern han mantenido contactos con responsables del Ayuntamiento gobernado por Ada Colau para sondear su disposición a abrir los centros electorales habituales en la fecha del referéndum. Por el momento, no ha habido acuerdo. Este lunes la alcaldesa ha dejado claro en los micrófonos de la SER que facilitará la colocación de urnas siempre que “no se ponga en riesgo a los funcionarios”, algo que no acaba de convencer a los independentistas.
ERC presiona a la alcaldesa asegurando que cualquier futuro entendimiento pasa por que no obstaculice el 1-O. La apertura de los colegios fue uno de los temas tratados entre los dirigentes republicanos, Pablo Iglesias y Xavier Domènech en una cena reciente, según indican fuentes conocedoras del encuentro.
El discurso oficial de los independentistas es que están convencidos de que Colau acabará abriendo los colegios, aunque el Govern tiene sobre la mesa diferentes alternativas si finalmente no es así. Una de ellas sería realizar la apertura gracias a la estructura de competencias sobre los centros de la que dispone Barcelona, centradas en el Consorcio de Educación de Barcelona, integrado en un 60% por la Generalitat.
Mientras, el Ayuntamiento se niega a responder sobre la apertura de colegios sin tener antes una petición por escrito de la Generalitat que por el momento no se ha hecho. El requerimiento reclamado podría llegar después de la aprobación de la ley del referéndum y la convocatoria del 1 de octubre, esta misma semana o, como muy tarde, la próxima. Este sábado además Catalunya En Comú celebrará una reunión de su coordinadora en la que decidirán hasta dónde se implicarán en el referéndum.
Una pista sobre lo que podría pasar en Barcelona se encuentra unos cuantos kilómetros al sur, en el municipio tarraconense de Altafulla. Allí el diputado de En Comú Podem en el Congreso y miembro de EUiA, Fèlix Alonso, gobierna junto a Convergència. Una coalición poco frecuente que, sobre el referéndum, ya ha anunciado que no tiene planes de abrir sus colegios. En cambio ha propuesto a la Generalitat que abra los locales de los que dispone en la localidad.
Barcelona, clave para la participación
El Govern considera prioritario que en la capital catalana los electores puedan participar en el referéndum en sus puntos habituales de votación. Dentro del equipo que está diseñando la jornada una de las convicciones más asentadas es que en el dato de participación será decisiva la similitud que tenga el 1-O con cualquier otra convocatoria electoral.
La capital catalana es, obviamente, un punto clave en esa estrategia. No solo simbólico. Uno de cada cinco catalanes llamados a votar en las elecciones del 27-S era de Barcelona. En cambio, los colegios municipales de otras ciudades se dan por imposibles, como son aquellas donde gobiernan alcaldes del PSC más beligerantes con el referéndum, como puede ser Cornellà o incluso L'Hospitalet. Para estas, la Generalitat prevé utilizar locales de su titularidad, como ya hiciera en la consulta del 9-N de 2014.
El PSC presiona a sus socios
La presión ejercida por los independentistas no es la única que reciben los de Colau a cuenta del referéndum. El líder del PSC, Miquel Iceta, que comparte coalición de gobierno en el consistorio, garantizó este fin de semana en una entrevista concedida a EFE que “ningún Ayuntamiento del PSC se saltará la ley”. Y eso incluye al de Barcelona, en el que, según aseguró el líder socialista, Colau les ha garantizado que será así.
Este lunes el PSC ha ido más lejos y, tras la celebración de su primera Ejecutiva del nuevo curso, han reclamado a los comuns que se posicionen “con claridad” sobre la independencia. “Nos gustaría saber si votaría sí o no”, ha reclamado el portavoz, Oriol Illa, considerando que su socia no solo debe respetar la legalidad, sino que debe explicar a los ciudadanos su voto.