Los jueces ya han archivado causas contra los comités populares del 1-O a los que la Guardia Civil acusa de organizar “sabotajes simultáneos”

“Promover sabotajes simultáneos”, “provocar graves alteraciones en los servicios públicos” o “desarrollar acciones de resistencia activa y pasiva”. Así se refiere la Guardia Civil a los Comités de la Defensa de la República (CDR), las asambleas populares nacidas para respaldar el 1-O y que protagonizaron los cortes de carreteras y las manifestaciones independentistas de octubre y noviembre. La descripción de los CDR como agentes “movilizadores” del procés por parte de la Guardia Civil ante el Supremo coincide con el archivo de las primeras causas por desórdenes públicos abiertas en los juzgados catalanes a miembros de los CDR.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa por rebelión contra los dirigentes independentistas, pidió a la Guardia Civil un informe sobre los CDR. En concreto, sobre las autorizaciones administrativas y la convocatoria de tres asambleas generales de CDR en Catalunya. El Instituto Armado va más allá y argumenta que estos núcleos están relacionados con el plan hacia la secesión de los partidos y las entidades independentistas: “El objetivo de movilización social para la consecución de una república catalana es común para ANC, Òmnium Cultural y los CDR”.

Hay otros dos puntos de unión, a criterio de la policía judicial, entre los CDR y la hoja de ruta independentista. En primer lugar, la anotación que el exnúmero dos de Junqueras, Josep Maria Jové, hizo en su libreta Moleskine, de la defensa de la desobediencia que realizó la cupaire Anna Gabriel en una reunión. Esta anotación se produjo en noviembre de 2016, diez meses antes de la fecha que la propia Guardia Civil sitúa como nacimiento de los CDR: julio de 2017.

En segundo lugar, el informe incluye dos intervenciones en los medios de comunicación de dos portavoces de los CDR, Toni Piñeiro y Helena Vázquez, en las que defienden el inicio del proceso constituyente que preveía la ley de transitoriedad jurídica y defienden “la construcción de estructuras de Estado que Artur Mas prometió y nunca construyó”. De estas dos declaraciones la Guardia Civil concluye “la vinculación de los CDR con la denominada 'ley de desconexión' y la necesidad de crear estructuras de Estado, quedando demostrada su relación con todo el proceso constituyente de la república catalana y el seguimiento de la hoja de ruta prevista en en el libro blanco e implantado por el Govern”.

Las fuentes del informe de la Guardia Civil aportado al Supremo sobre los CDR, del que ha informado en primer lugar El Confidencial y al que ha tenido acceso este diario, son recortes de prensa, tuits de las propias cuentas de los CDR y declaraciones de los portavoces de los comités a los medios de comunicación.

“Caceroladas” y “cartelería”

La Guardia Civil describe las convocatorias llevadas a cabo por los CDR durante los meses de octubre y noviembre como “acciones de resistencia pasiva, como las denominadas 'caceroladas', teniendo como finalidad la defensa del referéndum declarado ilegal, la defensa de la república catalana, la protesta por la libertad de los presos 'políticos' o por la aplicación del art. 155 de la CE”. “Como prueba de ello”, el informe incluye tuits de los CDR anunciando las convocatorias.

El informe detalla además intervenciones impulsadas por los CDR que la Guardia Civil califica de “resistencia activa”, como los “sabotajes simultáneos” y los cortes en carreteras de las huelgas soberanistas que aseguran que provocaron “una grave alteración del normal funcionamiento de los servicios públicos así como de la seguridad ciudadana”.

También se dedica un apartado del informe a analizar la “cartelería” disponible en una web independentista que los investigadores atribuyen a los CDR. El contenido independentista lleva a la Guardia Civil a concluir que los CDR fomentaron “la orientación del voto” hacia JxCat, ERC y la CUP en las pasadas elecciones así como la “vinculación” de estas asambleas con la ANC y Òmnium.

Diligencias archivadas

Las huelgas soberanistas de los pasados 3 de octubre y 8 de noviembre tuvieron un seguimiento desigual y nulo, respectivamente, en los centros de trabajo. No obstante, en especial en el paro del 8-N, varias asambleas de CDR organizaron cortes en más de 60 carreteras de toda la geografía catalana. En algunos casos los cortes duraron a penas 20 minutos pero en otros, como el caso de la N-152 de la frontera con Francia en Puigcerdà, se alargaron 24 horas.

Los Mossos d’Esquadra levantaron atestado de algunas de las protestas y los entregaron en los juzgados, que abrieron diligencias. El juzgado de instrucción 1 de Igualada (Barcelona) llegó a imputar a 51 activistas en el caso con más investigados hasta el momento, pero ha terminado archivando la causa por desórdenes públicos al no apreciar violencia en el corte de la A-2 y por la “vaga identificación” que los Mossos realizaron de los manifestantes (la policía catalana apuntó los números de matrícula de los coches de los activistas, pero sólo identificó a tres de los 51 investigados).

También una juez de Barcelona archivó la causa contra diez jóvenes que cortaron la vía del AVE en la estación de Sants el 8-N porque “la ocupación de las vías férreas fue absolutamente pacífica”. La Fiscalía recurrió y la causa se ha reabierto salvo para uno de los diez investigados a quien el fiscal no ha podido situar en las vías.

“Responsables” por una rueda de prensa

Además de los CDR, el informe de la policía judicial enumera los “responsables” de los CDR y En Pau de Pau, organización que impartió talleres sobre resistencia pacífica a algunos núcleos locales de CDR. La “descripción en detalle de los integrantes y presuntos promotores de los talleres” formulada por los agentes se basa en las personalidades que asistieron a la rueda de prensa de presentación de la iniciativa el pasado 18 de octubre.

Entre los promotores de En Peu de Pau se señala a caras conocidas del independentismo y del movimiento asociativo catalán como el diputado de ERC Rubén Wagensberg; el exdiputado de la CUP David Fernàndez; la filósofa Marina Garcés; el director de Fundipau, Jordi Armadans; los vicepresidentes de Òmnium Cultural, Marcel Mauri y Joan Vallvé; o el presidente de los 'escoltes' catalanes, Joan Guisad. Como “responsable” de los CDR, además de los portavoces Toni Piñeiro y Helena Vázquez, la Guardia Civil incluye al exdiputado de la CUP Antonio Baños.