Un porcentaje pronunciado por Pasqual Maragall hizo temblar los cimientos del Parlament en febrero de 2005. “Ustedes tienen un problema y se llama 3%”, le espetó el expresident al por aquel entonces líder de la oposición, Artur Mas (CiU), que amenazó con finiquitar la legislatura y el pacto del Estatut. Doce años después, el caso Adigsa, el primer 3%, tenía que llegar a juicio este martes, pero no lo ha hecho.
Los principales acusados y la Fiscalía han negociado un pacto a lo largo de la pasada semana y también en la mañana de este martes. Sin embargo, un error del tribunal de la sección 22 de la Audiencia de Barcelona en la citación de un responsable civil ha hecho posponer el juicio hasta el próximo 16 de mayo. La trama de comisiones en la empresa de vivienda pública Adigsa durante el último gobierno de Jordi Pujol seguirá esperando su resolución judicial.
El acuerdo entre el ministerio público y seis de los siete acusados –José Antonio Salguero, un empresario acusado y que denunció el caso, no se ha sumado al pacto– consiste en reconocer los delitos y devolver el dinero defraudado (casi 150.000 euros). A cambio, lograrían eludir la cárcel gracias a una rebaja en las penas solicitadas por la Fiscalía.
Según la Fiscalía, en Adigsa se creó un sistema de contratación paralelo a cambio de comisiones, que Salguero elevó hasta el 20%. Los exdirectivos de Adigsa acusados habrían permitido que una persona externa a la empresa (Josep Maria Penin, pariente lejano del entonces consejero de Política Territorial, Felip Puig) adjudicara las obras de rehabilitación de viviendas protegidas a empresarios afines.
El ministerio público pide penas de entre año y medio y diez años de cárcel por los presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación de fondos públicos, que se rebajarán una vez se cierre definitivamente el pacto. Con todo, el caso ha quedado lejos de mostrar un sistema generalizado de cobro de comisiones en la Generalitat pujolista, y no hay ningún político de Convergència implicado.
Pese a que han pasado doce años, alrededor del caso Adigsa y del actual caso del 3% que investiga un juzgado de El Vendrell hay nombres que, curiosamente, se repiten. El propio Salguero ha declarado ante la Guardia Civil por el presunto pago de comisiones a Convergència por parte de constructoras a cambio de obra públicas.
Por otro lado, la magistrada del TSJC, Núria Bassols, exculpó del caso Adigsa al exdiputado convergente, Ferran Falcó, en 2013. Pocos meses después, Bassols fue fichada por el Govern de Artur Mas como responsable de Transparencia. Según un informe del caso del 3%, el marido de la magistrada, el empresario Josep Manel Bassols (detenido dos veces en la causa), contactó con Mas y Germà Gordó para que colocaran a su esposa en el Govern. Actualmente, la juez Bassols ha vuelto al TSJC, aunque no se encarga de causas penales y solo trata temas civiles.