La Audiencia de Barcelona ha aprobado este lunes la amnistía para Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Carles Puigdemont y acusado de malversación y prevaricación por haber sufragado con dinero público un viaje a Nueva Caledonia en 2018 como observador del referéndum de autodeterminación de esa isla del Pacífico.
La Audiencia considera que el viaje, que costó casi 4.600 euros, estaba relacionado “directa o indirectamente” con el proceso independentista catalán y por tanto es susceptible de aplicarse la amnistía. “Entre las funciones del acusado destacaba la de dar apoyo al expresidente en los asuntos y materias que este dispusiera y otras funciones que se le encargara”, señala el auto de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, que también le exime de la responsabilidad civil.
La Fiscalía, que pedía tres años de cárcel y 17 de inhabilitación, consideró que el viaje de Alay iba más allá de las funciones que tenía encomendadas como responsable de la oficina del expresidente Puigdemont y lo tildó de “viaje personal y ajeno a sus funciones”. “No existía razón alguna que justificara el pago con cargo a su dotación presupuestaria pública de la que él mismo tenía el control y la gestión”, señaló el Ministerio Público en su acusación.
El papel de Alay al frente de la oficina de Puigdemont estuvo también marcado por sus viajes a Rusia y las acusaciones de acercamiento al Kremlin, si bien tanto él como el expresidente siempre negaron haber buscado el apoyo directo de Vladimir Putin para el proceso independentista catalán. Alay también estuvo investigado por una compraventa de de petróleo con un empresario ruso afincado en Catalunya, en un caso que fue archivado en julio de 2022.