Han tenido que pasar siete meses para que, descartada desde el inicio la investigación por terrorismo, la Audiencia Nacional envíe a los juzgados ordinarios catalanes la causa por desórdenes públicos contra dos miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), Tamara Carrasco y Adrià Carrasco (este último huido a Bélgica).
La decisión del juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha llegado este miércoles después de varias peticiones de la defensa de Carrasco. Finalmente la Fiscalía, en un informe basado en otro de la Guardia Civil, también pidió al juez el 30 de octubre enviar la causa a Catalunya, donde están los juzgados competentes para investigar los supuestos desórdenes públicos por los que están imputados ambos CDR.
En un auto, el juez Diego de Egea acuerda remitir la causa a los juzgados catalanes porque de la investigación llevada a cabo hasta ahora “no está acreditado” que ambos activistas de los CDR pertenezcan a una organización terrorista, condición indispensable para que la Audiencia Nacional pudiera quedarse con el caso. Se investiga si ambos investigados cortaron carreteras y levantaron barreras de peaje durante una protesta por el encarcelamiento de los líderes del 'procés'.
El pasado mes de abril, el juez dejó en libertad a Tamara Carrasco y rechazó imputarle los delitos de rebelión y terrorismo, como pedía la Fiscalía. Sin embargo, le impuso como medida cautelar la prohibición de salir de su pueblo, Viladecans (Barcelona). En otras palabras: Tamara Carrasco lleva siete meses confinada en su domicilio por presuntos desórdenes públicos, un delito por el que raramente los jueces toman medidas cautelares tan excepcionales antes del juicio.
Una vez la causa se reparta, Carrasco será previsiblemente investigada por los juzgados de Gavà (Barcelona). Su defensa, que ejerce el abogado Benet Salellas, pedirá el archivo de la causa y que se levante el confinamiento de Carrasco. Está por ver qué sucederá con Rodríguez, el otro investigado, que permanece en Bélgica.