El juez del 3% imputa por blanqueo a Felip Puig y a otros tres exconsellers de Convergència

El estado de alarma no paraliza la investigación del 3% de Convergència Democràtica de Catalunya. El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dado un nuevo impulso al caso y ha imputado por blanqueo de capitales a los exconsellers del Govern Felip Puig, Irene Rigau, Jordi Jané, Pere Macias y a otros seis exaltos cargos de Convergència ante la sospecha de que las donaciones en efectivo que hicieron al partido sirvieron para enmascarar su financiación ilegal a través de mordidas de empresarios.

En su auto, además, el juez apunta directamente a que la estrategia “cuidadosamente planificada e implementada para financiar ilegalmente” a Convergència formaba parte de un “plan preconcebido” a partir de las “directrices emanadas de la cúspide de la organización”. La investigación, en la que permanecían imputados el exgerente de CDC Germà Gordó y varios cargos medidos y administrativos y tesoreros del partido, da así un salto a la estructura política de CDC: Puig fue secretario general adjunto hasta 2011. Por el momento el jefe del partido, Artur Mas, no ha sido imputado.

La nueva pieza separada del caso debe servir para investigar si las donaciones en efectivo que realizaron todos los exaltos cargos de Convergència imputados son en realidad “actos de afloramiento de dinero procedente de delito con la finalidad de financiar ilícitamente al partido”, todo ello siguiendo “el plan superior trazado por jerarcas del partido”, según describe el juez De la Mata en un auto al que ha tenido acceso eldiario.es.

En suma, el juez cree que hay indicios para sostener que las donaciones no eran gestos altruistas sino una forma de “incorporar a la vida lícita”, esto es, regularizar, las cantidades en efectivo que habían llegado al partido por “distintas vías ilegales”, ya fueran mordidas de empresarios a cambio de obra pública o facturas ilegales para servicios durante las campañas electorales.

Uno de los principales motivos que hace sospechas al juez es que las donaciones extraordinarias de los exconsellers y los otros seis imputados fueron de la misma cantidad –3.000 euros, muy superior a su cuota de afiliados– y que se realizaron siempre a finales de año. La mayoría se produjeron entre los años 2008 y 2010 pero hay además dos ingresos de Macias y Jané de 2013.

Hasta 2014 no se registraron los pagos como donaciones por razones tributarias, según explicó ante el juez el exabogado de CDC Francesc Sànchez, quien también negó que los pagos correspondieran una campaña de donaciones que hubiera llevado a cabo el partido CDC para solicitar un “esfuerzo extra” a sus militantes y cargos públicos.

A día de hoy, Felip Puig preside la empresa publicoprivada Tram, que gestiona el tranvía en Barcelona; Macias es el coordinador del plan de Cercanías de Catalunya; Jané es abogado privado y Rigau está jubilada. Además de los cuatro exconsellers, De la Mata ha imputado a la actual alcaldesa de Calella, Montse Candini (JxCat); a los exdiputados de CDC Víctor Vilà y Glòria Renom; al exalcalde de Sallent Jordi Moltó, al exdirector general de Telecomunicaciones de la Generalitat Carles Flamerich; al empresario y exlíder del sector liberal de CDC Marc Guerrero; a Eduard Freixedes, otrora Eduard Garcia, director de los servicios territoriales de Interior de Catalunya Central; y al exdiputado y exalcalde de Lloret Xavier Crespo, condenado por corrupción.

El Síndic, exculpado

Por otro lado, el juez ha archivado las pesquisas contra el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, por los viajes a la final de la Champions que le pagó un empresario imputado en el caso al no apreciar suficientes indicios de delito.

“No ha quedado acreditado la existencia de relaciones comerciales o empresariales o contractuales de clase alguna” entre las empresas de Jordi Soler y el Síndic, resalta el juez, por lo que descarta que el viaje en avión y la entrada a la final que el constructor pagó a Ribó estuviera basada en cálculos económicos de futuros contratos.