En medio de la tormenta generada por la agresión racista de un grupo de mossos a un joven, el conseller de Interior, Miquel Buch, ha comparecido como imputado este martes ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por el caso del escolta del expresident Carles Puigdemont en Bélgica pagado presuntamente con dinero público. El conseller ha negado ante la jueza que fichara el sargento Lluís Escolà como asesor de la conselleria para que en realidad ejerciera de escolta del expresident, tal y como sostiene la Fiscalía.
La versión que Buch, investigado por prevariación y malversación, ha dado ante la jueza ha durado una hora, el tiempo en que la portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha tardado en comparecer tras la reunión semanal del Ejecutivo y proclamar: “El conseller Buch está investigado por hacer su trabajo, por prestar seguridad al president Puigdemont”. La Fiscalía y la portavoz del Govern, en la misma línea, opuesta a la de Buch.
Según fuentes presentes en la declaración judicial, Buch ha negado que la contratación de Escolà –que declarará como investigado el jueves– tuviera “nada que ver” con proveer una escolta a Puigdemont en Bélgica. Es más, Buch ha afirmado que no tuvo conocimiento de los viajes que Escolà realizó con Puigdemont y que el propio sargento de los Mossos se encargó de publicitar en su Twitter. En este sentido, Buch ha alegado que no seguía a Escolà en esta red social ni conocía qué hacía en sus ratos libres.
Escolà tuiteó que se encontraba en Waterloo (Bélgica) “cuidando” a Puigdemont, en agosto de 2018, un mes después de ser contratado como asesor de la conselleria. En octubre publicó en la misma red social la lista de países que había compartido con Puigdemont tras 45 semanas con el expresident –Francia, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Alemania Dinamarca, Escocia y Suecia–, a los que unos días más tarde añadió Suiza y las Islas Feroe.
En una declaración que se ha alargado más de tres horas y en la que ha contestado a todas las partes, Buch ha explicado a la magistrada Mercedes Armas que la contratación como asesor de Escolà –cesado del cargo nueve meses después de su fichaje– respondió a la falta de experiencia del conseller en asuntos de seguridad al provenir del mundo municipal y en su voluntad de conocer mejor el cuerpo.
Buch ha justificado que ninguno de los informes que le presentó Escolà como asesor ocupara más de cinco páginas y se basaran en generalidades e incluso copias de estudios anteriores en que, como conseller, quería documentos ejecutivos y no largos informes. Escolà percibió 52.712 euros mientras ejerció de asesor de Interior, entre julio de 2018 y marzo de 2019.
El sargento de los Mossos, que ya formaba parte del servicio de escoltas de Puigdemont cuando era president de la Generalitat, acompañó al expresident en su viaje a Bélgica, donde permanece desde la declaración unilateral de independencia. La División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos le abrió una investigación, que concluyó el 20 de julio de 2018 con cuatro meses de suspensión de empleo y sueldo y su traslado del área de escoltas. Ese mismo día, a propuesta de Buch, se creó una plaza de asesor en el departamento de Interior que se asignó a Escolà.
Ante la jueza, según las fuentes, Buch ha insistido en afirmar que no fichó al sargento por haber sido el escolta de Puigdemont ni para que lo continuara haciendo, sino que lo hizo a propuesta de su equipo porque era un perfil idóneo para el cargo y además otros agentes de los Mossos habían rechazado previamente la oferta porque no se querían significar políticamente. Además, ha indicado que, al tratarse de un cargo de confianza y de libre designación, no era necesario que cumpliera ningún requisito a nivel de titulación o experiencia.