Las cárceles catalanas han propuesto que los nueve presos del procés sigan cumpliendo condena clasificados en tercer grado penitenciario, el equivalente a la semilibertad. Así lo ha anunciado este jueves el secretario de medidas penales y reinserción de la conselleria de Justicia de la Generalitat, Amand Calderó. La propuesta de tercer grado deberá ratificarla en un máximo de dos meses la conselleria y la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo.
A nivel práctico, una vez la Generalitat lo ratifique, el tercer grado para los presos del procés implicará que solo tendrán que ir a dormir a prisión entre semana. Los fines de semana los podrán pasar en casa. De lunes a viernes además podrán pasar la mayor parte del día fuera de prisión, ya sea en el trabajo, realizando labores de voluntariado o cuidando de familiares. Además, con el tercer grado tendrán disponibles 48 días de permiso al año en tercer grado frente a los 36 actuales con el segundo grado.
Los nueve condenados por sedición ya podían salir entre semana de prisión, ya que las cárceles y los jueces avalaron que se les aplicara el artículo 100.2 para flexibilixar su segundo grado penitenciario para trabajar o cuidar de familiares fuera de la cárcel.
Además de poder dormir en casa los fines de semana, el mayor cambio estará en el tribunal encargado de revisar la concesión del tercer grado. Al tratarse de un asunto de clasificación penitenciaria y no de régimen carcelario –como la aplicación del 100.2–, la última palabra sobre el tercer grado la tendrá el tribunal sentenciador, esto es, el Tribunal Supremo.
Previsiblemente la Fiscalía pedirá primero al juez de vigilancia penitenciaria y luego al Supremo que revoque el tercer grado de los presos, habida cuenta de la dura oposición que ha mostrado el Ministerio Público a cualquier tipo de flexibilización -incluso permisos de 72 horas- de la vida carcelaria de los presos del procés.
Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa y Quim Forn fueron condenados a penas de entre 13 y nueve años de prisión por sedición. Los que más tiempo en prisión llevan son los 'Jordis', Junqueras y Forn, que cumplirán tres años el próximo otoño.
Como marca la ley penitenciaria, a los presos se les debe revisar la clasificación penitenciaria cada seis meses. El pasado mes de enero la Generalitat, que tiene transferidas las competencias de prisiones, ratificó la propuesta de las Juntas de Tratamiento de las tres prisiones catalanas donde permanecen los condenados por sedición. Los profesionales de las cárceles acordaron, sin unanimidad, clasificar a los presos en segundo grado, el ordinario. Este jueves, por contra, las Juntas de Tratamiento sí han alcanzado la unanimidad para proponer el tercer grado.
La evolución del segundo grado –el ordinario, donde los presos permanecen casi todo al tiempo en prisión– al tercero –más flexible y con regreso a la cárcel solo entre semana para dormir– se determina en función de su evolución en prisión, sus relaciones familiares y personales, su tratamiento penitenciario o si han devuelto el dinero, algo que no ocurre con los presos del procés porque el Supremo decidió no establecer ninguna responsabilidad civil pese a condenarles por malversación y derivó el eventual pago de la misma en otra causa en el Tribunal de Cuentas.
La conselleria manda mensajes a JxCat y al Supremo
Calderó, hombre de confianza de consellera de Justicia, la republicana Ester Capella, ha aprovechado la rueda de prensa para mandar sendos mensajes tanto al entorno de los presos de JxCat, que criticó con dureza pero no recurrió la anterior clasificación en segundo grado, como al Tribunal Supremo, que durante la pandemia advirtió de que emprendería acciones legales contra los funcionarios de las prisiones catalanas si dejaban a los presos del procés pasar el confinamiento en casa.
Respecto a las críticas de JxCat, Calderó ha afeado atribuir “intereses partidistas” a las decisiones de las Juntas de Tratamiento. “El problema no es lo que hacen las prisiones sino que un tribunal ha enviado a estos presos a la cárcel”, ha abundado, además de pedir que no se caiga en la “irresponsabilidad de usar a las Juntas de Tratamiento como arma arrojadiza”.
Y sobre el Supremo, que vuelve a tener sobre la mesa el futuro de los políticos catalanes, Calderó ha reclamado “dejar trabajar con libertad, sin amenazas ni coacciones” a los profesionales de las cárceles catalanas. “La prisión no es un sitio de venganza sino de rehabilitación y todo el mundo lo debe tener presente, incluso los que blandan cada día la Constitución española”, ha aseverado, para sentenciar: “El tercer grado no es una eximente de la pena sino una forma de cumplirla”.