Empresarios y altos cargos imputados por el 1-O en Barcelona plantean que los juzgue un jurado popular
La instrucción de la causa sobre los preparativos del 1-O que comandaba el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, fallecido este domingo, está bastante avanzada. No obstante, la Audiencia de Barcelona tiene que resolver todavía recursos de algunos los 41 imputados en la causa –empresarios, asesores y antiguos y actuales altos cargos de la Generalitat– contra las últimas resoluciones del instructor y que podrían dar un giro al caso. Varios de los investigados han pedido que la causa pase a tramitarse mediante la regulación del tribunal del jurado. De esta forma, los investigados serían juzgados por nueve personas en un jurado popular en vez de por tres magistrados de la Audiencia de Barcelona.
La clave para que sea un tribunal de jueces o uno popular el que enjuicie los preparativos del 1-O es el delito de prevaricación y su conexión con el resto de delitos investigados en la causa. Y es que si los imputados terminan procesados por prevaricación (dictar una resolución arbitraria a sabiendas), serán juzgados por tres magistrados. Pero si logran zafarse de este delito y sentarse en el banquillo por malversación, lo harán frente a un jurado.
El núcleo de los recursos es pues el mantenimiento por parte del juez Ramírez Sunyer del delito de prevaricación “de forma genérica” en los investigados en el auto por el que transformó la causa en un procedimiento sumario. “Se investiga un delito de prevaricación sin que ni tan siquiera hasta el momento se haya identificado cuál es el hecho prevaricador y quién lo ha cometido”, asevera el recurso del letrado David Aineto, que representa al trabajador eventual del departamento de Asuntos Sociales David Palanques, investigado por las webs del 1-O.
En el mismo sentido, la defensa del exdirector general de Unipost, Pablo Raventós, y el exjefe de operaciones de la compañía, Felipe Andanuche, sostiene que la presunta malversación cometida por los empresarios está “diferenciada claramente” de los supuestos actos prevaricadores en la administración que solamente pueden cometer funcionarios o autoridades, no particulares.
A ambos investigados el juez no les atribuyó hechos relativos a la prevaricación, señala el recurso del penalista Jorge Navarro, que también critica que las conductas presuntamente delictivas de ambos “aparecen indeterminadas y faltas de toda concreción”. Además, el auto del juez no presentó, a criterio de la defensa, una conexión concreta de Raventós y Andanuche con el resto de investigados que justifique un juicio conjunto para todos los imputados.
La falta de concreción del auto del juez para transformar la causa en un procedimiento de sumario también aparece en los recursos de otras defensas. El juez se limitó a exponer que las revelaciones de Santiago Vidal denunciadas por VOX y el abogado Miguel Durán que iniciaron la causa en febrero de 2017 “podrían constituir, entre otros, un delito de malversación”, relacionado con otros como prevaricación, desobediencia y revelación de secretos. Añadió que de juzgarse por separado –jurado y tribunal– se rompería la continencia de la causa, es decir, se dividiría en dos la misma investigación.
La defensa de la directora de servicios de la conselleria de Economia, Natàlia Garriga, ha replicado que no existe conexión entre el delito de prevaricación y el resto de delitos investigados, habida cuenta de que las leyes del Parlament para el 1-O y los documentos oficiales firmados por los exconsellers del Govern Puigdemont, como la convocatoria del referéndum, forman parte de la causa del Tribunal Supremo y no de instrucción 13, donde están imputados cargos intermedios, asesores y funcionarios. La letrada Laura Parés recuerda además que la causa del 1-O ya se ha roto al haberse dividido la investigación entre el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el TSJC y el juzgado de instrucción 13.
Por su lado, el abogado Andreu Van den Eynde, defensor del exnúmero dos de Junqueras, Josep Maria Jové, ha solicitado a la Audiencia de Barcelona que obligue al juez a concretar los hechos delictivos presuntamente cometidos por los investigados ante la “falta de concreción” del instructor. En la misma línea se ha expresado el letrado Ramon Setó, que representa a varios altos cargos, y que ha reclamado un nuevo auto de incoación de sumario “que motive adecuadamente los presuntos hechos cometidos y su tipicidad” delictiva para no vulnerar el derecho de defensa de los investigados.
En círculos judiciales no se albergan dudas de que la petición busca obtener de cara al juicio un jurado con el máximo número posible de ciudadanos favorables a la independencia, que en una causa con un componente político tan elevado podrían inclinarse favorablemente por la absolución. Si se trasponen los datos de los sondeos y las elecciones celebradas hasta la fecha, los miembros independentistas del jurado rondarían el 50%. Un buen porcentaje, de entrada, para intentar desequilibrar la balanza de la Justicia a favor de las defensas.
