El síndrome del domingo por la tarde es un conjunto de sensaciones recurrentes propias de ese momento de la semana, cuando se juntan la tristeza por el fin del descanso que se acaba, la ansiedad ante el momento intenso que ya llega y la calma de unas horas destinadas a la espera. El Sunday blues, como se conoce este sentimiento en inglés, ha llenado la política catalana esta última semana, desde el pleno del Parlament y las ruedas de prensa del Govern a las intervenciones de los políticos de todo color.
Todo está a la espera de este lunes, fecha que manejan los partidos para que el Tribunal Supremo publique la sentencia contra los 12 líderes independentistas acusados en el juicio del procés y que, según ha confirmado este sábado la agencia EFE, será por sedición. Un antes y un después que, además, impactará de lleno en el calendario electoral, a menos de un mes de la repetición de las generales y con el independentismo catalán en el centro del debate de la precamapaña.
En medio del clima general de cautela, todos los partidos se preparan para acomodar sus estrategias a las condenas de los líderes encarcelados y a las protestas que se desatarán en la calle. Entre los partidos no independentistas, los socialistas verían como la condena por sedición se acomoda a la petición que hizo la Abogacía del Estado, que depende del Gobierno de Pedro Sánchez, y que cambió a última hora su calificación tras apostar, al igual que los fiscales, por la rebelión durante toda la investigación. Esto provocó que el anterior abogado del Estado en la causa del procés, Edmundo Bal, abandonara la Abogacía y pasara a Ciudadanos.
Aunque finalmente no contemple la rebelión, una condena por sedición pondría el sello judicial a la tesis que vienen defendido los partidos no independentistas, esta es, que el independentismo trató de imponer su proyecto político al conjunto de la sociedad catalana fuera de la ley. Con todo, la negativa a la rebelión implicaría un revés PP y Ciudadanos, que han insistido en tildar a los acusados de “golpistas” y acusarlos de promover un “golpe de estado”, algo no contemplado por la sedición.
Por su lado, los independentistas vienen defendiendo que el resultado del juicio solo puede pasar por la absolución o, como mucho y según lo admitido por algunas defensas, por una condena por desobediencia. Una condena que pase de ahí será vista por el independentismo como la consecuencia final de una vía represiva emprendida por el Estado tras formarse el primer gobierno abiertamente secesionista, en enero de 2016. La alcaldesa de Barcelona y líder de los 'comuns', Ada Colau, se sumó también a la petición de absolución en la pasada Diada.
Diversas voces en el independentismo, como Joan Tardà en este diario, han trazado un paralelismo entre el veredicto que se está a punto de dictar desde el Supremo y el que, en junio del 2010, derogó y reinterpretó varios artículos del Estatut de Autonomía catalán. Aquello supuso, según esta tesis, una “ruptura emocional” entre una parte de los catalanes y el sistema judicial español que, ahora, advierten en el independentismo, podría repetirse multiplicada.
La reacción, desde el Parlament
Más allá del terremoto social que puedan suponer las condenas, cuyos efectos solo podrán medirse con el tiempo, el independentismo hace meses que habla de dar una “respuesta” al veredicto del tribunal. Una réplica que, pese a las promesas, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha sido incapaz de consensuar con el conjunto de actores independentistas, los tres partidos y las dos principales entidades sociales. Con todo, Torra sí se ha comprometido a llevar cualquier paso que dé a la Cámara catalana, donde el independentismo cuenta con mayoría.
El camino conjunto que, a duras penas, han trazado en los últimos meses el conjunto de corrientes secesionistas tiene como horizonte reclamar la amnistía para todos aquellos acusados que acaben condenados. Una apuesta de máximos pero que conecta con el imaginario catalán de la transición, en la que se pedía “libertad, amnistía y Estatut de Autonomía”. La campaña por la amnistía, sin embargo, no cuenta con el aval completo de los 'comuns', que la consideran poco viable y apuestan por una reforma de los delitos de rebelión y sedición en el Código Penal, que tendría efectos retroactivos y dejaría libres a los presos en caso de condena.
El mayor punto de unión entre independentismo y 'comuns' sigue siendo la autodeterminación. Pero, esa respuesta desde el Parlament, por muy declarativa que sea, podría conllevar ahora riesgos de tipo penal, después del aval a la desobediencia que aprobó la mayoría independentista de la Cámara y de que el Constitucional, a petición del Gobierno, haya advertido a Roger Torrent de que no debe desarrollar resoluciones que hagan referencia a la autodeterminación. De esta forma el Ejecutivo de Pedro Sánchez pone presión sobre los responsables del Parlament, que podrían ser procesados por desobediencia si aceptan debates e iniciativas sobre esta cuestión en la Cámara.
El “corsé del Estado contra el Parlament”, según define el expresident Carles Puigdemont, ha llevado al líder independentista a lanzar desde su residencia en Waterloo su propia propuesta: vehicular cualquier reacción a la sentencia desde una Asamblea de Cargos Electos. Este foro es una idea recurrente en los planes independentistas, pero nunca se ha llegado a poner en marcha. La idea de Puigdemont pasa por dotarse de esta especie de parlamento paralelo que, junto a su Consell per a la República –formalmente, una entidad privada–, completaría la estructura de un gobierno y su poder legislativo.
Sin embargo, la idea ha pasado por el momento sin pena ni gloria entre el resto de actores independentistas, que no tienen previsto sumarse a los planes del expresident. La CUP ni siquiera ha aceptado la silla que el expresident les ofrecía en su entidad, y desde ERC aseguran que no están interesados en pasos “simbólicos” sino únicamente en aquellos que “pueden hacer avanzar”, sin concretar qué incluye y qué no esa categoría.
Una protesta “activa” desde la no violencia
Una de las tendencias que ha vivido el independentismo civil desde el punto álgido de octubre de 2017 es la atomización de las entidades en las que se organiza. Si tradicionalmente fueron Òmnium y la ANC las dos organizaciones que reinaron en el universo independentista, ahora los mucho menos institucionales CDR comparten escena con campañas puntuales, como la que se lleva a cabo bajo la marca de Tsunami Democrático, y propuestas diversas que se deben más al boca a boca que a una organización en concreto.
A la vez, el movimiento social ha mostrado cierto cansancio a la hora de acudir a las manifestaciones, como demostró la menor afluencia en la última Diada, y ha optado por acciones menos masivas pero de carácter más combativo. Por ejemplo, la ANC comenzó una polémica campaña llamada de “consumo estratégico”, que en la práctica llamaba a sus acólitos a boicotear a las empresas que se han manifestado contra la independencia. También los CDR han llevado sus protestas otro nivel, apostando en algunos momentos por cortar carreteras o levantar peajes de autopistas.
Esta atomización de los movimientos, unida a una tipología de protestas que ya no se limitan a marchar por el centro de la ciudad, preocupa a ciertos sectores del independentismo institucional, sobre todo después de las detenciones de siete miembros de los CDR hace unas semanas, a los que se acusa de terrorismo. Este viernes la coordinadora de estos grupos ha reafirmado su compromiso con las acciones de no violencia y el rechazo de cualquier grupo que persiga dañar a personas.
A todo ello, el cuerpo de los Mossos d'Esquadra, cuestionado por la Fiscalía en el juicio, vuelve a estar bajo el foco por su papel para contener las eventuales protestas. Al anuncio de que en caso necesario el cuerpo emplearía el gas pimienta le siguió la destitución de la jefa de prensa de la conselleria de Interior. Unos días después, dimitía el jefe político del cuerpo que había chocado en varias ocasiones con Torra por la actuación de los antidisturbios contra los CDR. La guinda ha sido la polémica con el jefe de la Guardia Civil en Catalunya. Los agentes, como ya hicieron en el otoño soberanista, insisten en que se les deje fuera del debate político y que su trabajo solo es cumplir la ley.