Catalunya estrena la fase de la distensión

Los indultos son el primer paso, necesario pero insuficiente. En eso coinciden tanto en ERC como en Junts. Los primeros se muestran prudentes aunque esperanzados y conscientes de que el camino que se inicia ahora está lleno de minas. Los segundos son más que escépticos respecto a que la negociación con el Gobierno acabe fructificando y pese a que reconocen que los indultos favorecen la distensión, los consideran también una manera de maquillar lo que denominan “un regreso al régimen del 78”. En el partido de Puigdemont no tienen ninguna fe en que se pueda encarrilar una solución y así lo expresan en público. Pero por contrato, el acuerdo de gobierno firmado con los republicanos, están obligados a sentarse en la mesa de diálogo y a explorar esta vía. 

La retórica, sin la que no se entiende la estrategia del secesionismo, no va a abandonarse. No lo hará Junts, pero tampoco ERC, aunque sea con matices. Oriol Junqueras, autor del artículo que la Moncloa reclamaba para allanar el camino, es el mismo que defiende que el indulto debe verse como un triunfo porque muestra, en su opinión, las debilidades del Estado. La diferencia respecto a la anterior legislatura, como pudo comprobarse en el discurso de Pere Aragonès ante los empresarios del Cercle d'Economia es que, además de retórica, los republicanos quieren hacer también política y no quedarse solo en las gesticulaciones que tanto gustan a una parte del electorado independentista. 

Fuentes de ERC explican que el mensaje que llevan tiempo trasladando a la Moncloa es que sin los indultos sería muy complicado abrir una nueva etapa en Catalunya y que al concederlos se carga de razones a los que defienden que la apuesta por el diálogo da sus frutos. El Gobierno ha ido informando a los republicanos de los pasos que tenía previstos, con la misma discreción con la que se acordó cómo sería la carta de Junqueras. En ERC aseguran que en el Gobierno son conscientes de que los varapalos que la justicia europea ha dado a la española han hecho mella y citan como ejemplo la votación de este lunes en el Consejo de Europa, simbólica y en una asamblea de parlamentarios poco conocida, pero que ha sido celebrada como un éxito por los partidos independentistas. “Este informe es la primera gran victoria política del independentismo en el exterior”, ha resumido el hombre fuerte de Junts en el Govern, el conseller Jordi Puigneró.   

En el calendario que tiene diseñado la Moncloa primero iban los indultos, después la reunión entre Pedro Sánchez y Aragonés y posteriormente la mesa de diálogo. En el Gobierno consideran que ahora a quien le tocaría mover ficha y corresponder con otro gesto sería a los independentistas. De momento, este domingo Aragonès asistirá a la cena que preside el rey con motivo de la inauguración del Mobile World Congress. En la Generalitat insisten en que no existe ningún cambio de criterio respecto a la presencia en los actos en los que participa el monarca, pero lo cierto es que la semana pasada el president no asistió a una cena parecida, en ese caso convocada por el Cercle d’Economia, pese a que en la recepción previa no pudo evitar la foto con Felipe VI. 

Desempolvar la declaración de Pedralbes 

La cita entre los dos presidentes se producirá antes de irse de vacaciones, tal y como estaba previsto, mientras que la mesa para iniciar la negociación entre ambos ejecutivos podría dejarse para después del verano. Para entonces, Sánchez ya habrá remodelado su Ejecutivo para darle un perfil mucho más político, y las medidas sociales tomarán un mayor protagonismo. Ahí, reconocen fuentes republicanas, el Gobierno puede tener un buen aliado en los 13 diputados de ERC.  

Tanto Sánchez como Aragonès, en sendas comparecencias sin preguntas ante los periodistas para valorar la aprobación de los indultos, apelaron a la necesidad de regresar a la política. Para los socialistas el punto de llegada puede ser una reforma del Estatut que permita desandar el camino que sentenció el Constitucional. Esta es una propuesta que satisface a los sectores empresariales que están apoyando la estrategia de Sánchez con Catalunya y que han dado la espalda a Pablo Casado. Pero para los independentistas, hoy por hoy, ese no es ni un punto de partida e insisten en que su propósito es lograr un referéndum pactado y que pueda contar con aval internacional. 

La parte catalana pretende retomar las conversaciones donde se frustraron: en la declaración de Pedralbes. Sánchez y el entonces presidente catalán Quim Torra acordaron, durante su reunión en el palacete barcelonés, el 20 de diciembre de 2018, un texto con el que el Gobierno reconocía la “existencia de un conflicto” de carácter político.

En ese documento, el Gobierno se comprometió a buscar soluciones “en el marco de la seguridad jurídica”, sin mención expresa a la Constitución. Pero, entre esas posibles soluciones a explorar, y por más que ERC y Junts sigan dando la batalla, Sánchez siempre ha descartado un referéndum de autodeterminación.    

Aunque para llegar a los indultos ha habido negociación, para los independentistas la partida empieza ahora. Tienen por delante dos años, los que quedan de legislatura en Madrid y los mismos dos que se ha dado el Govern para revisar si el diálogo ha dado algún fruto. ERC se comprometió con la CUP a evaluar cómo avanza la negociación y a someterse a una cuestión de confianza antes de acabar el primer semestre del año 2023. Aragonès deberá pasar el examen de los 'cupaires' pero también el de sus socios de Junts. Puigneró ha avisado este martes de que, transcurridos los dos años, habrá que hacer balance y tiraba de ambigüedad para mantener abierta cualquier posibilidad: “Nuestros límites son la democracia y las urnas”.

Junqueras, “política a saco”

El grupo de presos que verán recobrada su libertad este miércoles es tan variado como sus filiaciones políticas y circunstancias personales. Así se puso de manifiesto en sus reacciones tras confirmarse que el Gobierno había concedido los indultos, una noticia ante la que algunos han reconocido su alegría mientras otros simplemente han subrayado que su compromiso político no ha cambiado. “Indultando a nueve personas no esconderán la represión que continúan aplicando contra centenares de independentistas. No cederemos: amnistía y autodeterminación”, ha asegurado Raül Romeva, exconseller de Exteriores de ERC.

El futuro de todos ellos a partir de ahora es incierto, aunque la mayoría ha transmitido sus deseos de mantenerse en la vida pública. Los indultos no afectan a las penas de inhabilitación fijadas por el Supremo y eso significa que en el caso de Oriol Junqueras no puede ocupar un cargo público hasta el 5 de julio del 2031. En ERC avisan de que su líder no tiene ninguna intención de mantenerse en segundo plano. “Va a hacer política a saco”, explica uno de sus colaboradores. Uno de los interrogantes será ver cómo se concilia su estrategia de diálogo con el Gobierno y su mayor presencia pública con la de Puigdemont, más partidario de mantener la confrontación. El regreso del expresident sigue pendiente de los tempos judiciales europeos y de una reforma del Código Penal que modifique la tipificación del delito de sedición.

También Jordi Sànchez volverá a casa con un importante cargo político, el de secretario general de Junts. El expresidente de la ANC se ha convertido en este tiempo en uno de los políticos con más mando en su espacio y un referente destacado en la construcción del nuevo partido de Puigdemont tras la ruptura con el PDeCAT. Jordi Turull también ocupa actualmente un papel destacado en Junts, en su caso como vicepresidente. 

Sin adscripción a ningún partido aunque con un ascendente incuestionable, Jordi Cuixart sigue siendo presidente de Òmnium Cultural, y su figura es seguramente la única que no está cuestionada por ninguna de las múltiples familias del independentismo. Dentro de la cárcel ha intentado, con más bien poco éxito, que los presos de ERC y Junts limasen sus diferencias.  

Resto de encausados 

El presidente del Gobierno trazó con claridad el perímetro del perdón en el discurso que pronunció este lunes en el Liceu. “Nueve personas”, describió a los líderes independentistas en prisión, “que asumieron las responsabilidades de sus actos”. Con esta fórmula, Sánchez dejaba fuera de cualquier medida tanto a Puigdemont como a Marta Rovira y el resto de políticos que se mantienen fuera del alcance de la justicia española. Pero también esquivaba responder a uno de los interrogantes que se han planteando reiteradamente en los últimos días: ¿qué hay del resto de encausados a la espera de sentencia o, incluso, ya sentenciados?

Este es un grupo tan variopinto que incluso se hace difícil su recuento. Los independentistas hablan de “3.300 represaliados”, entre los que incluyen a todo tipo de manifestantes, alcaldes llamados a declarar y personas con causas que tienen origen después del otoño de 2017. Sin embargo, el Consejo de Europa en el informe aprobado esta semana, que no tiene carácter vinculante pero sí simbólico, acota esta cifra y se centra en señalar a los presos indultados, a los políticos que están en el exterior con euroórdenes activas, además de los altos cargos del Govern procesados, que son en torno a una sesentena. 

Para estos últimos el informe aprobado reclama que se abandonen los procesos pendientes contra ellos, una medida en la que entraría uno de los hombres claves de ERC en estos momentos: Josep Maria Jové. Él era en 2017 el número dos de Junqueras, se le considera el encargado del diseño del referéndum del 1-O, y actualmente es el presidente del grupo parlamentario de ERC, además de formar parte habitualmente de las mesas de diálogo con el Gobierno. A falta de que se formulen las acusaciones contra él, afronta delitos que pueden suponer varios años de cárcel, como la malversación o la falsedad documental. Para ERC no habrá salida buena si no hay una solución para dirigentes como Jové. De ahí la insistencia en reclamar una amnistía que el Gobierno descarta y que la Constitución no contempla. El independentismo ha recogido y entregado 200.000 firmas en el Congreso para reclamar una ley que la ampare.