Pere Aragonès se ha hecho un Pedro Sánchez. Pese a haberse resistido a avanzar las elecciones, al final ha escuchado a los que dentro de su partido le recomendaban que tras quedarse sin presupuestos lo mejor era ir al adelanto y no alargar la agonía. Serán el 12 de mayo.
A favor de esta decisión ha jugado que Junts aún no tiene candidato para las autonómicas aunque en este partido dan por hecho que Carles Puigdemont va a serlo, desde Bruselas o ya en Catalunya, algo que dependerá más de los jueces que de su voluntad. Lo mismo ocurrió en las elecciones de 2017, después de la aplicación del 155, en las que el lema de Junts fue “para que vuelva el president, hay que votar al president”. Puigdemont no regresó porque le habrían detenido. Siete años después, la historia se repite, pero esta vez es distinto. La amnistía cambia las cosas, aunque puede que no con la premura que necesita el líder de Junts. Si él no puede serlo, hay dos nombres que aparecen en todas las quinielas para las primarias en las que deberá escogerse el cabeza de lista: Josep Rull y Jaume Giró. La opción de Míriam Nogueras no está ahora encima de la mesa, o al menos eso aseguran fuentes del partido.
Otro elemento que ha pesado en el Palau de la Generalitat para adelantar los comicios ha sido el desgaste que Salvador Illa está sufriendo tanto por la amnistía como por el ‘caso Koldo’, según los cálculos de ERC en base a sus sondeos internos. Uno de los beneficiados de esa erosión sería el PP, que ahora está solo con tres diputados y con un líder, Alejandro Fernández, que pese a estar enfrentado a Alberto Núñez Feijóo tiene números de acabar siendo de nuevo el candidato. Además está en condiciones de recuperar votos de Ciudadanos, una formación que el 12M puede que firme su certificado de defunción.
Illa sale primero aún en las encuestas aunque con menos fuerza que hace unos meses. En la comparecencia que Aragonès protagonizó para anunciar el adelanto electoral evidenció su interés en confrontar desde ya con el candidato socialista. En el Palau lo consideran el principal adversario. El exministro lleva toda la legislatura recorriéndose Catalunya y se ha convertido en el principal interlocutor de los sectores empresariales. “Las elecciones deben permitir pasar página”, subrayó tras escuchar el anuncio del presidente de la Generalitat.
Los republicanos aseguran que no entra en ninguna de sus hipótesis, llegado el caso, investir al primer secretario socialista como president. Decir lo contrario sería como mínimo temerario puesto que nadie enseña sus cartas antes de que se haya jugado la partida. Ni ERC ni el PSC. Sus vínculos pasan también por el Ayuntamiento de Barcelona y por el Congreso, donde las alianzas entre Sánchez y los independentistas siguen vivas aunque el PSOE, consciente de la que se avecina y de cómo se iba a encarecer el precio de Junts y ERC, ha decidido renunciar a los presupuestos del 2024 e ir preparando los del 2025. Pensando también en sus expectativas, el presidente del Gobierno necesita que Illa sea president porque sería la manera de demostrar que su apuesta por la amnistía ha tenido recompensa.
En el caso de los comuns, cuyo rechazo a los presupuestos ha provocado la implosión de una legislatura a la que le quedaba un año, está por ver si su ‘no’ a las cuentas les sale bien. El partido de Ada Colau (¿dará esta vez el paso para ser candidata a la Generalitat?) y los republicanos comparten frontera, como se comprobó en las últimas generales. Sumar obtuvo siete escaños, solo por detrás del PSC y superando en votos a ERC y Junts. Un resultado que puede ser engañoso porque si hay una comunidad en la que funciona el voto dual es en Catalunya y por eso hacer la traslación de unas generales a unas autonómicas siempre es arriesgado.
Los comuns consideran que ERC se ha plegado a los intereses de Illa para obtener su apoyo a las cuentas y les molestó mucho que los republicanos apelasen a Yolanda Díaz para que rectificasen su posición en el Parlament. “A nosotros no nos manda ni Madrid ni la Caixa”, repitió en varias ocasiones la presidenta del grupo en la Cámara catalana, Jéssica Albiach, durante el pleno de este miércoles.
A ello hay que añadir (y no es menos importante) el tira y afloja que socialistas y comuns mantienen en el Ayuntamiento de Barcelona. El alcalde, Jaume Collboni, no quiere hablar de coaliciones de gobierno hasta tener amarrados sus votos para el presupuesto mientras que los de Colau, que sigue al frente del grupo municipal, pretenden que ambas cosas vayan ligadas. Ahora, con la campaña ya en marcha, todavía será más complicado.
La estocada final
El adelanto electoral pone fin a una legislatura abrupta, que ya nació tras unas elecciones inusuales en febrero de 2021 -la Justicia impidió al Govern aplazar los comicios por la pandemia-. Fue la primera vez desde la II República que ERC volvía a la presidencia de la Generalitat, pero el partido no ha logrado completar todo el mandato.
Desde el primer momento se podía anticipar que sería una legislatura con sobresaltos. Junts llevó al límite la negociación con ERC antes de investir a Aragonès. Su entrada en el Govern no evitó choques constantes entre teóricos socios, que terminaron con la salida de los consellers de Puigdemont del Govern en otoño de 2022.
Aunque los comuns habían avisado de que estaba dispuesto a mantener su ‘no’ a las cuentas pactadas entre ERC y el PSC, en el Govern no tomaron conciencia de la situación límite hasta esta semana. El presupuesto del 2024 y que ha quedado en papel mojado tras decaer por un voto (68 votos a favor y 67 en contra) incluía un aumento de 2.400 millones y establecía cuatro prioridades: educación, vivienda, seguridad y políticas para combatir la sequía. Además, por primera vez se pretendía destinar el 25% de la inversión de Salud a la atención primaria, una demanda histórica del sector. Si a ERC le costó explicar por qué no apoyó la reforma laboral que los sindicatos bendecían, a los comuns tampoco les será fácil justificar ante algunos de sus colectivos afines que hayan tumbado unas cuentas expansivas y con marcado carácter social.
Su ‘no’ estaba basado en el rechazo al macrocasino de Hard Rock, un proyecto que no aparecía en el presupuesto. Para el partido de Colau esto no era suficiente y reclamaban a Aragonès que, además, se comprometiese a no aprobar el plan urbanístico que se requiere para facilitar la construcción del complejo de ocio. El Govern asegura que frenar el plan implicaría hacer frente a una indemnización millonaria por daños y perjuicios a la empresa promotora. La realidad es que Hard Rock, un macroproyecto que se arrastra desde el 2016, está tocado de muerte desde el 29 de septiembre de 2020. En esa fecha el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) tumbó el primer plan urbanístico y puso muy difícil la construcción de un macrocomplejo al estar ubicado en un suelo afectado por el riesgo de accidentes graves provenientes de la industria petroquímica de Tarragona, ubicada a pocos kilómetros. En otras palabras: o industria química o un macroproyecto de ocio y juego. Pero las dos cosas a la vez son inviables, expusieron los magistrados.
Los comuns han hecho bandera de su oposición al proyecto aunque en el 2020, con Quim Torra como president, apoyaron las cuentas que ya incluían el encargo de comprar y vender terrenos para el complejo. Y en el 2022 apoyaron los presupuestos que diseñó el entonces conseller, Jaume Giró (Junts) que contemplaban una partida de 120 millones para Hard Rock. Estos precedentes son los que esgrimen tanto en el PSC como sobre todo en ERC para interpretar que la contundencia del partido de Colau responde a una estrategia electoral.
Sea por convicción, por electoralismo o por enfado, la posición de los comuns y el bloqueo permanente de Junts ha demostrado otra cosa. Gobernar con solo 33 diputados se antojaba más que complicado aunque ERC insistía en que era capaz de sobrevivir. Este miércoles se ha constatado que en la recta final de la legislatura es directamente imposible. Era una agonía que no ha empezado esta semana, pero que se ha evidenciado como nunca en este último pleno.