Desde hace un año, políticos y opinadores conservadores tildan el otoño soberanista catalán de 2017 de “golpe de estado” y parte del independentismo equipara a España con regímenes con la democracia en retroceso como Turquía. A nivel judicial, la Fiscalía ha calificado el proceso soberanista como un delito de rebelión al atribuir violencia, o la intención de emplearla, a los líderes independentistas. La Abogacía del Estado, por su lado, les acusa de sedición. Más de 120 catedráticos y profesores de Derecho de toda España han rechazado la acusación por los delitos de rebelión y sedición a los líderes independentista que juzgará en próximas fechas el Tribunal Supremo por no darse el elemento necesario de la violencia en el proceso soberanista.
El manifiesto, que eldiario.es publica en su integridad este jueves, supone una nueva alerta desde la academia al curso que han seguido las causas judiciales contra los líderes soberanistas. Advierten los profesores y profesoras de que la interpretación que han realizado la Fiscalía y la Abogacía “abre la puerta a la banalización” de dos delitos “prácticamente inéditos en democracia y con un pasado de triste recuerdo”. Cabe recordar que los únicos condenados por rebelión desde la restauración de la democracia son el coronel Tejero y los demás participantes en el golpe de Estado del 23-F.
Los académicos lamentan además que la Fiscalía “convierta en delito el ejercicio de derechos fundamentales” como el de reunión y manifestación. Lo hacen en base a una de las tesis de los fiscales del Supremo para sustentar la acusación por rebelión. Según el ministerio público, el plan hacia la independencia contemplaba la utilización de “la violencia necesaria” a través de los Mossos y de manifestaciones “tumultuarias” de Òmnium y ANC.
“Para la Fiscalía el peligro reside en incitar a las movilizaciones”, afea el manifiesto, que, al contrario que el ministerio público, insiste que ni la manifestación frente a la conselleria de Economía del 20 de septiembre ni los incidentes del 1 y el 3 de octubre “dan lugar a la violencia exigida” por el delito de rebelión. “Lo único que hasta ahora ha demostrado la Fiscalía es que todas las movilizaciones realizadas sólo pretendían un referéndum a través de medios pacíficos y democráticos”, añaden los académicos, que ven en los fiscales una “idea pertinaz de configurar la existencia de violencia en el 'procés'”.
Pero tampoco, a criterio de los profesores firmantes del texto, se ha producido en el 'procés' un delito de sedición porque “en ningún momento se ha aportado indicio alguno de que los imputados hayan inducido, provocado o protagonizado ningún alzamiento tumultuario con la finalidad de evitar el cumplimiento de la ley, salvo que se interprete que basta con incitar al derecho de manifestación, esto es, al ejercicio de un derecho fundamental”.
El documento ha sido promovido por los catedráticos de Derecho Penal de las universidades de Jaén, Castilla-La Mancha y Granada Guillermo Portilla, Nicolás García Rivas y María Luisa Maqueda; y por los profesores de Derecho Penal en las universidades de A Coruña y Valencia José Ángel Brandariz y Javier Mira Benavent. Al texto se han sumado catedráticos de Derecho Penal de varias universidades españolas, como Manuel Cancio (Universidad Autónoma de Madrid), Jacobo Dopico (Universidad Carlos III), Luigi Foffani (Universidad de Módena), Patricia Laurenzo (Universidad de Málaga) o Joan Queralt (Universitat de Barcelona).
Los académicos ven en la petición de penas, que llegan a los 25 años de cárcel en el caso de la Fiscalía y 12 en el caso de la Abogacía del Estado, una consecuencia del uso inadecuado de los delitos de rebelión y sedición. Y remarcan que la solicitud de varios años de cárcel es “altamente cuestionable” en base al principio de proporcionalidad que debe guiar toda interpretación jurídica.
“Sólo conculcando muy gravemente el principio de legalidad penal puede llegar a afirmarse que los imputados, a la vista de los hechos que se les han atribuido, pudieron realizar el delito de rebelión o el de conspiración para la rebelión, que requiere de un acuerdo conjunto de llevarlo a cabo con esa misma violencia”, abunda el texto, que critica que las acusaciones del caso del 1-O se hayan “separado” de la doctrina del Constitucional en relación al delito de rebelión, que exige violencia explícita por ejemplo mediante el uso de armas.
Asimismo, el documento remarca, como ya hicieron centenares de académicos al inicio de la causa, la falta de competencia de la Audiencia Nacional –la instancia que recibió las querellas contra los exconsellers y ordenó las primeras prisiones provisionales– para investigar el caso del 'procés'. Por todo ello, el manifiesto concluye reclamando la puesta en libertad de los nueve dirigentes encarcelados “por delitos inexistentes” así como una investigación de lo ocurrido durante el proceso soberanista basada en el “respeto al principio de legalidad penal, porque sólo dentro de esos márgenes puede haber oportunidad, proporción y Justicia”.