En los últimos quince días se han sucedido la declaración como investigada de Carme Forcadell, la fijación de fecha del juicio a Artur Mas por el 9-N y la detención del concejal de la CUP de Vic, Joan Coma. Tres episodios de tres causas judiciales distintas pero todas ellas relacionadas con el proceso independentista. Lejos de acabarse, las derivadas judiciales del Procés con las que está terminando el año 2016 se mantendrán en 2017.
La investigación más avanzada es la que afecta al expresident de la Generalitat, Artur Mas; y a las exconselleres Irene Rigau y Joana Ortega. Los tres irán a juicio entre los próximos 6 y 10 de febrero acusados de prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) por su papel en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.
La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para el expresident y nueve para las exconselleres. Tanto el escrito de acusación de los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled como el auto de apertura de juicio oral del juez instructor José Francisco Valls sostienen que Mas “articuló una estrategia de desafío completo y efectivo” a la suspensión del 9-N acordada por el TC cinco días antes de la consulta.
Las defensas, por contra, señalan que una vez recibida la providencia del TC los tres políticos “interrumpieron efectivamente la organización y la gestión” del 9-N, quedando la consulta en manos de voluntarios y las empresas a quien la Generalitat externalizó la votación. Es decir, que de desobediencia, nada. Por si fuera poco, afirman que la providencia de suspensión de la consulta del TC “no puede ser considerado un mandato expreso, concreto y terminante”. El 9-N también ha dejado una investigación sobre un cuarto político catalán, el exconseller de Presidencia, Francesc Homs, en este caso ante el Supremo al ser diputado en el Congreso.
Forcadell, instrucción casi lista
La causa que afecta a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, no está tan avanzada como la del 9-N, aunque la instrucción está casi lista. Todos los testigos ya han declarado y sólo queda que la jueza instructora, Maria Eugènia Alegret, analice los últimos documentos solicitados por las partes, como los precedentes en que el Parlament vetó votaciones independentistas que han pedido los fiscales este martes. El auto judicial que pondrá fin a la instrucción del caso –y que podría dejar a Forcadell a un paso del banquillo– no tardará en llegar, según sostienen fuentes judiciales.
Forcadell está investigada por desobediencia y prevaricación por permitir que el pleno del 27 de julio pasado incluyera en su orden del día y votara las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, que abrían la puerta a una vía unilateral a la independencia. Según la Fiscalía, lo hizo omitiendo la advertencia que le había hecho el Constitucional. Por contra, la defensa de Forcadell sostiene que no hubo desobediencia alguna.
El desenlace judicial del caso Forcadell tendrá consecuencias políticas. Puigdemont ha asegurado que Forcadell seguirá siendo presidenta del Parlament aunque la inhabiliten, mientras que desde ERC han planteado una eventual inhabilitación como “un punto de no retorno” que comportaría adelantar el referéndum previsto para septiembre de 2017.
Audiencia Nacional
Las causas contra independentistas que no se dirimen en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) están menos avanzadas y están en fase de instrucción. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno (el mismo que el del caso de los titiriteros), investiga al concejal de la CUP de Vic, Joan Coma, por un presunto delito de “incitación a la sedición” por apoyar en un pleno la declaración de inicio del proceso de independencia del Parlament del 9 de noviembre del año pasado. Coma ha sido detenido este martes tras plantar al juez en octubre.
También están siendo investigados por la Audiencia Nacional, aunque en este caso por un presunto delito de injurias a la corona, otros cinco militantes de la izquierda independentista por quemar fotos del rey en una manifestación durante la pasada Diada. Igual que Coma, los cinco investigados –entre ellos un concejal de la CUP en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)– se negaron a ir a declarar y fueron detenidos.
Por otro lado, el juzgado de instrucción de Berga mantiene abierta una investigación a otra política de la CUP, la alcaldesa de Berga, Montse Venturós, por negarse a descolgar la estelada del balcón del Ayuntamiento durante las últimas elecciones al Parlament y los comicios al Congreso de diciembre del año pasado.
Según la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), los tribunales ordinarios han abierto más de 400 causas contra ayuntamientos. Un centenar de ellas por no colgar la bandera española, o 58 por trabajar el 12 de octubre, como el caso de los seis concejales de Badalona. La AMI añade que un total de 124 causas se han desestimado, pero 238 están pendientes de resolverse. Sea cual sea el desenlace de las distintas causas, el Procés tendrá durante 2017 un capítulo destacado en los juzgados.