El tan manoseado Estado de Derecho necesita pocas reglas pero claras. A modo de resumen sirve la definición acuñada por Naciones Unidas en una declaración del 2012: “Todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están obligadas a acatar leyes justas, imparciales y equitativas, y tienen derecho a igual protección de la ley, sin discriminación”. Así que los ciudadanos tenemos obligaciones y los Estados también. Nosotros sabemos a qué nos arriesgamos cuando incumplimos la ley pero, ¿qué pasa cuando existen sospechas de que un Estado la ha vulnerado?
En el reportaje publicado en The New Yorker titulado ‘Cómo las democracias espían a los ciudadanos’ se desvela que al menos 65 políticos, activistas y abogados relacionados con el independentismo fueron controlados tras infectar sus teléfonos con el sistema Pegasus, que según la empresa israelí que lo comercializa solo se vende a Estados para luchar contra el terrorismo y el crimen organizado.
Hay sobradas pruebas de que se ha utilizado para espiar a políticos e incluso defensores de los derechos humanos en medio mundo y que por lo tanto la empresa NSO no comprueba cuál es el uso que sus clientes darán a este sistema de ciberespionaje. Ahora bien, si solo pueden adquirirlo los Estados y si, como avanzó El País, en España está comprobado que el CNI dispone de Pegasus, el ministerio de Defensa no puede escudarse en el secreto de sus actuaciones en caso de que se hayan intervenido teléfonos sin una orden judicial. Uno de los requisitos que teóricamente la empresa requiere para formalizar la venta de este programa es que el Estado haga constar el nombre de la agencia de seguridad que va a utilizarlo.
“Consideramos improbable que un cliente de Pegasus no español realice una operación tan extensiva en España”, concluye Citizen Lab, el grupo de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto que ha realizado la investigación conjuntamente con el periodista Ronan Farrow. El coste de este sistema hace muy complicado financiarlo sin dejar rastro a no ser que se costee con fondos reservados. A través de fuentes que exigen anonimato se ha publicado que las tarifas de NSO son de 500.000 dólares para la pieza de software (exploit) que permite acceder al dispositivo y otros 500.000 para infectar diez dispositivos. El Govern calcula que el coste de esta operación de espionaje supera los 20 millones de euros.
El primer interesado en demostrar que detrás de esta operación masiva de espionaje no están los servicios secretos españoles debería ser el Gobierno. De no hacerlo, seguirá la sospecha de que la guerra sucia contra el independentismo no acabó con la salida de Mariano Rajoy o se darán argumentos a los que consideran que el actual Ejecutivo no controla sus cloacas. Unidas Podemos ha reclamado a los ministros de Interior y de Defensa que tomen cartas en el asunto. “Tienen que rodar cabezas”, ha resumido Pablo Echenique. Interior ha negado que la Guardia Civil o la Policía Nacional hayan tenido nada que ver. Defensa no niega que se disponga de este sistema y se limita a afirmar que el Gobierno siempre actúa en base a la legalidad.
El espionaje a dirigentes independentistas, entre ellos los últimos cuatro presidentes de la Generalitat, empezó en la etapa del PP en el Gobierno y siguió con la llegada del PSOE. No se limitó al convulso otoño del 2017, que por convulso que fuese no justificaría un espionaje ilegal, sino que muchos de los teléfonos fueron infectados después. En algunos casos tras intentarlo en varias ocasiones, según se ha comprobado en esta investigación. Con el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, lo probaron hasta en 18 ocasiones y lo lograron en octubre del 2020.
El momento escogido para infectar cada teléfono responde en muchos casos a un interés político concreto. Por ejemplo, al actual president, Pere Aragonés, le espiaron como mínimo tras la sentencia del procés y cuando ERC estaba negociando con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez. Al que fuera número dos de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, le hackearon el móvil cuando sustituyó a Jordi Cuixart al frente de la entidad. Al eurodiputado Jordi Solé le espiaron en junio del 2020, cuando estaba ya preparándose para relevar a Oriol Junqueras en Bruselas. El teléfono de Quim Torra recibió hasta ocho ataques mientras ejercía la presidencia de la Generalitat entre 2018 y 2020.
Los expertos canadienses subrayan que nunca hasta ahora se habían encontrado con tantas víctimas en un caso de espionaje. No es descartable que pese a las denuncias judiciales no sepamos quién pagó por vulnerar de manera flagrante los derechos de como mínimo 65 personas por el simple hecho de ser independentistas. Los garantes del Estado de Derecho, también aquellos que reiteradamente han exigido respeto a la legalidad a los dirigentes secesionistas desde editoriales y tertulias, deberían ser los primeros en reclamar ahora la máxima diligencia para aclarar quién está detrás de esta operación, a no ser que consideren que los independentistas no merecen el mismo trato que el resto de ciudadanos solo por su ideología.