Ciudadanos ha anunciado este martes que llevará la toma de posesión como president de Quim Torra ante los tribunales, con el objetivo de que se anule. El portavoz de la formación ha anunciado que interpondrán “mañana mismo” un contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra la toma de posesión, reclamando además medidas cautelares, porque en el acto Torra no prometió ni juró explícitamente la Constitución ni el Estatut.
“Torra no respetó un trámite esencial, no se comprometió con la Constitución, más bien al contrario, lo que manifestó es que se va a saltar nuestras leyes”, ha asegurado el portavoz de la formación, Carlos Carrizosa. A su entender, deben intentar parar una presidencia que es “xenófoba” y que “rompe la convivencia”. Por esta razón el objetivo de la formación es que el TSJC anule la presidencia de Torra y que éste vuelva a tomar posesión, esta vez acatando la Constitución.
El president Torra tomó posesión el pasado jueves en una ceremonia breve en la que utilizó la misma fórmula de promesa que la utilizada por Carles Puigdemont en 2016, sin más menciones que la fidelidad al pueblo de Catalunya y al Parlament. Una promesa que no gustó al Gobierno central, al considerar que se les había impuesto una ceremonia desde la Generalitat, por lo que no enviaron a ningún representante. El Gobierno sin embargo no consideró que el acto fuese irregular.
La toma de posesión de Puigdemont ya fue llevada al TSJC en su momento por la plataforma Unión Cívica Española, pero la Fiscalía pidió su archivo al no encontrar indicios delictivos. Preguntado por esta cuestión, Carrizosa ha considera que ahora si puede prosperar porque, a diferencia de en 2016, ahora lo llevaran por la vía civil y no por la penal como ocurrió en la anterior ocasión.
Ni a nivel estatal ni en Catalunya están reguladas las tomas de posesión de los cargos públicos. La ley de la presidencia, que prevé la adquisición del cargo, no obliga a pronunciar ninguna fórmula concreta. En Ciudadanos, sin embargo, están convencidos de que el TSJC les dará la razón, pues a su entender cualquier cargo público debe acatar la Constitución.