Por si a las elecciones en Badalona les faltaba algún aliciente, la Justicia ha irrumpido en escena. El juzgado de lo penal 25 de Barcelona ha fijado para el próximo 23 de mayo, esto es, tres días antes de los comicios municipales, el juicio contra los seis concejales del antiguo equipo de gobierno progresista de Badalona por abrir el Ayuntamiento el 12 de octubre de pese a ser festivo. La Fiscalía les acusa de desobediencia y pide para cada uno 15 meses de inhabilitación.
La citación para el juicio, de la que ha informado en primer lugar L'Independent de Badalona y ha confirmado este diario, supone el envío al banquillo de los acusados de los concejales Jose Téllez, Laia Sabater, Fàtima Taleb y Francesc Duran (Guanyem Badalona en Comú) y Oriol Lladó y Agnès Rotger (ERC). Todos ellos formaban parte del equipo de gobierno de Badalona hasta que una moción de censura del PP de Xavier García Albiol, el PSC y Ciudadanos los desalojó en junio de la alcaldía.
El juicio se celebrará en dos sesiones, la primera el jueves 23 de mayo y la segunda el lunes 27, jornada de resaca electoral, cuando quedará visto para sentencia. El caso de la apertura del Ayuntamiento de Badalona el 12-O de 2016 ha dado varios giros. El juez de instrucción de Badalona archivó inicialmente la causa al valorar que los concejales investigados no desobedecieron la resolución judicial que les obligaba a mantener cerrados los locales y a no realizar actividad administrativa el 12-O.
El instructor indicó que los concejales se limitaron a practicar una “escenificación” ante la puerta de las oficinas municipales rompiendo el auto judicial, algo que no era delito porque “el derecho penal no castiga las 'performances'”. La Fiscalía recurrió y la Audiencia de Barcelona ordenó reabrir la causa, dejando a los concejales a las puertas del juicio. El ministerio público pide una multa de 29.400 euros y 15 meses de inhabilitación para cada uno de los seis concejales, mientras que los políticos reclaman su absolución.
En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso este diario, el fiscal acusa a los concejales de haber hecho caso omiso a la orden judicial de mantener cerrado el Ayuntamiento el 12-O “con evidente desprecio hacia la administración de justicia”, entrando en las dependencias municipales “a sabiendas de que no podían” para atender personalmente a los ciudadanos que quisieron hacer algún trámite.
En concreto, continúa el fiscal, los concejales rellenaron “instancias genéricas, en las que se hicieron constar los datos identificativos de los ciudadanos, datos a efectos de notificación, exposición de motivo de dirigirse a la administración y la solicitud concreta, con firma del interesado y la fecha”. Los documentos fueron registrados al día siguiente, 13 de octubre de 2016, dando inicio al procedimiento administrativo.