El Tribunal Constitucional ha pedido este martes que la Fiscalía informe sobre la posible comisión de un delito por parte del presidente del Parlament, Roger Torrent, y el resto de miembros independentistas de la Mesa, por haber tramitado una moción independentista sobre la autodeterminación en contra de la prohibición del Alto Tribunal. Se trata de la segunda vez que el Pleno del TC adopta esta decisión, que los magistrados han adoptado por unanimidad.
Con esta decisión el tribunal reclama al Ministerio Fiscal que abra el proceso penal contra el propio Torrent (ERC), el vicepresidente Josep Costa (JxCat), el secretario primero Eusebi Campdepadrós (JxCat) y a la secretaria cuarta, Adriana Delgado (ERC). Según entienden los magistrados, los cuatro incumplieron una resolución del TC en el mes de noviembre, cuando votaron a favor de tramitar una moción de la CUP en la que se reiteraba la voluntad del Parlament de “ejercer el derecho de autodeterminación de forma concreta”.
La moción de los anticapitalistas acabó llegando al pleno de la Cámara catalana el 12 de noviembre del año pasado, lo que provocó que el Constitucional avanzara la hora de su reunión semala ordinaria para suspender las resoluciones impugnadas. Aunque el tribunal acordó dejar en el aire las decisiones antes de que el Parlament las aprobara, desde el legislativo catalán consideraron que no se había notificado esta decisión, por lo que no se incumplía ningún mandato concreto.
Esta es la segunda vez que el Constitucional cuestiona a Torrent en lo que va de año. El pasado 28 de enero, los magistrados ya dio los primeros pasos para abrir una causa por desobediencia. La petición hecha hace dos semanas no ha tenido respuesta por el momento por parte del Ministerio Fiscal.
Tanto el de enero pasado como el acuerdo adoptado ahora por el Constitucional responde a la petición realizada por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado 31 de octubre, antes de las últimas elecciones generales y cuando aún no se había alcanzado el acuerdo de investidura con Esquerra Republicana para la investidura de Pedro Sánchez. Entonces fue la Abogacía del Estado quien reclamó al Constitucional que tomara cartas ante una posible desobediencia del Parlament en este asunto.