Los mandos contradicen al exnúmero dos de Interior y afirman ante el juez que sí recibieron la orden de actuar el 1-O
Los mandos de los antidisturbios de la Policía Nacional que comandaron el operativo del 1-O sobre el terreno sí recibieron una orden para actuar. Así lo han afirmado cuatro de estos mandos en su declaración como imputados este jueves ante el juez de Barcelona que investiga la intervención policial para impedir el referéndum. La versión de estos cargos intermedios contradice la ofrecida por el entonces secretario de Estado de Seguridad y número dos del Ministerio del Interior, José Antonio Nieto, que negó que se hubiera dado orden alguna para actuar. “Nunca, no hay un momento en el que se diga 'intervención ya'”, afirmó en su declaración como testigo ante el juez el pasado mes de julio y que reveló eldiario.es.
A diferencia de Nieto, los cuatro inspectores sí han proporcionado al juez el momento en que su “superioridad” les ordenó actuar y acudir a los centros para facilitar la intervención de urnas y papeletas, tal y como había ordenado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Fue entre las 8:00h. y las 9:00h., cuando se constató, según su versión, la inacción de los Mossos d'Esquadra para frenar la votación. En esa hora todavía no habían abierto los centros y los cuerpos estatales no habían recibido la petición de auxilio de la policía autonómica para cerrar los centros, que fue enviada a las 9:11h.
De hecho, los mandos han explicado que desde las 7:00h. permanecían apostados con sus unidades en “zonas de reacción” cercanas a los colegios, a la espera de acontecimientos. Sobre las 14:00h., han agregado, recibieron la orden de ir a comer al barco del puerto, ya que por la tarde acudieron a vigilar edificios estatales.
¿Y quién fue la “superioridad” que dio la orden? La pregunta del millón tampoco se ha respondido por completo este jueves tras más de dos años de investigación. Según fuentes de las acusaciones que ejercen los heridos y el Ayuntamiento de Barcelona, uno de los mandos investigados, a preguntas del juez, sí ha precisado que la orden provino del jefe de las unidades de intervención policial, José Miguel Ruiz Iguzquiza, que se encontraba en el centro de mando (CECOR) de la Policía Nacional el 1-O ubicado, según las mismas fuentes, en Vía Laietana.
Otras fuentes presentes en la declaración, sin embargo, matizan que no ha quedado claro de quién se trataba la “superioridad”, ya que los jefes han hablado indistintamente del “CECOR” y de un superior jerárquico inmediato al que se han referido como “Marte”. Según estas mismas fuentes, los inspectores han explicado que las órdenes que recibieron fueron “similares” a las de otros operativos, basadas en la “congruencia, oportunidad y uso proporcionado de los medios policiales”. También han relatado, como otros agentes investigados, un ambiente “hostil” en los centros y han negado extralimitación alguna en el uso de la fuerza.
Los cuatro inspectores que han declarado este jueves, junto a otros cuatro que comparecerán ante el juez el lunes, lideraron los equipos mixtos de unidades de antidisturbios y de información de la Policía que se desplegaron el 1-O en Barcelona. Se dividieron la ciudad en ocho zonas –por criterios a día de hoy desconocidos– y determinaron el número de efectivos necesario para la actuación en los colegios, circunstancias que también determinaron la presencia física del jefe de unidad en un colegio u otro. Es decir, que no todos estuvieron físicamente en cada uno de los colegios donde se intervino.
Tanto Nieto como el coordinador del dispositivo, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, señalaron a estos jefes como los responsables que tomaron las decisiones sobre la intervención en los centros. Este jueves los mandos han revelado un nuevo escalafón en la cadena de mando, que puede alargar todavía más la instrucción de un caso que acumula casi medio centenar de policías investigados.
La citación como investigados de estos ocho inspectores se ha producido después de que la Audiencia de Barcelona ordenara al instructor profundizar en la cadena de mando del operativo. Las magistradas de la Audiencia sostuvieron que “las consignas a los agentes” de los responsables del operativo deben servir para determinar si el uso de la fuerza concreto hacia los votantes fue proporcional o no a la situación en el colegio. Si no lo fue, advirtieron las magistradas, el “responsable” de decidir la intervención deberá responder penalmente por las lesiones ocasionadas a los votantes por sus subordinados.
