Los dos mayores casos de corrupción que han sacudido a Convergència en los últimos tiempos han coincidido por unos minutos en la sala de vistas de la Audiencia de Barcelona. El tesorero de CDC, Andreu Viloca –imputado en la investigación del caso del 3% que lleva un juez de El Vendrell– ha comparecido como testigo en el juicio del caso Palau. Viloca se ha desententido del caso Palau alegando falta de “memoria histórica”, ya que no era el tesorero del partido en el momento de los hechos.
Como era previsible, la declaración como testigo de Viloca no ha aportado más detalles de los que ya se conocen sobre la financiación irregular de CDC a través del Palau. Los responsables de las finanzas del partido los que la Fiscalía acusa de ir al Palau a recoger sobres con dinero de Ferrovial son Carles Torrent (fallecido en 2005) y Daniel Osàcar (para quien pide siete años y medio de cárcel). Viloca, que por indicación de su abogado no ha contestado a algunas preguntas alegando su condición de investigado por el 3%, cogió el relevo de Osàcar en 2011.
El abogado de la Federación de Vecinos de Barcelona, Àlex Solà, ha sido el único que ha preguntado directamente a Viloca por el trasvase de fondos entre la fundación de CDC, la Trias Fargas, y el partido, que según los investigadores, fue una de las vías a través de la que las comisiones de Ferrovial terminaron llegando a la formación nacionalista.
“Hace mucho que estoy fuera de este circuito y no tengo memoria histórica”, ha respondido el extesorero, junto a otras evasivas como que la pregunta no tenía que ver con los hechos enjuiciados o que el letrado le hacía cuestiones sobre una época que él “no controlaba”. El interrogatorio ha finalizado después de que el abogado de Osàcar y CDC en el juicio del Palau (y de Viloca en el 3%), Xavier Melero, recordara que los préstamos entre la fundación CatDem (antigua Trias Fargas) y el partido son objeto de investigación en el juzgado de El Vendrell.
La UDEF sí ve comisiones
Por contra, quien sí ha descrito vías de financiación irregular convergente ha sido el inspector jefe del grupo 24 de la brigada de blanqueo de capitales de la UDEF. En su declaración como testigo, ha ratificado el contenido del informe que elaboró y firmó en febrero de 2012 en el que concluyó que la constructora Ferrovial financió de forma ilegal a CDC con “comisiones ilícitas” vehiculadas a través del Palau. “Estoy completamente seguro”, ha asegurado en este sentido.
En su informe, el inspector de la UDEF aseguró que Ferrovial utilizó empresas intermedias “utilizadas como capas de cebollas interpuestas” para hacer llegar los fondos a CDC. “Sobre Ferrovial, mi conclusión es que las donaciones [de Ferrovial al Palau] no son tal, se trata de una comisión ilícita que en este caso, para mí, servía luego para financiar al partido político”, ha indicado.
El inspector también ha constatado la imposibilidad de localizar el destino de 9,6 millones de euros (del total de 34 al que asciende el expolio) que se retiraron de cuentas del Palau. El motivo es que ni las extintas Caixa Catalunya ni Caja Madrid identificaron a la persona que cobró los cheques al portador o sacó dinero en efectivo de las cuentas del auditorio. El inspector ha acusado a los trabajadores de las entidades de hacer la vista gorda y saltarse las normas bancarias y los procedimientos internos que obligaban a identificar a los cobradores de cheques por “la confianza” que tenían en Millet y Montull.
Y también han declarado este martes media docena de agentes de los Mossos d'Esquadra que participaron en la entrada y registro de las casas de Fèlix Millet y Jordi Montull. Lo que encontraron en la caja fuerte da cuenta del modo de funcionar del exresponsable del Palau: todo en efectivo. En concreto, 1,8 millones de euros en billetes de 500 “muy nuevos”, que según han dicho que les explicó Millet, eran para gastos “diarios”.