Un juez de instrucción de Cornellà de Llobregat (Barcelona) ha imputado por desobediencia el 1-O a la mayor parte de la cúpula de los Mossos d'Esquadra bajo el mando del major Josep Lluís Trapero. El juez ha citado como investigados a cuatro comisarios, entre ellos el exjefe de los Mossos tras el cese de Trapero, Ferran López; así como a dos intendentes y a la jefa del servicio de asesoría jurídica de la policía catalana. Todos ellos conformaban la jefatura de los Mossos que organizó el dispositivo de la policía catalana el 1-O.
En concreto, el titular del juzgado de instrucción 3 de Cornellà, Antonio Baños, ha acordado citar como investigados para el próximo 13 de diciembre a López, excomisario jefe de la comisaría superior de coordinación territorial, ahora adjunto al jefe policial de los Mossos, Miquel Esquius, que no está investigado. El mismo día comparecerán el excomisario jefe de coordinación central, Joan Carles Molinero (que ocupa a día de hoy a la jefatura de tráfico en la policía catalana), y el excomisario jefe de la comisaría de planificación de seguridad, Emili Quevedo.
Un día antes declararán la jefa del servicio de asesoramiento jurídico de la dirección general de la policía, Maria Pilar Martí, que se mantiene en el cargo; el excomisario de la prefectura, Francisco Javier Gámez, ahora coordinador de recursos operativos; el exintendente de la comisaría superior de coordinación central, Antoni Verger, que ya no está en la prefectura; y el exintendente jefe de la división técnica de planificación de la seguridad, Amadeu Domingo, ahora subjefe de la región metropolitana sur.
El instructor intentó que la causa fuera asumida por la Audiencia Nacional, que ha procesado por sedición a Trapero, la intendente Laplana y la antigua cúpula política de los Mossos, pero la magistrada Carmen Lamela lo rechazó. Antes del verano el juez aceptó que el partido ultraderechista VOX se personara en la causa como acusación popular.
A criterio del instructor, la actuación de los siete mandos policiales “es de naturaleza conjunta y colegiada” y no se dedicaron solamente a obedecer las órdenes de Trapero. En consecuencia, el juez ve necesario citarles a todos como investigados para determinar su papel en la desobediencia que supuestamente habrían practicado los Mossos al auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que les ordenaba impedir el referéndum.
En este sentido, el juez destaca que tiene “indicios fundados de criminalidad”, en base a la documentación de la causa, de que el dispositivo policial de los Mossos el 1-O, que la cúpula policial organizó, estuvo dirigido a “no dar cumplimiento a los órdenes judiciales” para evitar la votación.