Los intentos del Govern para traer a observadores internacionales del referéndum quedaron constatados en los documentos y los correos electrónicos que la Guardia Civil incautó al exconseller de Exteriores, Raül Romeva, y a sus colaboradores. El intercambio de mensajes en los meses previos al 1-O incluye una parte poco conocida de la operación: las negociaciones sobre los honorarios que se tenían que abonar a los observadores y a las organizaciones internacionales que viajaron a Catalunya en la fase unilateral del 'procés'.
“Nos tenemos que ajustar a un máximo de 60-70.000 euros”, reza el correo que envió el pasado 31 de mayo el por entonces jefe de gabinete de Romeva, Iván Altisent, a Romeva; el secretario general de la conselleria, Aleix Villatoro; y el secretario general del Diplocat, Albert Royo. Se refiere Altisent a la propuesta del canadiense Instituto de Investigación sobre la Autodeterminación de los Pueblos y las Independencias nacionales (IRAI, por sus siglas en francés).
Además de hablar de dinero, el correo concreta que la propuesta a IRAI excluye la logística y la estancia en Barcelona de la delegación internacional. “Tenemos que valorar cómo lo haremos”. Y también detalla que la organización canadiense “gestiona o coordina pero el documento es de los expertos que lo entregan al Govern”.
Royo contestó un día después el correo. El jefe del Diplocat recalcó que había conseguido recortar los gastos en “honorarios” y en el “experto mediático” del IRAI, y que el monto ascendía a 66.660 euros. “Ok a la idea que el informe es de los expertos y estos lo entregan al Govern. Proponen que se diga en algún sitio que el IRAI ha coordinado el informe o que se ha hecho bajo su paraguas”, añadió. “Perfecto, gracias por todo a todos”, respondió Romeva.
Una semana antes, Romeva, Villatoro, Royo y el resto de la cúpula de la conselleria recibieron por correo electrónico el memorándum que firmaron el IRAI y el departamento “sobre la observación del referéndum de autodeterminación del [...] de 2017”. Cabe recordar que Puigdemont no anunció que la votación sería el 1 de octubre hasta el 9 de junio del año pasado.
El presidente del IRAI, Daniel Turp, presentó en Barcelona el 14 septiembre del año pasado un informe en que defendía que el “éxito” del 1-O dependería de la participación. Su estudio también avalaba la ley del referéndum aprobada por los independentistas pese a que fue aprobada en una tensa sesión donde la oposición denunció constantes vulneraciones de derechos por parte de la mayoría.
A finales de junio del año pasado, Royo informó a Romeva de que había “una posible organización interesada en la observación”, a la que pidió detalles del proyecto. El conseller le dio el visto bueno, y un mes después, Royo recibió de parte de un hombre llamado Lloyd un correo por el que le detallaba los honorarios de la misión de observadores.
“Notará que la tarifa diaria es considerablemente más alta, pero creemos que será el mínimo necesario para que un candidato de alta calidad represente a la misión”, reza el correo en inglés, en el que se adjunta una tabla con los honorarios y gastos de manutención y transporte para el jefe de la misión y distintos tipo de analistas –legal, político, mediático. El conjunto asciende a 145.771, 94 (no se precisa si euros u otra moneda). Romeva aceptó la propuesta el 29 de junio. “Entiendo que tenemos que decir que sí. No tenemos margen para negociar más. Hagamos nuestro trabajo y si revienta que quede claro quién ha cumplido y quién no”, dice el exconseller en un correo enviado a Villatoro y Altisent.
La Guardia Civil vincula este correo y este grupo de observadores con los pagos por valor de 164.821,61 euros que el Diplocat –no la conselleria– abonó la empresa de la exdirectora de la comisión electoral de Nueva Zelanda Helena Catt. Los catorce expertos recibieron 112.993 euros en concepto de honorarios, a los que hay que sumar otros 52.000 euros en los gastos de alojamiento y transporte. La lista de observadores incluye a Lloyd Dalziel y John Ault, cuyos nombres de pila aparecen en los correos.
El Instituto Armado ha acreditado que el Diplocat pagó aviones y el hotel de estos observadores en el Passeig de Gràcia, pese a que Royo certificó que los gastos no tenían relación con el 1-O. Cuando acudió a declarar como imputado en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Royo sí admitió que el Diplocat pagó el viaje a los observadores, pero negó que fuera por orden de la Generalitat.
En este sentido, Royo recordó que el Diplocat no forma parte de ninguna conselleria del Govern, sino que es un consorcio público privado con personalidad jurídica propia. En su consejo, además del Govern, participan varios ayuntamientos como el de Barcelona y el de Lleida, las diputaciones provinciales, sindicatos, entidades del tercer sector, bancos y el F.C. Barcelona. No obstante, en base a los correos entre Royo y Romeva los investigadores ven claro que la conselleria de Exteriors y el Diplocat estaban coordinados para traer a observadores el 1-O.
La relación entre la conselleria de Exteriores y el Diplocat, sin embargo, no siempre fue tan estrecha. En los correos incautados a Romeva se incluye un e-mail que el por entonces conseller envió el 27 de septiembre del año pasado a sus colaboradores por el que propone trasladar a Royo que algunos medios de comunicación usan el Diplocat “con voluntad de menospreciar el trabajo del departamento de Exteriores”. “No conviene a nadie que se instale la idea de que el Diplocat va a la suya y que los éxitos exteriores son sólo del Diplocat”, reza el texto de Romeva.
“Me preocupa que haya alguien que, amparándose en la necesaria discreción [de la conselleria], quiera menospreciar el trabajo hecho desde Exteriores”, reza el texto que Romeva envió a Altissent y a Villatoro. Del análisis del correo de Romeva efectuado por la Guardia Civil se desprende que la queja al Diplocat no se llegó a enviar.