La CUP se ha autoinculpado ante la Justicia por el referéndum dos meses y medio antes del referéndum. En un escrito, la CUP ha comunicado al juzgado de instrucción 13 de Barcelona su deseo de personarse como persona jurídica investigada –es decir, imputada– en la causa abierta sobre los preparativos del referéndum.
Lo ha hecho adjuntando un documento con las fechas y lugares en los que los anticapitalistas harán campaña por el 1-O “para facilitar que el juzgado complete la investigación” y “a efectos de facilitar la labor de la Guardia Civil y el Tribunal Constitucional”, proclaman con ironía los asamblearios.
Pese a que inició la causa a raíz de la presunta obtención ilegal de los datos fiscales de los catalanes por parte de la Generalitat revelada por el juez Santiago Vidal, la investigación que pilota el titular del juzgado de instrucción 13, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha derivado en varias pesquisas sobre los preparativos del referéndum.
La causa está declarada secreta desde sus inicios, lo que no ha impedido conocer que, por orden del juez, la Guardia Civil ha interrogado a varios funcionarios a cuenta del registro de catalanes en el extranjero y ha acudido al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) para dejar un requerimiento sobre el coste del mitin de Junts pel Sí a favor del referéndum.
En su escrito al juzgado, la CUP comparece y solicita personarse en el procedimiento sobre el referéndum y se proclama “coautora y cooperadora necesaria” en el referéndum. “Resulta obvio que la CUP debe ostentar la condición procesal de investigada para ejercer todos y cada uno de los derechos previstos en la legislación española”, ironiza el escrito, que asegura que los 10 diputados, las 17 alcaldías y los casi 400 concejales cupaires “se encuentran plenamente concertados para hacer lo que haga falta para celebrar un referéndum de autodeterminación”.
En el documento adjunto al escrito, la CUP ha enviado al juzgado la treintena de actos que ya tiene programados a partir del 18 de julio y hasta el 29 de septiembre para hacer campaña para el referéndum. El objetivo, dicen los cupaires, es “facilitar la labor de la Guardia Civil y el Tribunal Constitucional” y que el juzgado “complete la investigación”.
“Como la mayoría de actos los hacemos en plazas, no vemos necesario que se desplacen hasta allí patrullas para pedir documentación, primero porque no llevamos documentación a los actos y segundo porque es una tontería”, añade el documento, que lamenta no poder incluir más actos en la lista porque algunas asambleas locales cupaires “no han facilitado todavía el día en que lo tienen previsto”. “Suponemos que su demofòbia no acusará flojera, sin embargo”, dicen los cupaires a la Guardia Civil y al TC.
El PDECat critica “el postureo” de la CUP
A quien no le ha hecho gracia el troleo de la CUP es a la coordinadora del PDECat, Marta Pascal, que ha dicho que su partido –cuyo presidente, Artur Mas, intentó capitalizar el éxito político del 9-N pero ante el juez descargó la responsabilidad en los voluntarios– es “poco amante del postureo”.
Entre el historial de casos del juez que lleva el caso, reseñado por La Directa, figuran órdenes de encarcelamiento contra personas de ideología anarquista, que motivaron una queja del Colegio de Abogados de Barcelona por un uso “inédito” y “desproporcionado” de la prisión preventiva.
Por otro lado, fuentes jurídicas consultadas han advertido del posible solapamiento entre la investigación del juzgado de instrucción 13 sobre los preparativos del referéndum con la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a raíz del fallido concurso de urnas.
Con todo, la maniobra de los cupaires no es una mera boutade para calentar el ambiente de cara al 1-O. Esconde cierta estrategia política en busca de una metedura de pata del juez, ya que si, puestos a imputar, Ramírez Sunyer quiere imputar a algún diputado de la CUP, se quedaría sin la causa, que pasaría a comandar el TSJC dada la condición de aforados de los diputados.