En algunas cancillerías europeas se preguntan estos días si una victoria de la derecha puede comportar un auge del independentismo. Tanto el PP como Vox les han sacado ya de dudas en recientes intervenciones públicas. La respuesta es que sí, que vayan preparándose, porque cuando se trata de Catalunya, a la derecha y sobre todo a la extrema derecha les da igual retroceder en el tiempo aunque eso provoque una mayor división que la que pueda existir actualmente.
La diferencia respecto a 2017 es que los partidos independentistas han entendido que no se enfrentan a un gobierno sino a un Estado y eso incluye los intereses económicos, las fuerzas de seguridad y la judicatura. Unos han variado su discurso (ERC), otros insisten en la confrontación (Junts y CUP), pero en la práctica todos miden sus movimientos para evitar nuevos encarcelamientos.
Con tonos diferentes, más conciliador el del PP (solo cuando se dirige al público catalán), más incendiario el de Vox, ambos comparten un mismo propósito: desandar el camino de la pacificación, que no es sinónimo de solución, iniciado por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Probablemente el más sincero en su pronóstico haya sido el cabeza de lista de los populares en Barcelona, Nacho Martín Blanco, que saltó del barco de Ciudadanos y recaló en el del PP de un día para otro. Esta semana reconocía en una entrevista que una victoria de Alberto Núñez Feijóo puede reactivar el independentismo. “Es posible, incluso probable”, admitía.
Este miércoles, Feijóo intentó rebajar el vaticinio de Martín Blanco y afirmó que él no tiene problemas “para hablar con partidos que estén en el otro lado ideológico”. La cuestión es qué está dispuesto a hacer el PP para evitar que, si acaba gobernando, sus medidas refuercen de nuevo al independentismo, como ya pasó en la etapa de Mariano Rajoy.
El candidato popular, que asegura que el partido ha aprendido la lección de ese periodo, siempre muestra la cara afable que gusta a una parte no menor de las élites catalanas cuando visita Barcelona. Son esos votantes que siguen huérfanos desde que CiU desapareció. “Tengo el proyecto de respetar la nacionalidad histórica que es Catalunya”, les ha asegurado. Pero como en tantas otras cosas, el candidato popular puede decir lo mismo y lo contrario sin problema. El Feijóo conciliador con los exvotantes de CiU es el mismo Feijóo que rectificó a su número tres, Elías Bendodo, cuando afirmó en mayo que España era un Estado plurinacional. Al líder del PP le faltó tiempo para tildar esta definición de “error”. “España no es un Estado plurinacional, es una obviedad”, zanjó.
Hubo un momento, hace una semana, en que Feijóo dejó caer que mantendría la mesa de diálogo con los independentistas si llegaba a presidente. La idea duró solo unas horas. Se desdijo poco después e insistió en que su propósito será “desactivar” el foro de diálogo creado esta legislatura y del que reniegan tanto PP y Vox como también Junts y la CUP.
Feijóo confía en atraer a electores de la antigua CiU que votan pensando en la cartera y no en la bandera así como a todos los que pueda de Ciudadanos y de Vox. Los sondeos apuntan a que va a conseguirlo puesto que todos pronostican que el PP va a subir mucho en Catalunya.
Para aglutinar el voto conservador, Feijóo ha anunciado que si gobierna reformará el Código Penal para recuperar el delito de sedición y también el de referéndum ilegal que quedó derogado en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Y en uno de los ámbitos más sensibles, el de la lengua, PP y Vox ya han dado pistas en Illes Balears y la Comunitat Valenciana de por dónde irán.
Aunque las competencias en Educación son autonómicas, el PP y la extrema derecha han dejado claro que recurrirán a los tribunales tantas veces como puedan para eliminar un modelo de escuela con el catalán como lengua de uso que cuenta con un apoyo transversal que va desde el PSC a los partidos independentistas. La Generalitat seguirá tratando de blindar un sistema que lleva cuatro décadas vigente (la ley de normalización lingüística es de 1983) y ha anunciado que saca a exposición pública un nuevo decreto que establece el catalán como “vehicular” y el castellano como “curricular”, tal como aprobó el Parlament el año pasado.
Aun coincidiendo en la estrategia, nada de todo lo que propone el PP es suficiente para Vox que, demostrando que es el partido que menos respeto tiene a la Constitución, ya promete un 155 duradero porque el que aplicó el Gobierno de Rajoy con apoyo del PSOE le parece “de chiste”. “Nosotros no vamos a titubear, en 2017 parece que los abogados del Estado no habían visto en los temarios de las oposiciones qué era un golpe de Estado y se quedaron pensando qué es lo que hacían”, afirmó este martes Santiago Abascal en un desayuno informativo. Tampoco la sentencia del Supremo vio un golpe de estado, algo que Vox debería saber porque estaba personado en la causa. Pero, ¿cuándo le ha importado la verdad a la extrema derecha?
Preguntado por si es posible volver a situaciones similares a las del otoño del 2017, cuando se celebró el referéndum del 1 de octubre, el candidato de Vox respondió sin dudar: “Y peores, no tengo ninguna duda”.
Cuanto más fractura exista en Catalunya, mejor para los intereses electorales de la extrema derecha. La cuestión es hasta dónde está dispuesto a dejarse arrastrar Feijóo si, llegado el caso, necesita a Vox para gobernar o como apoyo estable en el Congreso. Eso es lo que el candidato del PP no contesta aunque visto lo visto en Illes Balears y Comunitat Valenciana está claro que hará lo que haga falta a riesgo de que el suflé independentista vuelva a subir.
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