La CUP ha dicho 'no' incontables veces a la investidura de Artur Mas como president de la Generalitat, dos de ellas en votaciones en el Parlament y la más reciente en un debate interno el pasado domingo. Sin embargo, el miércoles por la noche el exdiputado de la formación, David Fernàndez, publicaba un artículo pidiendo dos votos a favor de Artur Mas a cambio de un plan de choque “real y concreto”. Al día siguiente, se desbloquearon las negociaciones entre los anticapitalistas y Junts pel Sí, que el jueves presentó una propuesta de plan de choque –publicada por el diario Ara–, muy alejada de las aspiraciones de los cupaires.
Solo con la propuesta, en muchos puntos ambigua y cuyo coste está todavía por cuantificar, Junts pel Sí le ha metido un par de goles a la CUP. En primer lugar, la coalición de CDC y ERC ha vinculado parte de las medidas sociales al avance del proceso soberanista, postergando de este modo la implementación “inmediata” del plan de choque que la CUP requirió.
Además, las medidas se enmarcan en la responsabilidad presupuestaria: “No pondremos nada en el plan de choque que no se pueda pagar”, ha afirmado uno de los negociadores de Junts pel Sí, Toni Comín. Dada la pésima situación financiera de la Generalitat, ambos partidos asumen como inviable un reguero de millones para gasto social. Ni hablar, pues, de la “desobediencia” a la austeridad de la troika, de Montoro (y de Artur Mas) proclamada por los cupaires.
Por otro lado, algunas de las propuestas se tenían que haber desarrollado tras el pacto de estabilidad entre CiU y ERC de 2012 y otras ya se deberían implementar sin necesidad de un nuevo acuerdo porque son fruto de leyes aprobadas en el Parlament la pasada legislatura.
Promesas que ya se deberían estar cumpliendo
Solo tres de los 20 puntos del plan de choque propuesto por Junts pel Sí a la CUP serían de aplicación inmediata, y dos de esos tres se limitan a aplicar la ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, aprobada por unanimidad en julio en el Parlament a partir de la ILP impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. La PAH lleva desde septiembre reclamando la aplicación inmediata de esta ley, e insiste en que la falta de recursos no es un impedimento y la mayor parte de la ley ya se debería estar aplicando. La legislación ofrece herramientas a las administraciones para que, por un lado, sean las mismas entidades bancarias las que ofrezcan soluciones a las familias antes de ejecutar un desahucio, y por otro, puedan disponer de pisos vacíos para dar respuestas en caso que sea necesario.
Por otro lado, en lo que se refiere a la pobreza energética, el plan de Junts pel Sí se propone garantizar el acceso a los suministros de agua, gas y electricidad, impidiendo los cortes a familias vulnerables y financiando un fondo para dar respuesta a la problemática. También esto está contemplado en la legislación impulsada por la PAH. La ley que ya está vigente establece que las compañías no pueden cortar los suministros básicos sin un informe previo de servicios sociales, y en ningún caso pueden hacerlo si se considera que la familia se encuentra en riesgo de exclusión. De hecho, la PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética han denunciado que las empresas no están aplicando esta medida y exigen una respuesta por parte de la Agencia Catalana de Consumo, a la que corresponde sancionarlas.
Otras medidas relacionadas con la vivienda no las proponen para su aplicación directa. Una requiere la aprobación de un nuevo presupuesto: “tender a equiparar los porcentajes de parque público de vivienda a la media europea”. Si bien la nueva ley da herramientas a los ayuntamientos para aumentar las viviendas a su disposición sin gastar más recursos –como por ejemplo a través de la cesión obligatoria de pisos vacíos en manos de grandes propietarios–, otras fórmulas sí requieren una dotación presupuestaria, como el derecho a tanteo y retracto de la administración en la venta de viviendas a fondos de inversión.
Cabe recordar que una medida útil en este sentido como era el alquiler forzoso o la expropiación temporal en caso de incumplimiento de la función social de la vivienda, contemplada en la ley de 2007, fue eliminada por Artur Mas nada más llegar a la Generalitat en 2011.
Para acabar con las medidas en materia de vivienda, la primera propuesta del bloque condicionado al logro de la independencia de Catalunya, es aprobar e instaurar la dación en pago. El texto no aclara si será retroactiva, como reclama la PAH desde sus inicios. Mientras, el grupo impulsor de la ILP negocia el desarrollo de un protocolo para poder aplicar las medidas de segunda oportunidad incluidas en la nueva legislación, que a la práctica deberían equivaler a una dación en pago, y aseguran que el proceso va más lento de lo que debería, dado que la administración se escuda en que el actual gobierno de la Generalitat es provisional.
Medidas condicionadas a la independencia
La propuesta de creación de una “policía fiscal” que persiga el “gran fraude” es un potencial brindis al sol. No está definido todavía lo que Junts pel Sí y CUP entienden por “gran fraude”, pero la Generalitat ya había dado pasos en este sentido: el pasado mes de abril anunció la incorporación de 25 inspectores a la Agència Tributària de Catalunya (ATC) encargados de identificar deslocalizaciones fraudulentas e investigar ocultaciones de patrimonio en casos de fraude organizado.
Sin embargo, el propio plan de lucha contra el fraude fiscal de la ATC impulsado tras el pacto de CiU y ERC consideraba “evidente” que la lucha contra el fraude daba réditos, principalmente, a la administración que se encarga de “aplicar y controlar el cumplimiento” de impuestos como el IRPF, el IVA o el de Sociedades, es decir, a la administración tributaria estatal. La recaudación los tributos que sí son competencia de la Generalitat (transmisiones patrimoniales y sucesiones y donaciones) cayó un más de un 30% el año pasado en comparación con 2013.
El pacto entre CiU y ERC de la pasada legislatura contemplaba la creación de un banco público a partir del Institut Català de Finances (que ya actúa como tal en lo que a financiación de empresas se refiere). Esta medida se repite en la propuesta de Junts pel Sí a la CUP, a pesar que el ICF finalizó su adaptación a la normativa bancaria europea para ser banco público el pasado verano. Solo le queda pedir la ficha bancaria, solicitud que se vinculó a la evolución del proceso de homologación de entidades que está realizando el Banco Central Europeo (BCE).
La propuesta de Junts pel Sí también incluye un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.000 euros. A día de hoy la Generalitat no puede aplicarlo, ya que es competencia estatal. Debería esperar a ser un país independiente, igual que con otra de las medidas tributarias propuestas a la CUP: la reforma fiscal para instaurar un impuesto a la banca y las tasas verdes suspendidas por el Constitucional (y que formaban parte del pacto CiU-ERC). Sí se podría reducir el tramo autonómico del IRPF a las rentas bajas.
Métodos sin concretar
En materia de sanidad, Junts pel Si propone reducir en un 50% las listas de espera para la primera visita con un especialista y para pruebas diagnósticas complementarias, y un 10% en intervenciones quirúrgicas no graves. Sin embargo, no especifica cómo pretenden hacerlo. El método usado hasta ahora por el gobierno de CiU para reducir listas de espera ha sido derivar pacientes –y con ellos recursos públicos– a centros hospitalarios privados. Poner fin a las derivaciones fue una de las principales guerras de la CUP en el Parlament durante la pasada legislatura, y la propuesta de plan de choque tampoco hace referencia a otras cuestiones contra las que hizo oposición frontal la diputada Isabel Vallet, como el modelo de consorcios sanitarios o el programa VISC+ de venta de datos sanitarios.
Tampoco se concreta la propuesta de paralizar el traspaso del canon del agua hacia empresas mixtas y privadas. Aquí otras administraciones ya han iniciado el trabajo: el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) aprobó auditar el proceso de privatización de la gestión del agua con el que, bajo el gobierno de CiU, una sociedad mixta formada por el AMB y Agbar se quedó el canon del agua de los 36 municipios integrados en el organismo supramunicipal.
Lo que no dice la propuesta es que el Parlament ya instó en abril de este año al Govern a presentar una propuesta de evaluación del canon social del agua. La resolución parlamentaria también instaba a incluir en los presupuestos de 2016 los cambios legislativos necesarios para garantizar un suministro básico de agua de 60 litros por persona y gratuito durante el día en las viviendas de consumidores vulnerables.
Giro radical
Una de las decisiones de CiU más criticadas en el ámbito del bienestar social fue el recorte de la Renta Mínima de Inserción. En agosto de 2011, al cabo de pocos meses de asumir la Generalitat, los convergentes aplicaron las tijeras sobre la ayuda de 420 euros que recibían las familias sin ningún otro recurso. El Govern apostó por endurecer los criterios a una ayuda y que pasara a depender de la disponibilidad presupuestaria. Ahora, casi cinco años después, proponen a la CUP que pueda volver a ser un derecho subjetivo –es decir, que lo cobren todas las personas que lo necesiten– y que se reduzcan restricciones.
Otra medida que poco tiene que ver con las llevadas a cabo por CiU es retirar los conciertos educativos a los centros de educación que segregan por sexos. Sin embargo, la Generalitat renovó en 2014 los conciertos a esas escuelas, vinculadas a órdenes religiosas, por un periodo de seis años para la escuela primaria y cuatro para las demás etapas. Junts pel Sí también propone contratar más profesores en los centros de los barrios con más dificultades económicas y tender a cubrir toda la demanda de plazas de guarderías con precios públicos, unos precios –unos 300 euros al mes en el caso de Barcelona– que muchas familias ya consideran elevados. Una medida que consideran que se puede garantizar de forma inmediata es garantizar el 100% de la cobertura en la alimentación para niños y niñas que sufran pobreza infantil. Sin embargo no concretan si lo harán a través de ayudas directas a las familias o de las becas comedor, que representan únicamente una de las comidas del día.
Guiños y silencios
Por otro lado, uno de los principales guiños a la CUP de la propuesta es la revisión de la Generalitat como acusación particular en procesos judiciales abiertos con “trasfondo político”. Sin embargo, la misma propuesta incluye la cláusula de que se mantendrá la acusación cuando la causa sea una agresión a un Mosso d'Esquadra.
Además de las medidas que se podrían aplicar sin necesidad de investir a Mas, las que son competencia estatal y las que se repiten del pacto entre CiU y ERC de 2012, hay ausencias destacadas. En el documento de Junts pel Sí no hay ninguna propuesta para revertir privatizaciones emblemáticas de los gobiernos de CiU, una de las prioridades que la CUP fijó antes y después del 27-S. A la espera de que la negociación continúe, ni se plantea la posibilidad que ATLL vuelva a manos públicas o la paralización de proyectos polémicos como el VISC+ o el BCN World.