El juez devuelve a Òmnium los documentos incautados tras constatar que no pagó el 1-O
Meses de investigación y registros judiciales no han permitido demostrar la tesis de que la Generalitat pagó el 1-O a través de Òmnium Cultural. En consecuencia, el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del 1-O, ha devuelto a la entidad todo el material incautado el pasado mes de marzo. Òmnium ha recibido con satisfacción que los investigadores desistan de su tesis acusatoria y ha cargado contra la Guardia Civil y el juez instructor, el recientemente fallecido Juan Antonio Ramírez Sunyer, por haberse planteado que la entidad colaboró en los pagos del 1-O.
“Les ha costado diez meses constatar lo que siempre hemos dicho y que ya está publicado en nuestra página web: que no hay rastro de subvenciones de la Generalitat, ni un euro destinado el 1-O, ningún pago opaco y que nos financiamos gracias a las cuotas de 130.000 socios”, ha aseverado el portavoz de Òmnium, Marcel Mauri.
Pese a ser información pública –Òmnium tiene publicadas en su web sus cuentas auditadas–, los investigadores plantearon que la Generalitat pagó el 1-O a través del entidad, que habría actuado como “sociedad interpuesta”, motivo por el que el juez acordó la entrada y registro en la sede el 15 de marzo y se incautaron los papeles originales de la contabilidad de 2016 a 2018 y una copia en CD, tres teléfonos móviles, uno de ellos de un trabajador, cuatro discos duros y copias de correo. El material ha sido devuelto este miércoles.
Los investigadores tampoco se fiaron de la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, también imputada en la causa y que certificó por escrito al magistrado que la administración catalana no concedió ninguna subvención a las entidades soberanistas Òmnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana (ANC) durante 2017.
Finalmente, la Guardia Civil ha confirmado la tesis de Òmnium y ha certificado en un informe aportado al juzgado que el 98% de los ingresos proceden de aportaciones privadas de los socios y que no existe constancia de subvenciones o pagos de la Generalitat. En otras palabras: ni subvenciones de la Generalitat, ni sociedad interpuesta, ni papel alguno en la presunta malversación del 1-O.
Las únicas subvenciones de 2017 que recibió Òmium supusieron el 0,86% de sus ingresos totales y alcanzaron solo 79.077 euros, procedentes de una veintena de ayuntamientos y entidades locales catalanas para financiar actos culturales. Una investigación de este diario constató que Òmnium ha pagado con cuotas de los socios el 85% de sus gastos durante los años del 'procés'.
Con todo, la Fiscalía del Tribunal Supremo incluyó el pasado dos de noviembre en su escrito de acusación provisional la tesis de la Guardia Civil ahora descartada. En concreto, los fiscales sostuvieron que la Generalitat destinó 38.431 euros para la cartelería del referéndum desde el departamento de Presidència, cuando estaba dirigido por Jordi Turull “simulando que el pedido se efectuaba a través de Òmnium Cultural”. La Guardia Civil ahora lo ha desestimado.
Asimismo, en un análisis político del papel de Òmnium en el 1-O, la Guardia Civil concluye que la entidad tuvo una “participación inequívoca” en movilizaciones y campañas a favor de la participación ciudadana en la votación pero que “no existe constancia” de subvenciones o pagos del Govern a la entidad presidida por Jordi Cuixart, en prisión preventiva desde hace más de un año.
“Nuestras armas fueron hablar con la gente, llamar a amigos y familiares, quedar con gente, escribir en las redes, colgar carteles y votar. Siempre de forma serena. Esto desacredita la acusación porque no puede constituir nunca un delito de rebelión y la violencia que atribuye a Òmnium y a Jordi Cuixart”, ha criticado la abogada Marina Roig, que defiende al presidente de Òmnium.
