“Ha caído como una bomba”. Esta es la sensación en el Institut Català de Finances (ICF), donde internamente se enteraron por la prensa de que el Govern había decidido que fuese este organismo, bautizado como el 'ICO catalán', el que se hiciese cargo de los avales de las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a los encausados por el procés. Primero supieron por una rueda de prensa del conseller de Economia, Jaume Giró, que el ICF iba a estar en una operación para reunir 5,4 millones y en la que, en teoría, debía participar algún banco. Ese era el plan aunque lo que pasó es que ninguna entidad bancaria quiso atender la propuesta del Govern. En el Ejecutivo de Pere Aragonès lo atribuyen al miedo de los bancos a verse implicados en la bronca política y a algunos titulares de prensa en los que se apuntaba que la operación podía ser ilegal.
Dentro del ICF se enteraron también por otra rueda de prensa del conseller de Economia de que el Govern había cambiado de idea y que, para proteger a los trabajadores, había decidido no meter a esta entidad en los problemas que los exaltos cargos de la Generalitat tienen para afrontar los pagos al Tribunal de Cuentas. Giró aludió a los posibles “riesgos” que los responsables del Institut podían correr y a la angustia que les podía provocar tanto a ellos como a sus familias. Así, de nuevo también en teoría, se alejaban las querellas por prevaricación. Pero un día después, a través de otra intervención de Giró, en el Parlament, dentro del ICF supieron que volvían a la casilla inicial, esto es, a avalar las fianzas millonarias, aunque ya no como contragarantía al dinero que pusiese un banco, que es lo que se señalaba en el decreto inicial. Al no haberse prestado ningún banco, le tocaba al Institut convertirse en solitario en avalista de los 34 exaltos cargos encausados por la acción exterior de la Generalitat realizada entre los años 2011 y 2017, las etapas de Artur Mas y Carles Puigdemont.
Todo esto a la espera de que el Tribunal de Cuentas diga si acepta o no la fórmula diseñada en el Govern, algo que no está nada claro. La duda es si una entidad como la Generalitat, que es la perjudicada por la presunta malversación que apunta el informe del Tribunal de Cuentas, puede avalar con dinero público a los exaltos cargos que habrían cometido el delito. El ICF tiene independencia financiera y sus trabajadores mayoritariamente no son funcionarios sino personal laboral, pero al tratarse de una empresa pública, sus fondos también lo son.
La primera diferencia importante
Este embrollo, cuyo desenlace aún no se conoce, se explica, como casi todo en la política catalana, por las diferencias de criterio entre ERC y Junts. Giró está nombrado a propuesta de Junts mientras que el ICF, que es una empresa pública sometida al derecho privado, está presidido por Albert Castellanos, un economista que fue secretario en el departamento de Vicepresidencia cuando lo dirigía Aragonès, que ahora ocupa el mismo cargo en el departamento de Empresa, cuyo conseller es Roger Torrent, y que, además, es vicesecretario y secretario de crecimiento de ERC.
En ERC sentó muy mal que Giró se arrugase y decidiese apartar al ICF de la ecuación para pagar las fianzas de los encausados, entre ellos, el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, a quien se le reclaman casi dos millones de euros. Hubo una conversación entre Aragonès y el conseller de Economia y se regresó al plan anterior. Giró afirmó en sede parlamentaria que había recibido llamadas de personal del ICF pidiéndole que no renunciara a utilizar este organismo y que por eso había cambiado de criterio. En el Institut consideran que si hubo llamadas, debieron ser de los cargos políticos y señalan directamente a Castellanos.
Prueba de que la decisión del Govern no despierta ningún entusiasmo es que, según desveló La Vanguardia este viernes, tres miembros de la junta del ICF dimitieron a principios de semana, antes de que se sometiese a votación la propuesta de convertir a este organismo en avalador de las fianzas. Según los estatutos de la entidad, la junta queda válidamente constituida cuando en la reunión estén la mitad más uno de sus componentes, y que dentro de estos “se respete la mayoría de independientes”, algo que con estas dimisiones no se tuvo en cuenta a la hora de votar sobre los avales. En dicha votación, los tres consejeros independientes que todavía siguen se posicionaron en contra mientras que los que tienen afiliación política se mostraron a favor (Castellanos, de ERC, y Meritxell Masó y Matilde Villarroya, ambas de Junts) El resto se abstuvieron (incluido el consejero delegado, Víctor Guardiola). Ante esta división, la decisión prosperó por el voto de calidad de Castellanos en tanto que es el presidente. Él es quien firma los avales presentados al Tribunal de Cuentas, primero por vía telemática y después enviados por servicio de mensajería urgente.
Ciudadanos ha presentado ya este viernes una denuncia ante la Fiscalía contra el Govern y la cúpula del ICF por haber avalado las fianzas. En el escrito, este partido argumenta que el Ejecutivo catalán ha sido el “cooperador necesario” de lo que considera una “ilegalidad”, al haber aprobado el decreto de creación del Fondo Complementario de Riesgos al que los encausados recurren para pagar las fianzas. A la Junta del ICF le atribuye un acto de prevaricación y malversación contra las arcas públicas.
Además de la controversia política, que está por ver si tendrá algún tipo de consecuencia penal, el paso dado por el Govern puede dar al traste con las aspiraciones del organismo de obtener la licencia bancaria para poder operar como banca pública. Los trámites están iniciados y está previsto que su capital inicial fuese de 600 millones. En marzo ya se presentó la solicitud formal al Banco de España, que es quien debe autorizarlo. Fuentes del Institut señalan que el decreto del Ejecutivo catalán, situando al ICF como un actor político, es un “hándicap” en su pretensión de convertirse en un banco público, cuya pulcritud e independencia respecto a las presiones políticas debe estar muy clara.