El dilema de Aragonès

ERC no quiere hacer caer al Gobierno de Pedro Sánchez. Pero no sabe si al final no tendrá más remedio. La confirmación de que Pere Aragonès fue espiado por el CNI ha desarmado todavía más a los republicanos ante los sectores independentistas que cuestionan su apuesta por el diálogo. Aun así se resisten a dar por rota la legislatura a la espera de que La Moncloa mueva ficha y asuma que la pelota está en su tejado. 

En el Palau de la Generalitat insisten en que es urgente que Sánchez y Aragonès se vean, tal y como el president le reclamó este viernes en Barcelona tras calificar la situación de “gravísima”. Sánchez asumió el compromiso de celebrar el encuentro que vienen reclamándole desde hace tres semanas y en ERC consideran que por fin parece que el presidente del Gobierno ha entendido que no puede darle más largas porque a los dos les conviene encarrilar esta situación.  

“No les haré el regalo de levantarme de la mesa”, responde Aragonès cada vez que se le pregunta por su apuesta por la negociación con el Gobierno central. ERC sabe que no hay alternativa a esta vía que Junts y la CUP denostan pese a que estas dos formaciones no plantean otra opción más allá de quejarse en los discursos y lamentarse por lo que pudo ser y no fue en el otoño del 2017. Pero que no haya más opciones no significa que la parte republicana del Govern no reconozca también que el escándalo del espionaje le deja con muy pocos argumentos para persistir en su estrategia.

El margen es estrecho y la pérdida de confianza es evidente (tampoco es que antes de este episodio les sobrase). Lo que no ha cambiado es una convicción: ERC no es Junts ni quieren serlo. Por eso a diferencia de Carles Puigdemont no han enviado “a la mierda” al Gobierno de PSOE y Podemos. Que a partir de ahora las leyes que lleguen al Congreso embarranquen por culpa de los republicanos dependerá de si Sánchez “toma medidas”.

Desde que se hizo pública la investigación de Citizen Lab y ‘The New Yorker’, los republicanos han buscado un asidero al que agarrarse para no romper definitivamente con el PSOE. Pero en el mejor de los casos solo han recibido buenas palabras, como se comprobó en la visita que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, realizó al Palau de la Generalitat. Esa reunión con la consellera Laura Vilagrà dejó al president más preocupado de lo que estaba antes. El encuentro, en el que los móviles se quedaron fuera del despacho, solo sirvió para que los republicanos se diesen cuenta de que La Moncloa en realidad no se tomaban en serio sus advertencias. 

Vilagrà, que acostumbra a ser muy prudente en sus intervenciones y siempre coordinada con el equipo del president, expresó su malestar a la salida de esa reunión. Pidió ya que hubiese alguna dimisión y de eso hace dos semanas. A estas alturas la petición del Govern es que Sánchez destituya a la ministra de Defensa, Margarita Robles, algo que, pese a que también Unidas Podemos lo reclama, Sánchez no se plantea. 

La confirmación de que Aragonès estaba en la lista de los espiados por el CNI con autorización del juez del Supremo no ha hecho más que reafirmar a los independentistas en su exigencia de que ruede alguna cabeza y no les sirve la de la directora del centro, Paz Esteban, porque insisten en que detrás de la decisión del CNI revelada en la Comisión de Secretos Oficiales hay una estrategia política. Varios de los diputados que participaron en la sesión de cuatro horas expresaron su inquietud por la información que recibieron allí dentro. Los republicanos niegan tajantemente algunas de las especulaciones que han circulado respecto a la posibilidad de que se espiase a Aragonès porque utilizaba un móvil distinto del habitual para comunicarse con los promotores de Tsunami Democràtic. El presidente de la Generalitat asegura que siempre ha dispuesto solo de un terminal telefónico y una línea, y que no tuvo relación con los disturbios que se organizaron para protestar por la sentencia del procés. 

El CNI, el mismo que el día antes del 1-O le decía a Soraya Sáenz de Santamaría que no habría ni urnas ni papeletas, debe ser el único que no se enteró tampoco de que Oriol Junqueras dio la instrucción de preservar a Aragonès porque si le pasaba algo a él o a Marta Rovira sería el elegido para hacerse cargo del partido y encabezar la candidatura. “Tenemos que reservarte porque alguien tiene que quedar cuando todos hayamos recibido”, le había dicho Junqueras hacía tiempo. Y así fue. Le comunicaron que le tocaba asumir estas responsabilidades durante una visita de Aragonès y Rovira al líder de ERC en enero del 2018, cuando Junqueras estaba en la cárcel de Estremera. 

Más espías y espiados

Aragonès, recurriendo a la prudencia para no dinamitar los puentes ya del todo, evita apuntar a Sánchez como la X que autorizó su espionaje e incluso no se moja cuando se le insiste en si cree que el presidente del Gobierno estaba al corriente de lo que estaba pasando. Se limita a subrayar que es “inverosímil” que el  Ejecutivo no supiese que se espiaba al líder republicano.

En el independentismo están convencidos de que no solo el CNI utilizó Pegasus para controlarles. Su sospecha desde un principio es que también la Guardia Civil y/o la Policía Nacional ha hecho lo propio y que probablemente sin autorización judicial. Calculan que la cifra de teléfonos que pueden haber sido infectados por Pegasus en España supera el millar. De ser así, significaría que la situación es peor de lo que ya parece puesto que implicaría que existe una guerra sucia contra el independentismo que no controlaría el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Esta crisis ha puesto a prueba la mayor virtud y según su esposa también uno de los defectos de Aragonès: la paciencia. Dentro de dos semanas, el 21 de mayo, cumplirá su primer año desde que fue investido como presidente de la Generalitat. Sus abogados están preparando la querella por haber sido espiado aunque fuese con autorización judicial y, por lo tanto, de forma legal. Más allá de las denuncias en los tribunales, y a diferencia de Puigdemont, que nunca ha creído en una negociación con el Gobierno central y que afirma que solo queda “decidir los términos de la separación”, el líder republicano quiere darle una oportunidad, tal vez la última, al diálogo.