El conseller de Empresa, Santi Vila ha presentado su dimisión ante el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, este jueves una vez la sesión plenaria ha acabado en el Parlament. La salida de Vila supone el síntoma más claro de que el bloque independentista piensa aprobar este viernes una declaración de independencia. El propio entorno de Vila ha explicado que la dimisión del conseller se ha precipitado por “las decisiones que el president Puigdemont se verá obligado a tomar en las próximas horas”.
“Dimito. Mis intentos de diálogo nuevamente han fracasado. Espero haber sido útil hasta el último minuto al president Puigdemont y los catalanes”, ha escrito Vila en Twitter.
El entorno del ya exconseller ha explicado que Vila ha dimitido “por razones de consciencia personal” ya que, añaden, cree que el “acto violento contra la democracia del 155 no justifica seguir hacia adelante”, en referencia a la declaración unilateral de independencia. Asimismo, Vila cree que sus planteamientos en favor del diálogo y la mediación “han quedado desautorizados por la realidad”.
Vila fue uno de los consellers que, al igual que Artur Mas y los dirigentes del PDeCAT, trasladaron a Puigdemont este martes que su opción era descartar por ahora la declaración de independencia y convocar elecciones anticipadas. Además, junto a la titular de Gobernación, Meritxell Borràs, fueron los dos únicos consellers neoconvergentes que, junto al titular de Territori Josep Rull, permanecieron en el Govern tras la crisis que provocaron los preparativos del referéndum en el Ejecutivo de Puigdemont.
La salida de Vila ha provocado una crisis en el Ejecutivo catalán, a un día de que se voten la medidas del 155 en el Senado. Los consellers argumentaron que el adelanto electoral era la única opción para evitar el rodillo del 155, que comportará el cese del Govern. Puigdemont, por contra, ha descartado adelantar elecciones este jueves.
Vila está imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Borràs además, lo está por partida doble: por la fallida compra de urnas de junio y por el 1-O. Aunque haya abandonado el Govern, se seguirá enfrentando, junto a Puigdemont y al resto de consellers, a la acusación por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, este último penado con hasta ocho años de cárcel.