Algunas empresas beneficiarias de fondos para la cooperación al desarrollo de la Diputación de Barcelona, que amasaron un mínimo de un millón de euros desde 2012 según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es/Catalunyaplural.cat, obtuvieron parte de los ingresos a través de sucesivos contratos menores sin publicidad, una práctica que permitió esquivar los concursos públicos y la libre concurrencia.
La llegada de CiU al Gobierno de la Diputación de Barcelona, en 2011, dio un giro a las políticas de cooperación al desarrollo de la institución -una de las pioneras en España- al incluir entre las prioridades la inyección de fondos a empresas mercantiles catalanas para favorecer su internacionalización y la conquista de nuevos mercados en los países pobres. El área depende de Relaciones Internacionales, dirigida por Jordi Castells Masanés, que fue aupado al cargo por Jordi Matas, el primer coordinador de la Diputación tras el triunfo de CiU. Matas dimitió en 2012 al trascender la facturación de su empresa con la Associació Catalana de Municipis (ACM), de la que era coordinador a las órdenes del hoy presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve.
El giro ha conllevado que algunas de las ONG con más tradición en Cataluña sean excluidas del reparto de subvenciones de la convocatoria pública en detrimento de organizaciones patronales, como Pimec, o lobbies empresariales, como Empresa y Clima.
Estas subvenciones están reservadas a las entidades sin ánimo de lucro, pero la Diputación de Barcelona ha encontrado otras vías para repartir fondos de cooperación al desarrollo a un puñado de empresas mercantiles catalanas a través de la concesión sucesiva de contratos menores, que no exigen publicidad.
La ley reserva la posibilidad de firmar contratos menores siempre y cuando se justifiquen muy bien y no se superen los 18.000 euros más IVA. Por esta vía la Diputación ha destinado fondos de cooperación a empresas como Sestrategic, SL, consultora para impulsar la internacionalización de las empresas administrada por el ex responsable de Internacional de Pimec; Voltia Solutions, SL, mercantil para la eficiencia energética; y el Grupo IGFA, especializada en la gestión de residuos, entre otros.
La ley impone muchas restricciones a esta práctica para evitar que sea un subterfugio para firmar contratos a dedo, sin publicidad ni concurrencia. Pero el área de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona, de la que depende la cooperación al desarrollo, la llevó a la práctica de forma frecuente y, según los expertos consultados, como mínimo al borde de la legalidad al emplear el mecanismo para repartir contratos continuados a las mismas empresas, según la documentación revisada por eldiario.es/Catalunyaplural.cat.
La práctica se combinó en ocasiones, además, con otros mecanismos insólitos, como añadir otras partidas complementarias de fondos a las mismas empresas beneficiarias de contratos menores o el pago simultáneo de facturas emitidas por ejecutivos de estas mismas empresas por trabajos parecidos. De esta forma, jamás se superaban los 18.000 euros + IVA, la cuantía máxima prevista para los contratos menores.
El ejemplo del Grupo IGFA, que obtuvo un mínimo de 147.000 euros de fondos de la cooperación al desarrollo de la Diputación entre 2013 y 2014, es elocuente: en 2013 consiguió dos contratos menores pegados al umbral máximo permitido (18.000 euros más IVA) para dos contratos menores: uno para “planes de gestión de residuos en América Latina” y otro para “Estudio gestión de residuos de la provincia de Santa Fe (Argentina)”. Pero el director de Servicios de VIGFA, filial del Grupo IGFA, Jordi Batchelli, obtuvo simultáneamente otro contrato menor también al límite (20.570 euros, una vez sumado el IVA) para “análisis de la gestión de residuos en la provincia de Santa Fe (Argentina)”; es decir, el mismo asunto por el que su grupo empresarial había obtenido ya un contrato menor. Y el propio Grupo IGFA recabó el mismo año otros 44.000 euros tras ser contratado por los impulsores de un proyecto financiado por la Diputación, también en América Latina y también para la gestión de residuos. En este caso, como no era la Diputación la que contrataba a la empresa no existía la restricción del umbral máximo de 18.000 euros más IVA.
Otro ejemplo: en 2013, Joaquim Ferrer era el responsable de Relaciones Internacionales de Pimec. Ese año, Pimec obtuvo 13.000 euros de la cooperación al desarrollo de la Diptuación de Barcelona, pero Sestrategic, SL, administrada por el propio Ferrer, ganó un contrato menor de la Diputación pegado al umbral máximo (21.659 euros, IVA incluido) y él mismo facturó ese mismo año a su nombre otros 19.493 euros (IVA incluido) por otro contrato menor también pegado al umbral de lo permitido.
Entre las restricciones que la legislación impone a los contratos menores para evitar que sean subterfugios para burlar los principios de publicidad y concurrencia, destaca el impedimento de renovar el contrato el año siguiente con la misma empresa por el mismo concepto. Según la documentación revisada, en 2012 la empresa Sestrategic, SL ganó un contrato menor para elaborar un “plan de proyección exterior” que costó 21.659 euros (IVA incluido). Por tanto, el año siguiente esta empresa no podía obtener un mismo contrato menor para el mismo encargo. Sin embargo, se concedió a Ferrer un nuevo contrato menor para un “plan de proyección exterior”, pero en esta ocasión lo vehiculó a título individual y no a través de Sestrategic, SL.
Eldiario.es/Catalunyaplural.cat solicitó el pasado viernes, día 15, aclaraciones por escrito a la Diputación de Barcelona sobre los fondos de cooperación al desarrollo. Un portavoz de la Diputación aplazó cualquier contacto hasta la semana que viene alegando que Castells Masanés estaba de viaje, aunque varios testigos le vieron en su oficina con posterioridad a estas explicaciones.