La Diputación de Barcelona admite que subvencionó a fundaciones afines a Convergència para “proyectos no justificados”

Novedades en el caso de las subvenciones irregulares otorgadas la pasada legislatura por la Diputación de Barcelona a las entidades afines a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) CATMÓN e IGMAN. El ente provincial ha aportado a la causa, a requerimiento del juez, informes en los que, tras analizar los expedientes de los pagos bajo sospecha, concluye que subvencionó a ambas entidades para “proyectos no justificados”.

La primera media docena de informes aportados al juzgado, a los que ha tenido acceso eldiario.es, bien podrían definirse como la anatomía de unas subvenciones chapuceras y mal otorgadas. Los dictámenes señalan directamente a los antiguos jefes del servicio de relaciones internacionales de la Diputación bajo el mandato de CiU, así como a los responsables de CATMÓN e IGMAN, el exsecretario de relaciones internacionales de CDC Víctor Terradellas y el actual diputado de Junts per Catalunya (JxCat) Francesc de Dalmases.

En la causa hay 41 expedientes investigados. Siete de ellos afectan a CATMÓN e IGMAN y tres ya han sido auditados por la Diputación, que ha comunicado al juez Joaquín Aguirre que le irá entregando los informes de cada subvención a medida que analice cada expediente. La subvención de mayor importe –49.918,40, de los que se pagaron 20.000– fue destinada en 2015 a una revista editada por CATMÓN llamada 'Catalan International View' que, según la petición formulada por la entidad, tenía como objetivo “fomentar el debate sobre el mundo local”. El dictamen de la Diputación concluye que en la solicitud de subvención “no quedaban bien definidas las actividades a realizar ni sobre todo los resultados concretos que se pretendían conseguir”.

De hecho, salvo tres artículos, la revista no trataba los problemas o situaciones de los municipios, sino que abordaba temáticas como el sistema educativo, el genocidio armenio o el kurdo. Y por supuesto, el procés, en un artículo firmado por el propio Terradellas. Además, uno de los artículos con los que la revista justificó que sí trataba sobre el mundo local –el teórico objeto de la subvención– estaba escrito por el entonces responsable político de relaciones internacionales de la Diputación, Joan Carles García (CiU), uno de los imputados en el caso, por lo que “no podía servir como justificación al ser diputado en la Diputación”, resalta el informe del ente provincial.

Asimismo, el informe destaca que se pagaron facturas a De Dalmases antes de la fecha de emisión de las mismas, y que cuando se preguntó el por qué se recibieron documentos de justificación “sin firma”. Otra de las irregularidades detectadas es que CATMÓN presentó para justificar la subvención una factura de 4.115 euros a una empresa de los propios Terradellas y De Dalmases en concepto de maquetación de la revista. Todo ello hace que el dictamen de la Diputación concluya que se otorgó la subvención a CATMÓN “con total laxitud formal y material” respecto a las peticiones para enmendar la petición de fondos y se obvió el procedimiento legal a seguir.

La principal línea de investigación del caso apunta a que las subvenciones, sobre el papel dedicadas a proyectos de cooperación, sirvieron en realidad para garantizar unos ingresos de Terradellas y De Dalmases. Los informes han sido confeccionados por los equipos jurídicos y técnicos la Diputación, ahora gobernada por el PSC y JxCat y que hace solo unas semanas se ha personado como acusación particular en el caso que instruye el juzgado de instrucción 1 de Barcelona. Sin embargo, la Guardia Civil ha lanzado en varios de sus informes una nueva hipótesis, consistente en que el dinero también se dedicó al procés debido a la actividad internacional en favor de la independencia de Víctor Terradellas.

Otro de los expedientes analizados es el de la subvención otorgada a IGMAN en 2012 por valor de 31.031 euros para un proyecto de “reconstrucción política, económica y social” de varias regiones de Bosnia Herzegovina. La primera de las irregularidades detectadas es que la ficha para otorgar la subvención a cargo de la dirección de relaciones internacionales de la Diputación se realizó “a mano”, sin que conste la firma de ningún responsable ni que se notificara a la ONG.

Además, en enero de 2013 la ONG presentó una “reformulación presupuestaria” del proyecto sin que la normativa sobre subvenciones lo contemple, según indica el dictamen. Además, “no consta” que la entidad cumpliera con los requerimientos de los técnicos de la Diputación que le instaron a enmendar el proyecto. Un año más tarde, una técnica de la Diputación comunica a IGMAN que ha presentado su reformulación “fuera de plazo y a mano”, por lo que no se puede tramitar el segundo pago de la subvención.

Dicho importe se terminaría abonando en abril de 2015 pese a otras dos irregularidades detectadas en el informe. La primera, que IGMAN presentó tres meses después de vencer el plazo legal para hacerlo el informe de justificación final del proyecto. Lo hizo además mal porque no justificó dos facturas. La segunda, que la dirección de relaciones internacionales de la Diputación permitió a IGMAN presentar directamente la justificación final del proyecto, cuando la ley obliga a hacer también una justificación parcial.

IGMAN también recibió 28.650 euros mediante un convenio –sin concurso público mediante– para “consolidar la presencia de los gobiernos locales” en la revista ONGC, editada por las entidades catalanas de cooperación al desarrollo. Esta fórmula para entregar los fondos, remarca el informe de la Diputación aportado al juez, “no encaja en ninguno de los supuestos legalmente previstos” y fue “contraria a derecho”.

Del resto de expedientes analizados que no están relacionados con las dos entidades afines a CDC, destacan las irregularidades en varias facturas aportadas por la patronal de la pequeña y mediana empresa catalana PIMEC en una subvención destinada a proyectos estratégicos en Marruecos en 2014 y 2015, en el marco de la internalización de las empresas catalanas en este país, así como la carencia de sello, que éste sea posterior al pago de las mismas o duplicidades en conceptos para justificar los fondos. Los informes también han detectado “laxitud formal y material” en la justificación de una subvención a la fundación ECOSEDE para un proyecto humanitario en Honduras.

La Guardia Civil señala a De Dalmases

Al margen del análisis que la propia Diputación realiza de las subvenciones otorgadas bajo el último mandato de CiU, la Guardia Civil ha aportado al juez un macroinforme, de más de 1.000 páginas, en el que además de incluir los mensajes de whattsapp que se cruzaron los actuales consellers del Govern Meritxell Budó y Miquel Buch en 2017 también analiza los expedientes investigados.

El Instituto Armado pone atención en el diputado de JxCat Francesc de Dalmases, al que sitúa jurídicamente como “investigado aforado”. Bajo el periodo investigado, De Dalmases, además de dirigir ambas revistas receptoras de fondos, era fundador y presidente de IGMAN y patrono y fundador de CATMÓN. En uno de los expedientes bajo sospecha, la Guardia Civil señala que De Dalmases presentó “justificaciones incongruentes ante las deficiencias e incumplimientos de plazo continúos” y que en otro justificó la subvención a IGMAN “faltando a la verdad”. Y tal y como ya había puesto de manifiesta la instrucción del caso, la Guardia Civil recuerda que De Dalmases cobró de la Diputación por trabajos de su fundación pese a que los estatutos prohibían retribuciones a los patronos.