La exdiputada de la CUP Eulàlia Reguant ha declarado este martes ante una jueza de Madrid imputada por un presunto delito de desobediencia por negarse a responder a las preguntas de Vox en su declaración en el juicio del procés. Reguant, tal y como explicó ante el Tribunal Supremo, ha asegurado que ha trasladado a la instructora su defensa de la “objeción de conciencia” para no responder al partido de extrema derecha, que ejerció de acusación popular en el juicio del procés, pese a la obligación de los testigos de contestar a todas las partes.
“Hemos defendido el derecho a disentir y a enfrentarse a la autoridad porque al fascismo se le combate y no se le puede dar un solo espacio”, ha aseverado Reguant a la salida de los juzgados, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).
Reguant ha defendido que “actuó en consecuencia” al considerar la acusación popular ejercida por el partido de Santiago Abascal “condicionaba todo el procedimiento judicial”. La declaración de la exdiputada ha durado unos 25 minutos, en la que ha contestado a la instructora y a su abogado y se ha centrado en insistir lo mismo que explicó ante el tribunal del 'procés' sobre el por qué se oponía a contestar a las preguntas de VOX.
Según ha manifestado Reguant ante los medios de comunicación a su salida de los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, en la declaración ha asegurado que “asumía las consecuencias pero poniendo encima de la mesa que un partido de extrema derecha condicionaba todo el procedimiento judicial”. “Frente a eso la mejor manera que encontramos era actuar a conciencia y por lo tanto no contestar a las preguntas de VOX”, ha argumentado.
Reguant ha comparecido ante la jueza instructora de Madrid por la investigación por un delito de desobediencia abierta contra ella y contra el también exdiputado de la CUP Antonio Baños –que declarará por videoconferencia el próximo 18 de marzo–, después de que el alto tribunal dedujera testimonio por no cumplir la obligación que tienen los testigos de contestar a todas las partes. El Supremo también les impuso una multa de 2.500 euros a cada uno.
La exdiputada ha insistido, haciendo suyas las palabras que expresó en el juicio el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que aceptar la presencia de Vox en la vista suponía “omitir la responsabilidad del tribunal para garantizar un juicio justa y aceptar un partido que niega derechos fundamentales”.