Llegó el juez Marchena y dinamitó la reforma del Código Penal pactada entre el PSOE y ERC. El propósito de ambos partidos era intentar pasar página del año 2017, conscientes de que Carles Puigdemont es su china en el zapato, pero no era más que eso, un objetivo. Porque sabían, y si no leyendo el auto del Tribunal Supremo se habrán enterado, que no dependía de ellos y que el futuro de los cargos a los que se va a juzgar este año estaba y está en manos de fiscales y jueces. Como en 2017.
A Pedro Sánchez no le conviene que entren más dirigentes independentistas en la cárcel, pero si pasa, podrá decir en Barcelona que él ha hecho lo posible por restañar heridas y al mismo tiempo defender en Madrid que los impulsores del 1-O no se irán de rositas. Una vez más, Schrödinger se quedaría corto con el presidente del Gobierno porque es difícil encontrar un político más camaleónico. “Vivo y muerto”, como el experimento del gato del físico austríaco.
Hubo prisas, un vez más, para aprobar la reforma porque el presidente del Gobierno quería sacársela de encima antes de acabar el año. Los republicanos no tenían menos urgencia puesto que su mirada está puesta en los juicios de los diputados Josep Maria Jové y Josep Lluís Salvadó, ambos estrechos colaboradores de Oriol Junqueras.
Las encuestas reflejaron el malestar por el cambio de tipificación de la malversación, un delito asociado a la corrupción, y está por ver cómo afectará a las expectativas socialistas la polémica por otro cambio, el referente a la ley del ‘solo sí es sí’. Sánchez aspiraba a empezar 2023 dedicado a hablar de gestión económica y diseñar la presidencia europea del segundo semestre. Es evidente que, de momento, no lo ha conseguido y la proximidad de las municipales y autonómicas no juegan a favor de sus planes.
Por su parte, ERC, impulsora de la reforma legal y que subraya que llegó hasta donde pudo en las negociaciones con el PSOE (que no tenía intención alguna de tocar el Código Penal, como reconocía Junqueras en una entrevista en este diario), ha atado su futuro al de Sánchez. Porque las previsibles condenas de cargos independentistas solo podrán revertirse vía indultos y para eso necesita que tras las próximas generales siga de presidente del Gobierno.
Los republicanos sabían que existía el riesgo de que el Supremo, como previsiblemente hará la Fiscalía, reinterpretase la norma en contra de sus intereses, aunque vendieron los cambios en la ley como un gran éxito. Error. Descontada la amnistía, que ni el PSOE ni por supuesto el PP nunca van a asumir, suprimir la sedición y cambiar la malversación eran la única alternativa que veían factible para evitar que más gente entrase en prisión. Factible pero por lo visto hasta ahora también bastante inútil para su propósito.
Si el PSOE ha dado argumentos al PP, ERC se los ha dado a Junts, que ya arguyó que la reforma conllevaría consecuencias no deseadas e incluso podría ser contraproducente en el caso de las movilizaciones en la calle porque las penalizaría más severamente.
No es que Junts ofrezca una alternativa a la vía de la negociación impulsada por ERC, que no la tiene (más allá de apuntarse las posibles victorias judiciales en tribunales europeos), pero tanto la decisión del Supremo como la insistencia del PSOE en subrayar que la extradición de Puigdemont está más cerca, le sirven para denostar cualquier opción que no pase por mantener el enfrentamiento con el Gobierno, sea del color que sea.