La jueza procesa a 30 altos cargos, empresarios y los directores de TV3 y Catalunya Ràdio por impulsar el 1-O
Cierre a la instrucción más importante de los últimos años en Catalunya. La nueva titular del juzgado de instrucción 13, Alejandra Gil, ha cerrado la investigación de los preparativos del 1-O y ha procesado 30 altos cargos, empresarios y los directores de TV3 y Catalunya Ràdio por impulsar la votación. Se les procesa por distintos delitos: desobediencia, prevaricación, revelación de secretos, malversación o falsedad documental.
Entre los procesados figuran la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal (malversación, desobediencia y falsedad documental), varios altos cargos de la conselleria de Presidencia (Antoni Molons por malversación; Joaquim Nin por malversación, desobediencia y malversación; Jaume Clotet por malversación), o el director del instituto de estadística catalán, Frederic Udina, por el censo del 1-O.
Sostiene la jueza que hubo “un plan común” entre todos los procesados, desde sus distintos puestos de responsabilidad en la administración o la empresa privada, para impulsar el 1-O. “Siguieron las directrices marcadas por los distintos departamentos de la Generalitat y con el firme propósito de propósito de celebrar el referéndum hacia la independencia, realizaron actuaciones y algunos dictaron resoluciones con las que dispusieron de fondos públicos para financiar” la votación.
En este sentido, la instructora impone una fianza de 5,8 millones de euros a los diecisiete procesados por malversación –delito penado con hasta ocho años de cárcel– ante los indicios de que se habrían sufragado o comprometido cantidades de dinero público a distintos elementos del referéndum, como el registro de catalanes en el exterior, los anuncios que se emitieron por TV3 y Catalunya Ràdio, el censo o las notificaciones y sobres para los miembros de las mesas incautados en Unipost.
Para la jueza, los procesados en esta causa, que se abrió en febrero de 2017, trazaron una “línea estratégica para poder asumir el compromiso inequívoco de conseguir la independencia y de poder celebrar el referéndum, pese a los mandatos constitucionales” y a ser “conscientes” de la ilegalidad de las actuaciones tendentes de la convocatoria y celebración del referéndum.
De la causa han quedado fuera dos de los investigados iniciales, el juez Santiago Vidal –que recibió las primeras querellas por sus conferencias en las que aseguró, entre otras cosas, que el Govern había robado los datos fiscales de los catalanes– y el exvicepresidente del Tribunal Constitucional y asesor de Carles Puigdemont, Carles Viver Pi-Sunyer.
Por contra, la juez señala en su escrito que no es competente para pronunciarse sobre el exsecretario general de Hacienda Lluís Salvadó, uno de los detenidos el 20-S y actual diputado de ERC, dada su condición de aforado. Salvadó queda así en un limbo judicial, puesto que ya no figura como imputado en la causa del juzgado de instrucción 13 y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), órgano competente para los aforados como él, tampoco le investiga por el momento.
De hecho, en la exposición razonada que el juez del 13 remitió al TSJC para que investigara a Josep Maria Jové, exnúmero 2 de Oriol Junqueras, y al actual conseller de Economía Pere Aragonés –que finalmente no fue imputado por el alto tribunal catalán– omitió a Salvadó, uno de los primeros imputados en la causa.
