La secretaria general de ERC, Marta Rovira, avisó en el Consejo Nacional del pasado 29 de junio de que los republicanos no querían una negociación al límite con el PSC y fijó finales de julio como el límite temporal para alcanzar un preacuerdo que permitiese, con la bendición posterior de la militancia, investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. “El país no merece un mal acuerdo de última hora”, subrayó.
En esa misma reunión se insistió en que las cuatro carpetas en las que ERC exige concreción son una nueva financiación, avances para un referéndum, refuerzo de los servicios públicos y medidas de apoyo al catalán. Los socialistas han defendido desde un principio que en todas es posible consensuar propuestas que satisfagan a ambas partes menos en la del referéndum.
Después de que ERC reconociese públicamente que las negociaciones iban por buen camino, Rovira, recién regresada a Catalunya, elevó este lunes la presión al amenazar con levantarse de la mesa si el preacuerdo no se cierra antes de acabar el mes. Los republicanos subrayan que disponer de ese pacto no significa que su objetivo sea que la sesión de investidura de Illa se celebre en julio. Su propósito es otro. Se trata de disponer de tiempo para trasladar un debate a la militancia en el que el meollo de las discusiones no sea si hay que hacer presidente a Illa (bautizado en redes por algunos sectores independentistas como ‘el candidato del 155’) sino qué logros ha obtenido ERC en la negociación. “Debatir sobre el qué y no sobre el quién”, resumen.
En la cúpula son conscientes de que su gente no está por la labor de investir al candidato socialista pese a que la alternativa sea ir a unas nuevas elecciones. Saben también que el regreso de Carles Puigdemont coincidiendo con el pleno, su probable detención (por el tiempo que fuese) y tal vez un ingreso preventivo en prisión si así lo decretase el juez Llarena, calentaría aún más los ánimos entre los votantes independentistas, también los de ERC. De ahí que quieran que la militancia tenga antes un proceso de debate lo más sereno posible para dar por bueno un acuerdo que hoy por hoy parece estar encarrilado pero que ninguna de las partes da aún por seguro. Si algo han aprendido los socialistas es que con los republicanos nunca se sabe. Por eso no quieren presionarles ni en las reuniones ni tampoco en las mesuradas intervenciones públicas.
Que la secretaria general esté aquí, tras casi siete años en Ginebra, ha tenido un efecto casi balsámico en la sede de ERC, tras tantas reuniones por videoconferencia, porque ha permitido dejar en un segundo plano el escándalo por los carteles difamatorios contra Ernest Maragall. También porque como máxima dirigente en esta etapa de transición aunque decisiva para el futuro de la formación podrá mantener un contacto más directo con los cuadros y la militancia. En sus primeras intervenciones ha reforzado el mensaje independentista apelando a la maltrecha unidad de este movimiento y proclamando que ha vuelto para acabar el trabajo que, según sus propias palabras, dejaron a medias. Tanto ella como otros dirigentes tendrán que arremangarse para convencer a las bases si finalmente alcanzan el acuerdo con los socialistas.
Para Illa y sobre todo para el PSOE es importante que el acuerdo de financiación no se venda como una fórmula equiparable al concierto vasco. No hay problema en apellidarlo como “singular” (la exigencia inicial de ERC) pero no puede llevar acompañado conceptos como cupo. Es el “ni quiero ni puedo” que Mariano Rajoy le espetó a Artur Mas cuando este le reclamó en la Moncloa un modelo asimilable al de Euskadi y Navarra. Tanto el PSOE como el PSC creen que en la “singularidad” y desarrollando el Consorcio que ya contempla el Estatut hay margen suficiente para el acuerdo.
A partir de ahí cada uno deberá venderlo a los suyos. En el PSC vaticinan que el ruido interno en el PSOE se podrá controlar (más allá del descontado rechazo frontal de García-Page). Los socialistas catalanes mantienen muy buena relación con el empresariado catalán y les juega a favor que este mismo lunes una veintena de entidades empresariales firmaron un documento en el que juzgan urgente que se resuelva la infrafinanciación de Catalunya porque consideran que es una situación que genera consecuencias “muy negativas” sobre el potencial de progreso económico y el bienestar social en esta comunidad.
Por su parte en ERC saben que si se logra el acuerdo, sea el que sea, Junts lo denostará. Pronostican que existirá una pinza que no es nueva. Por un lado estarán PP, Vox y sus medios afines acusando a Pedro Sánchez de privilegiar a Catalunya para hacerse con los votos de los republicanos. Eso es algo que puede ayudar a la cúpula de ERC a convencer a sus bases de las bondades del acuerdo. Pero por el otro estarán Junts y sus portavoces rechazando cualquier pacto, sea el que sea, por considerarlo insuficiente. En ERC empiezan a estar acostumbrados. Pero que lo sepan no significa que no les debilite.