Esquerra hace suyos los argumentos de los letrados del Parlament y reclama a Junts per Catalunya que se avenga a designar unos sustitutos de sus políticos procesados para no poner en riesgo la mayoría independentista ni situar las futuras votaciones que se produzcan en la Cámara un un limbo jurídico imposible de gestionar.
Fuentes de ERC piden a sus socios en el Govern y en el Parlament que acaben ya con lo que consideran estrategias simbólicas pero sin recorrido: “Ante la enorme excepcionalidad democrática tenemos la obligación de proteger la democracia encontrando soluciones con rigor y honestidad. Basta de retórica y simbolismo de corto recorrido”.
Los republicanos recuerdan a JxCat que la fórmula que ha presentado este grupo para que sus parlamentarios deleguen el voto no se ajusta a la resolución del pleno de la semana pasada. “Hay que adaptarse al acuerdo, no podemos situar el Parlamento en una situación de colapso”, advierten en ERC. Y añaden que este incumplimiento sitúa a la Cámara catalana “en la parálisis y la alteración del mandato del 21D”.
Los letrados del Parlament han alertado en su informe jurídico de que, si los votos de los diputados de JxCat suspendidos se ejercen por delegación, “no podrían computarse válidamente” y se podría incurrir en una “vulneración” del derecho de participación política del resto de diputados de la Cámara.
De momento, el grupo de Quim Torra y Carles Puigdemont mantiene la decisión de no aceptar la fórmula de designación que, en cambio, sí que han dado por buena los republicanos. De mantenerse todos en las suyas, será el presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), quien deba decidir si acepta o no la delegación de voto que proponen Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, y que es diferente de la de Oriol Junqueras y Raül Romeva.
Si Torrent acabase contabilizando los cuatro votos delegados de JxCat serán votaciones podrían ser impugnadas, y si no lo hace, el independentismo perdería la mayoría absoluta. Además, el presidente del Parlament podría arriesgarse a una inhabilitación por desobediencia al no ejecutar la petición del juez Llarena de suspender a los diputados procesados.