Empieza la partida. El candidato de ERC, Pere Aragonès, sale con ventaja para convertirse en el próximo presidente de la Generalitat aunque eso no significa que la suya vaya a ser una negociación fácil. Aún en la fase de los preliminares, la dirección del partido se ha fijado como objetivo poder sacar adelante la investidura, en primera votación, con el apoyo de Junts, los 'comuns' y la CUP. Ese es el plan inicial pero no está claro que sea la alianza que finalmente le convierta en president.
Republicanos y Junts suman 65 escaños y Aragonès solo necesitaría tres más, procedan de los 'comuns' o de los anticapitalistas. Además de ser la que busca para la investidura, la alianza a cuatro es también su propuesta para gobernar, pero en este caso sí que es una fórmula inviable porque tanto Junts como 'comuns' se han vetado mutuamente. “Tenemos las mejores cartas de la partida y creemos saber cómo jugarla, pero esto solo ha comenzado y no acaba hasta el día de la investidura”, explican fuentes de Esquerra, que se muestran conscientes de que el camino de Aragonès hacia el Palau de la Generalitat no está ni mucho menos asegurado.
El primer obstáculo es el veto cruzado entre Junts y 'comuns'. Por eso es probable que Aragonès tenga que recurrir solo a Junts y a la CUP, una suma que no parece difícil de entrada pese a que ambas formaciones han hecho de la unilateralidad su bandera y ese es un charco que ERC quiere esquivar. “No nos subiremos a la montaña rusa”, afirma un dirigente republicano. Quieren centrarse en reivindicar la amnistía y el derecho a celebrar un referéndum y evitar enzarzarse en debates sobre una nueva DUI.
ERC ha acordado este lunes que su equipo negociador estará integrado por la secretaria general adjunta, Marta Vilalta; el presidente de consejo nacional, Josep Maria Jové; el presidente del grupo parlamentario, Sergi Sabrià; y la número dos de la lista, Laura Vilagrà. Vilalta y Jové son dos dirigentes bien vistos en las filas del equipo de Puigdemont mientras que Sabrià es uno de los republicanos que más reticencias provoca. Vilagrà se estrena en este tipo de conversaciones. Además, se crearán equipos de trabajo por ámbitos temáticos. Se ha acordado que los contactos formales se iniciarán con la CUP y no con Junts, una decisión que no es inocente y que puede interpretarse como un mensaje a los de Puigdemont.
La primera prueba de la voluntad de entente entre ERC y Junts será la negociación de la presidencia del Parlament. Aplicando el criterio de la pasada legislatura, le correspondería ocuparla al partido de Puigdemont, del mismo modo que tras el 21-D recayó en el republicano Roger Torrent. Si se ponen de acuerdo en repetir esta fórmula, la dificultad puede estar en el nombre. Torrent ha tenido como vicepresidente a Josep Costa, un hombre de confianza de Puigdemont y también de Quim Torra. La relación de Torrent y Costa durante estos tres años solo puede calificarse de muy mala. Si Junts pretendiese que ahora Costa fuese el nuevo presidente del Parlament, sería una prueba de que la batalla entre ambas formaciones sigue siendo la de siempre. Lo que los republicanos descartan con contundencia es que la presidencia del Parlament recaiga en el PSC.
Habrá que negociar la presidencia del Parlament y también la composición de la mesa. Actualmente la vicepresidencia primera era la de Costa, la segunda la tenía Ciudadanos, Junts tenía la secretaría primera, el PSC la segunda, la tercera era para Ciudadanos y la cuarta fue para ERC. La fórmula de elección obliga a los grupos a actuar con una cierta generosidad y aritméticamente el PSC tiene la presencia asegurada.
Según la ley de la presidencia de la Generalitat, el Parlament tiene que constituirse en un plazo de 20 días hábiles tras las elecciones. De esta forma, la Cámara catalana tiene de límite el próximo 12 de marzo para echar a andar la XIII legislatura. Así que antes de que se constituya podrá ya vislumbrarse tanto la temperatura de las negociaciones entre ERC y Junts como las posibilidades de que fructifique un nuevo acuerdo de Govern entre ambos, con la CUP dentro o con su apoyo desde fuera.
Ni Laura Borràs ni la cabeza de lista de los anticapitalistas, Dolors Sabater, descartan gobernar con los republicanos. En Junts defienden que quien debe mover ficha es Aragonès y argumentan que el proyecto conjunto debe ser un acuerdo de legislatura que tenga en cuenta el “mandato electoral”, que para esta formación es el de dar pasos hacia la independencia porque esta opción ha obtenido el apoyo de más del 50% de los votantes. En el caso de la CUP, la última palabra no será la de la candidata puesto que esta es una decisión que debería ser adoptada en un consejo político (previo debate en las asambleas locales) o en una asamblea general extraordinaria. Los anticapitalistas han pasado de cuatro diputados a nueve y quieren hacerse valer.
El recurso de la Fiscalía contra el tercer grado de los presos, una decisión previsible pero que se ha dado a conocer justo el día después de las elecciones, puede complicar un poco más la negociación. En ERC reconocen que la entrada de Oriol Junqueras en campaña supuso un revulsivo que les ha ayudado a imponerse a Junts en las elecciones y la previsible retirada de su semilibertad no permitirá que pueda controlar de cerca las conversaciones. Lo mismo le pasará al secretario general de Junts, Jordi Sánchez, uno de los dirigentes que, a diferencia de otros integrantes de esta formación, sí tiene experiencia en negociaciones con otros partidos. La decisión de la Fiscalía ha sido interpretada por los partidos independentistas como un nuevo intento de frenarles por la vía judicial. “Esta es la respuesta del Estado vengativo a las urnas. Intentan derrotarnos por la vía de la represión y la persecución”, resumía Marta Vilalta.
El plan de Illa
Paralelamente, Salvador Illa mantiene que él se presentará a la investidura pese a que no dispone de los apoyos necesarios para lograrlo. Aritméticamente no tiene opciones, pero en el PSC explican que como ganador en votos y con los mismos escaños que ERC debe mantenerse en esta decisión para demostrar que su estrategia no es la de Inés Arrimadas en 2017. “No es ningún simbolismo ni un gesto vacío”, insiste el exministro. Además, algunos dirigentes consideran que hay que esperar a ver si ERC y Junts son capaces de ponerse de acuerdo o si las negociaciones acaban embarrancando.
Illa ha llamado este lunes por la tarde al resto de candidatos. A todos, menos al cabeza de lista de Vox. Según fuentes del PSC, se trató de una primera toma de contacto. El exministro se estrena en la Cámara catalana y pretende entrar con buen pie.
Una vez se haya constituido el Parlament, el presidente o presidenta deberá proponer a un candidato a la investidura en función del apoyo que obtenga del resto de grupos. Será entonces cuando se tome la decisión de si es Illa o Aragonès quien pide la confianza de la Cámara. No sería descartable que el debate de investidura se celebrase sin que el aspirante tuviese todos los apoyos cerrados.
Aunque era un supuesto distinto, el pasado mes de septiembre, cuando analizaron la situación que dejaba la inhabilitación de Quim Torra, los letrados de la Cámara catalana emitieron un informe en el que indicaron que el presidente del Parlament debe cumplir con dos objetivos: proponer un candidato a la presidencia de la Generalitat “susceptible” de obtener la investidura y “no alargar indefinidamente una eventual situación de bloqueo”. Ese podría ser ahora un argumento que se utilizase para rechazar la petición de Illa de presentarse a la investidura.