Mariano Rajoy, Isidre Fainé, Albert Rivera, Eduardo Torres-Dulce, Eugenio Pino, José Manuel Lara, Germà Gordó, Luis Bonet, Francesc Homs, Oriol Junqueras, Felip Puig, José Ángel Fuentes Gago, Miquel Iceta, Ramón Espadaler, Carme Forcadell… Los nombres de todas las personas que han tenido un peso relevante en la política catalana en los últimos años han acabado apareciendo, de una u otra forma, alrededor del affaire por la presunta conspiración entre el ministro Jorge Fernández Díaz y el director de la Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso.
La revelación de las conversaciones entre los dos hombres ha hecho explotar un escándalo de enormes dimensiones a pocos días de unas elecciones generales que, por sí mismas, tenían importantes elementos disruptivos. En Catalunya, el conocimiento de la guerra sucia de los poderes del Estado contra políticos independentistas ha puesto patas arriba la campaña, a diferentes niveles. Por un lado, ha descubierto el interés del Gobierno en que salieran a la luz casos de corrupción, sobredimensionados o directamente fabricados, contra personas de CDC, ERC y las entidades soberanistas, a la vez que ha puesto en evidencia que ERC es un partido sin mácula, según reconocen quienes más interesados estuvieron en encontrar alguna.
Por otro, ha dado a conocer el interés de buena parte de las élites políticas y económicas, no solo en desarticular el independentismo catalán, que en el momento de las grabaciones crecía sin vislumbrar techo, sino también en quitarse de en medio a quien consideraban su principal líder: Artur Mas. Para ello, De Alfonsó pensó en Germà Gordó, su interlocutor como conseller de Justicia y un hombre a quien en los últimos años se le ha considerado representante de la parte más moderada del partido respecto a la independencia, al tiempo que cercano al poder económico catalán.
Competición en los partidos
La caída del caso en medio de la campaña del 26J ha sido imposible de esquivar para las seis candidaturas que se disputan los 47 escaños catalanes. El martes por la tarde, cuando el diario Público sacó a la luz los primeros audios, las reacciones de los partidos comenzaron a caer con cuentagotas. “Hablar de grabaciones no es una cosa seria”, intentó zanjar el principal candidato implicado, el ministro y número uno por Barcelona, Jorge Fernández Díaz. Mientras, el candidato de ERC, Gabriel Rufian, lanzaba: “Fernández Díaz no puede acostarse esta noche siendo ministro del Interior”.
Media hora después llegó el mensaje de Xavier Domènech, quien aseguró sin cortapisas que Fernández Díaz es un “delincuente”. A partir de ahí, Francesc Homs, Albert Rivera, Pablo Iglesias o el propio Mariano Rajoy fueron completando la ronda de declaraciones en las horas posteriores. Especialmente esperadas fueron las reacciones de la candidata socialista, Meritxell Batet, quien reclamó la dimisión de tanto del ministro como del jefe de Antifrau: “Después de las conversaciones que hemos conocido, creo que tanto el uno como el otro deberían de presentar su dimisión y, si no, ser cesados de manera inmediata”.
A partir de entonces, En Comú Podem, ERC y CDC comenzaron una competición para tratar de capitalizar el escándalo en su favor, al entender los tres que las revelaciones confirmaban sus respectivas líneas de campaña.
Los dos partidos independentistas que se presentan a estas elecciones, ERC y CDC, convocaron ruedas de prensa el miércoles. Ambas intentaron lanzar respuestas contundentes en un caso en el que tenían todas las de ganar. También, mostrarse como los partidos más molestos para el establishment español. Los de Oriol Junqueras lo hicieron aduciendo que era un ataque a la democracia en conjunto y sacando pecho por que no hubieran encontrado nada contra ellos. CDC, por su parte, cuidó la puesta en escena en una rueda de prensa en la que comparecieron lo que Artur Mas llamó “las caras visibles de la persecución del Estado contra los independentistas”, es decir, la exvicepresidenta Joana Ortega, la exconsellera Irene Rigau i el exconseller i número uno al Congreso, Francesc Homs, y él mismo.
El escándalo tampoco pasó inadvertido en la casa de los ganadores de las últimas generales, En Comú Podem. “No queda otra que compararlo con el caso Watergate”, afirmó Domènech en el acto de cierre de campaña, en el que Iñigo Errejón reclamó el voto para “echar al ministro de las cloacas en que utiliza a la policía de todos para hostigar a otros partidos”. El mensaje en el que se ha centrado En Comú y Podemos durante la campaña ha sido “echar al PP”, una idea que continúa encajando como reacción a al “Watergate” de Fernández Díaz.
Rivera, Gordó y Alberto Fernández, salpicados
Cuando ya se daba por hecho que el escándalo no mancharía a nadie más allá de los dos protagonistas de las conversaciones, De Alfonso fue llamado al Parlament para dar explicaciones ante la comisión que tiene potestad para controlarlo. En su probable última comparecencia como director de Antifrau, De Alfonso encendió el ventilador y apuntó contra la mayoría de los grupos parlamentarios y el Govern, con quienes aseguró haber mantenido reuniones de similar naturaliza a las reveladas.
Con especial énfasis señaló a Albert Rivera, actual candidato a la presidencia de Ciudadanos y exdiputado catalán. De Alfonso aseguró haber recibido una visita de Rivera en la que este le había trasladado su apoyo mientras le había reclamado que le “diese alguna cosa”. Sugería de forma explícita que el candidato de Ciudadanos le pidió información sobre sus investigaciones para poder utilizarla contra sus oponentes. El partido naranja respondió con un escueto comunicado en el que evitaban desmentir de frente las palabras del jefe de Antifrau y se limitaban a asegurar que la reunión se había producido “para reclamarle actuar de forma independiente”.
En el caso de Germà Gordó, la polémica saltó cuando se conoció una conversación en la que De Alfonso explicaba a Fernández Díaz las conversaciones que había mantenido con él, a quien había tanteado como sustituto de Mas y hombre útil para llevar a Convergència a posiciones no independentistas. Gordó, exconseller de Justicia y uno de los líderes de una de las familias políticas que compiten en el seno de Convergència por el liderazgo en el congreso de refundación de la formación, lanzó un comunicado al poco de publicarse la información, en el que aseguraba: “Nunca he participado en ninguna confabulación , con nadie , para descabalgar al Presidente Mas, al contrario, siempre le he sido totalmente leal”.
En el partido confían en él, según ha mostrado el número uno de CDC al Congreso, Francesc Homs, quien el viernes aseguró fiarse de las palabras del exconseller. “Me fío de sus palabras, de lo que no me fío es de lo que puedan decir De Alfonso y Fernández Díaz”, aseguró Homs. Sin embargo, el camino de Gordó a la secretaria general de Convergència, que hace unas semanas se daba por hecha, está ahora en duda.
El último de los políticos tocados colateralmente por el escándalo es Alberto Fernández Díaz, hermano del ministro y presidente del grupo del PP en el ayuntamiento de Barcelona. Este viernes se hizo pública una grabación en la que De Alfonso asegura haber pasado información también al portavoz municipal, ampliando el cerco de sus actividades, que ya no serían solo informar y maniobrar con el Ministerio, sino también con otros estamentos del PP.