23 de julio de 2009. Los Mossos d'Esquadra registran durante nueve horas el Palau de la Música y salen con 13 cajas llenas de documentación y material informático. Era el principio del fin del cortijo para uso y disfrute personal en el que Fèlix Millet y Jordi Montull habían convertido el Palau de la Música. La instrucción del caso concluyó que del Palau de Millet también se habría beneficiado Convergència. La institución cultural sería la tapadera a través de la que se habrían desviado hacia el partido más de seis millones de Ferrovial a cambio de adjudicaciones de obras públicas. Siete años después, el caso sigue a la espera de juicio. Además, le sobrevuelan varias incógnitas sin resolver: ¿Dónde está el dinero saqueado? ¿Qué cargos políticos de Convergència ordenaron la trama? ¿Qué relación tuvieron Millet y José María Aznar?
“Veremos el juicio, como pronto en 2017”, afirma en conversación con este diario Àlex Solà, el abogado que representa a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), la acusación particular del caso. La instrucción judicial, que ha pasado por cuatro magistrados, lleva terminada desde 2013. Rechazados todos los recursos para archivar el caso, falta que la Audiencia de Barcelona fije día y hora del juicio. Millet y Montull, dos figuras de postín de la burguesía catalana, no estarán solos: 16 personas, más Convergència como partido a título lucrativo, tendrán que sentarse en el banquillo.
Si el Palau ha sobrevivido a Millet es en buena medida gracias a Joan Llinares, que se puso al frente de la institución el 29 de julio de 2009. Como director general, llevó a cabo las auditorías que permitieron sacar a la luz el vínculo entre el Palau, Ferrovial y Convergència. “No nos podíamos ni imaginar lo que terminó apareciendo”, reconoce siete años después a preguntas de este diario.
Llinares y los autos judiciales coinciden en que el modelo de gobernanza del Palau permitió a Millet tomar el control y saquear la institución, tal y como él mismo reconoció en una carta al juez. Pese a que contaba con participación de las administraciones públicas, los controles sobre la gestión de Millet “no existían o eran puramente formales”, destaca Llinares. “Millet obraba con total impunidad”, añade.
La impunidad dura hasta 2016: a día de hoy todavía no se sabe dónde están 9,6 millones de euros que se sacaron de las cuentas del Palau a través de cheques cobrados por ventanilla en los bancos.
Las dos patas del caso Palau
El juicio más esperado de Catalunya versa sobre dos asuntos: el primero, el enriquecimiento personal ilícito de Millet y Montull, que cargaban al Palau todo tipo de gastos (viajes, obras en sus casas, bodas de sus hijas) o, directamente, se llevaban el dinero de la institución a sus bolsillos. En 2009, Millet confesó haberse apropiado de 3,3 millones. Pero no sólo pagaba el Palau: Millet hizo que sus consuegros le abonaran el 50% del gasto de la boda de su hija. Una jugada redonda.
Con todo, esa impunidad no habría sido posible sin la otra pata del Caso Palau, la financiación irregular de Convergència. “Al final la financiación política explicaba muchas cosas que al principio parecían inexplicables. Cuando lo vi entendí los convenios del Palau con la fundación de Convergència”, rememora Llinares.
“Una parte de los recursos que se apropiaban se destinaban a la financiación política”, explica Llinares. Las piezas empezaban a encajar y se podía empezar a deducir por qué en los años de Millet al frente del Palau nunca saltaron las alarmas.
En concreto, según el juez instructor, el Palau sirvió de tapadera para camuflar hasta 6,6 millones que Ferrovial abonó a Convergència en concepto de comisiones a cambio de obras públicas. Del 4% que pagaba Ferrovial, Millet y Montull se quedaban el 1,5%, que luego se repartían 80-20. El 2,5% restante, siempre según el juez instructor, iba para Convergència. Entre las obras bajo sospecha, la Línea 9 del Metro y la Ciudad de la Justicia.
Las 400 personas y las vacaciones en Menorca
Millet no gestionaba el Palau por casualidad, sino porque forma parte de una de las llamadas “400 personas” de Catalunya que ostentan el poder. Millet es hijo de Fèlix Millet i Maristany, uno de los fundadores de Òmnium Cultural y de Banca Catalana, a su vez sobrino del cofundador del Orfeó Català, Lluís Millet.
“Hay unas 400 personas, no tiene que haber muchas más, que nos encontramos en todas partes. Nos encontramos aquí, nos encontramos en el Liceu, hay un núcleo familiar, la misma empresa familiar, nos vemos coincidiendo en muchas cosas, siendo o no siendo parientes”, relataba el propio Millet en 2001 a Andreu Farràs, autor de uno de los libros imprescindibles para conocer el quién es quién del poder catalán, L’oasi català (Planeta, 2001).
Como relataba Millet, los 400 coincidían –y todavía lo hacen– en todas partes: desde la escuela hasta los lugares de ocio y veraneo, pasando por los consejos de administración o los patronatos de fundaciones. Desde su cargo plenipotenciario en el Palau, Millet pasó por la Caixa, el Barça o Agrupació Mútua.
Las relaciones sociales no se interrumpían durante las vacaciones. Por la casa de Millet de Fornells (Menorca), que cuenta con unas privilegiadas vistas a la bahía, pasaron políticos y empresarios de todo tipo. Durante los primeros años de década de los 2000, la casa acogió cenas con Artur Mas y el por entonces presidente del Gobierno, José María Aznar.
El abogado y exconseller de la Generalitat, Francesc Sanuy, describió cómo a principios de siglo vio una cena en la terraza de la casa de Millet –que se puede ver desde la calle– entre Aznar, el propio Millet y el arquitecto Tusquets. “Allí, en Menorca, nació la vicepresidencia de FAES Catalunya para el líder del Orfeó Català”, zanjó Sanuy, refiriéndose a que Millet, posteriormente, fue patrón del Institut Catalunya Futur, la filial de FAES en la comunidad. En Barcelona siempre se ha rumoreado que Millet fue el guía de Aznar entre la clase alta catalana, los 400 de siempre.
Hilos sin resolver
Precisamente uno de los hilos de los que no se ha tirado durante la instrucción del caso es la relación entre el expresidente del Gobierno, José María Aznar, y Félix Millet. En concreto, entre el Institut Catalunya Futur, la filial de la fundación FAES en Catalunya, y el Palau de la Música.
La FAVB pidió al juez que investigase si la FAES catalana recibió parte de la subvención adjudicada al Palau de la Música en el año 2003 para las reformas del orfeón que nunca se llevaron a cabo. La diferencia entre el coste de real de las obras y las subvenciones proporcionadas por el Ministerio de Cultura del Gobierno del PP de la época fue de cerca de dos millones de euros. El juez desestimó la petición.
Tampoco se conoce qué lideres de Convergència orquestaron la trama de financiación irregular por la que el partido puede ser condenado a título lucrativo.
Pese a sentar en el banquillo al extesorero del partido, Daniel Osácar, el juez instructor concluyó que el triángulo Ferrovial-Palau-Convergència no habría sido posible sin “la intervención de otros altos cargos del partido que ejercieron el necesario ascendiente sobre los cargos públicos de la Generalitat y otros organismos públicos locales vinculados al partido y que tenían la facultad de decidir las adjudicaciones de obra pública”. No obstante, acto seguido añadía: “La identidad y concreta intervención de estos otros responsables del partido no ha podido ser desvelada en el curso de la instrucción”.
De esta forma, no han sido ni siquiera investigados durante los años de instrucción los responsables de la financiación de CDC de principios de la década del 2000: el exconseller Felip Puig, que hasta 2003 era al mismo tiempo secretario de organización de Convergència y consejero de Obras Públicas; y el actual diputado de JxSí, Germà Gordó, por aquel entonces gerente del partido.