La recusación del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena no es la única que han planteado exaltos cargos de la Generalitat este martes. La defensa de cuatro investigados por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona por los preparativos del 1-O ha pedido apartar de la causa a la secretaria del juzgado por la información en sus redes sociales de “alto contenido ideológico patriótico españolista”, que a su juicio pone de manifiesto la “falta de independencia e imparcialidad” de la funcionaria para seguir en el caso.
En un escrito, al que ha tenido acceso este diario, la defensa enumera los grupos en las redes sociales de los que formaría parte la funcionaria “con una clara línea contra el independentismo y el nacionalismo catalán”: Unidad Nacional Española y Leridanos contra la independencia. Este hecho, abunda la defensa, “pone en evidencia que la imparcialidad de la letrada de la administración de justicia ha quedado afectada”.
Entre las publicaciones de la página Unidad Nacional Española, destacaban el apoyo a la retirada de cruces amarillas de las playas y varios mensajes nacionalistas. “Con dos gotas de sangre y un rayo de sol, hizo Dios una bandera y la dio a un español”, fue una de las publicaciones, informó el diario Público. La Fiscalía deberá ahora pronunciarse sobre si apoya o no la recusación de la secretaria judicial, sobre la que deberá decidir en última instancia la Audiencia de Barcelona.
Los contenidos de ambas páginas, a criterio de la defensa, muestran el “interés directo o indirecto” que la secretaria del juzgado tiene en una causa en la que se investigan los preparativos del 1-O, uno de los motivos amparados por la legislación para plantear una recusación tanto de un magistrado como de un secretario judicial (letrado de la administración de justicia, según la denominación oficial).
“Los funcionarios tienen derecho a expresar sus ideas u opiniones, pero el ejercicio de este derecho tiene como límite la afectación a la imparcialidad del letrado de la administración de justicia”, sostiene el escrito presentado por el abogado Ramon Setó.
La secretaria judicial estuvo presente en la conselleria de Economía el pasado 20 de septiembre, jornada en que, por orden del juez Ramírez Sunyer, la Guardia Civil llevó a cabo una oleada de registros para impedir el 1-O. Al igual que toda la comitiva judicial, la secretaria no pudo salir de la sede de la conselleria debido a la manifestación convocada por Òmnium y la ANC, y que se alargó hasta la madrugada.
La funcionaria aseguró en un escrito que “jamás” había sentido “mayor vergüenza y humillación” que el 20 de septiembre, cuando tuvo que “escapar cual delincuente” trepando por la azotea, ante su “absoluto abandono”. “Pongo de manifiesto la sensación de absoluto abandono que padecí y el terror de ver aquella cantidad de gente enardecida y fuera de control”, afirmó. Se ratificó en esta declaración ante la Audiencia Nacional, donde compareció como testigo en la causa por sedición.
Las defensas de los exconsellers solicitaron que declarara, también como testigo, ante el juez Llarena en la causa del Supremo. Sin embargo, su comparecencia no llegó a celebrarse, pues el magistrado, a última hora, aceptó que la secretaria declarara como testigo protegida, algo a lo que se opusieron las defensas. El juez Llarena se solidarizó con el acoso sufrido por la funcionaria, y zanjó: “Me miran siete veces en cada esquina”.
El incidente de recusación de la funcionaria se suma a los intentos de las defensas de la treintena de exaltos cargos investigados en el juzgado de instrucción 13 para apartar al juez Juan Antonio Ramírez Sunyer y su sustituto, Jaime Conejo, también por sus publicaciones en redes sociales contra el movimiento secesionista. Si bien en el caso de Conejo la Audiencia de Barcelona no se ha pronunciado, los magistrados rechazaron recusar a Ramírez Sunyer y multaron a los dos investigados por haberla planteado con “mala fe”.